Han pasado seis meses desde que el pasado 20 de abril (20A) más de 200.000 personas salieran a las calles en las ocho islas de Canarias y en ciudades de la Península y el extranjero para protestar contra el modelo de desarrollo del archipiélago, basado desde hace décadas en el impulso al turismo masivo y que está dejando desde hace meses cifras récords de llegadas de visitantes, vuelos e ingresos en hoteles y apartamentos. Estas protestas alcanzaron gran repercusión informativa, no solo nacional, sino también internacional, y prendieron la mecha de protestas en otros territorios, como Baleares, Málaga, Cantabria, Barcelona y Sevilla. En este período, pese al contundente respaldo que obtuvo el 20A, no se ha dado ningún paso por parte de la industria o las administraciones que responda a las reivindicaciones de este movimiento social. Es por ello que se han vuelto a convocar marchas en varias islas. Es el 20-O, que tendrá lugar este fin de semana, esta vez, en zonas turísticas.
Los organizadores consideran que no solo no se ha avanzado hacia la solución de los problemas y la limitación de la industria, sino que se está permitiendo que esta siga creciendo, con la autorización de nuevos hoteles, más viviendas vacacionales e incentivando la llegada de más visitantes. Tampoco se ha adoptado ninguna medida encaminada a la protección del territorio, ni se han mejorado las condiciones de las trabajadoras de las camareras de piso, ni se ha obligado al sector a repartir beneficios, y el Gobierno, de Coalición Canaria y el PP, sigue negándose con argumentos ya superados en otros territorios turísticos a imponer una ecotasa o una moratoria turística.
El turismo, que según las previsiones cerrará el año con 18 millones de turistas en Canarias, sostiene al 25% de la actividad empresarial en el territorio, más del 35% de la riqueza (PIB) en las islas y el 40% del empleo directo, según la patronal hotelera de Tenerife. Sin embargo, cuando se constata que una vez más Canarias tiene los segundos salarios más bajos del país, la industria turística vuelve a afirmar que sus convenios están por encima de la media del sector.
Las tasas de pobreza en las islas tampoco son responsabilidad de que la economía canaria esté basada en el sector servicios, el que ostenta las remuneraciones más bajas y el menor coste por empleado. Y mientras, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, afirma que si no es del turismo, de qué va a vivir Canarias. “¿A qué cambiamos? Canarias no puede vivir si no es del turismo”, señaló este mismo miércoles en un desayuno informativo organizado por el periódico Canarias7.
Los organizadores del 20A y del 20-O lo han dejado claro desde las primeras convocatorias: no es contra el turismo como industria o actividad, es contra un modelo de desarrollo que no para de crecer a costa de consumir territorio y recursos y que ya choca directamente con el modo de vida de los residentes. La solución, para los convocantes, pasa por poner límites: a las llegadas, al número de hoteles, al número de cruceros, al número de residentes extranjeros, a la compra de viviendas por parte de extranjeros, al número de campos de golf, al uso del agua, a los vehículos de alquiler, a los aviones, a los visitantes a entornos protegidos, etc. etc..
La llegada de 18 millones de personas a las Islas, un territorio frágil y fragmentado, con escasez de recursos como el agua y problemas de gestión de residuos, aguas y generación de energías, es de por sí un problema que genera cada vez más malestar entre los residentes, que se sienten expulsados de su tierra, según señala la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, una de las convocantes del 20-O.
El turismo masivo y la falta de control y vigilancia está poniendo en riesgo los enclaves naturales de las Islas como las Cañadas del Teide, Timanfaya, Anaga o la Caldera de Taburiente, pero también la convivencia en lugares como Boca Cangrejo, Masca o La Graciosa, donde los vecinos han protagonizado protestas contra la invasión turística.
No mejora, empeora
Pese a esta realidad, las administraciones canarias han avanzado en los últimos meses hacia la ampliación de las plazas turísticas en las Islas. El borrador de la ley de alquiler vacacional del Gobierno regional supuso una avalancha de nuevas licencias de alquiler turístico, con lo que estas plazas han incrementado hasta suponer ya más que las hoteleras. Además, se han reactivado proyectos hoteleros con irregularidades como el hotel en La Tejita o Cuna del Alma, ambos en Tenerife. Y el Cabildo de esa isla, gobernado por CC y el PP, ha dado luz verde a un nuevo parque temático en el sur de la isla, esta vez, con instalaciones tanto en tierra como en el mar, pese a situarse en la Zona de Especial Conservación Marina Teno-Rasca.
También han proseguido las campañas de cabildos, ayuntamientos y Turismo de Canarias, pagadas con dinero público, para abrir nuevos mercados turísticos, nuevas rutas aéreas y atraer más visitantes a las Islas, como si el 20A no hubiese existido.
Pero el Gobierno canario sigue descartando rotundamente la aplicación de una tasa por pernoctación a los extranjeros, algo que se aplica en innumerables destinos turísticos por todo el mundo y cuya recaudación puede destinarse a diferentes fines, como acciones para minimizar el impacto de los propios visitantes (residuos, aguas, carreteras, etc.) o recuperar entornos naturales amenazados por las visitas, por citar dos ejemplos. Además, una encuesta de Instituto Canario de Estadística realizada en agosto desveló que la mayoría de los turistas estaría dispuesta a pagar una tasa y que no dejaría de viajar a las islas si se le cobrase.
Pese a la falta de agua y a la restricción a su consumo en municipios de todo el archipiélago, ninguna medida de ahorro se ha aplicado al sector turístico; al contrario, se ha autorizado un nuevo campo de golf en Adeje, Tenerife, con un consumo de agua equivalente al de 16.400 personas. La isla se encuentra en plena emergencia hídrica desde mayo.
Tampoco se han atendido las reivindicaciones de parte del sector hotelero, las trabajadoras denominadas kellys (las que limpian). Una de sus históricas peticiones, que supone una mejora para sus condiciones laborales y que afecta a su salud, es que se sustituyan las camas de los hoteles por camas elevables. Pero los partidos que sustentan al Gobierno canario en el Parlamento regional (PP, CC, AHI y ASG) votaron en contra de implantar esta medida en el sector, como sí se hace por ejemplo en Baleares. El argumento, que se incrementa el gasto. No obstante, son precisamente los establecimientos turísticos quienes copan las subvenciones del Ejecutivo, que tiene una línea de ayudas para 2024 en la que se recogía precisamente la adquisición de camas elevables, entre otros elementos. Algo que, de momento, se niega a tramitar por Ley.
El Gobierno canario dijo haber escuchado a la ciudadanía tras el 20A, pero desde entonces la situación migratoria es la que ocupa su agenda. Ninguna de las reivindicaciones del 20A ha sido atendida y las mesas de expertos creadas por el Ejecutivo para analizar la situación y proponer medidas han sido tachadas por los organizadores de las protestas como “opacas”, en las que un pequeño grupo toma decisiones “a espaldas del pueblo” como antaño hacían “los caciques”.
La situación, por tanto, no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado, según los convocantes de las manifestaciones, porque llegan más turistas y la previsión es que lleguen aún más, mientras sigue dándose luz verde a más hoteles e infraestructuras turísticas mientras no se soluciona el colapso de las infraestructuras sociales canarias, que tiene escasez de médicos, profesores, hospitales, centros de salud, viviendas y hasta juzgados, y donde se sustituye el agua de manantial, casi agotada, por agua de desaladora, más cara y contaminante.
Canarias vive un “colapso social y medioambiental”, dicen los convocantes, frente al que los dirigentes públicos “no tienen respuesta ni buscan soluciones y agravan aún más negándose sistemáticamente a llevar a cabo cualquier medida que sirva para controlar una problemática que hace años pasó los límites”.
Tan sencillo como eso: poner límites.