Acelerón del alquiler vacacional en Canarias. En el último mes, después de que el Gobierno de las Islas, conformado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), presentara el anteproyecto de la futura ley para regular la actividad de los pisos turísticos en el Archipiélago, el número de inscripciones diarias de viviendas vacacionales en la Comunidad Autónoma ha registrado un promedio de 70 inscripciones por jornada, un 39,38% más del que se venía contabilizando hasta entonces.
Entre junio de 2023 y el 17 abril de 2024, Canarias sumó 15.319 alquileres turísticos, lo que hace una media de 50,22 nuevas licencias al día. Entre el 5 de abril y el 2 de mayo de este año, no obstante, anotó 1.890, elevando la ratio diaria a 70. En total, el Archipiélago cuenta actualmente con 56.173 viviendas de uso turístico, el equivalente a 400 hoteles con 500 plazas de alojamiento cada uno. Nueva Canarias ha pedido una moratoria hasta que se apruebe la nueva ley, prevista para finales de este año en el mejor de los casos.
“Corremos el riesgo de que, para cuando tengamos regulación, quizá no haga falta ley”, alertó el diputado de Nueva Canarias Luis Campos. “Urge que el Gobierno, como le hemos propuesto y ha rechazado en reiteradas ocasiones en el Parlamento, apruebe un decreto ley para suspender ya la concesión de nuevas autorizaciones”, declaró Campos.
El director general de Ordenación Turística del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Rodríguez, reconoció esta misma semana que debería estudiarse una moratoria ante el crecimiento “desmesurado” de la oferta, según recoge el periódico digital Lancelot. Rodríguez mencionó el reciente informe titulado Distribución y concentración del alojamiento turístico en Canarias en 2024, elaborado por las dos universidades públicas de las Islas (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Universidad de La Laguna), que destaca que en junio de 2023 había 39.810 viviendas vacacionales y, diez meses después, ese valor ascendió a las 55.129.
“A día de hoy, con ese crecimiento del 38,5%, la toma de decisiones es imprescindible. ¿Cuál será el resultado? No lo sé. Hay que ponderar diferentes factores. Pero (…) esto exige decisiones”, dijo el director general en el citado medio. “Es habitual cuando se modifica el nuevo marco jurídico, la suspensión de licencias. El objetivo de esa moratoria sería evitar que se consoliden situaciones que harían inútil el esfuerzo que se persigue con la Ley”.
Por su parte, la alcaldesa de Candelaria (Tenerife) y presidenta de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), María Concepción Brito, dijo que las solicitudes para declarar nuevas viviendas vacacionales han aumentado “de manera considerable” tras el anuncio de la futura normativa. “Entendemos que hay que contener ese auge (…) de una actividad que no tiene ningún tipo de regulación y que está cambiando de manera unilateral por parte de los propietarios el uso residencial por el uso turístico” en plena emergencia habitacional, recalcó la regidora en la emisora El Espejo canario.
Los convocantes de las manifestaciones celebradas en Canarias el pasado 20 de abril contra la masificación turística también exigieron una moratoria hotelera y vacacional “total”.
El boom de nuevas licencias no ha sorprendido a Agustín Cocola-Gant, investigador en el Instituto de Geografía y Ordenamiento de la Universidad de Lisboa (IGOT). En Portugal, recuerda el experto, el Gobierno nacional aprobó en verano de 2023 una ley que prohíbe el crecimiento de los pisos turísticos e impone un tributo extraordinario a los propietarios. Pero es que antes ya había aplicado moratorias transitorias en zonas tensionadas y el Tribunal Supremo había dictado una sentencia disuasoria que permitía vetar viviendas vacacionales en edificios residenciales.
La ausencia de medidas en las Islas en este sentido permitiría seguir aumentando el número de pisos de uso turístico en el Archipiélago hasta la aprobación definitiva de la ley. Después, todas esas viviendas tendrán cinco años para adaptarse a un nuevo reglamento con diversos requisitos, como disponer de una toma de corriente homologada para recargar vehículos libres de emisiones o contar con un sistema de generación de agua caliente sanitaria mediante instalaciones renovables. En caso de cumplirlas, tendrán un lustro más. Es decir, el mercado actual podría estar una década en regla desde 2025, con todo lo que ello supone.