El gobierno de Mogán pretende que la patronal hotelera pague por la suspensión de la tasa turística

El Ayuntamiento de Mogán remitió a primera hora de este miércoles un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para solicitar la retirada de la medida cautelar que paralizó la tasa turística en el municipio apenas 24 horas después de su entrada en vigor. 

El gobierno encabezado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán-Coalición Canaria) ha pedido, además, que se imponga una fianza a la Federación de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, la recurrente en este caso, para cubrir los fondos que se dejarían de recaudar este año si se mantiene esa suspensión y finalmente la ordenanza recibe el aval judicial. Y ello pese a que esos ingresos no están contemplados en los presupuestos municipales. 

El Ayuntamiento de Mogán no cuantifica en su escrito esa fianza, pero según ha asegurado este mismo miércoles la alcaldesa, Onalia Bueno, la cifra rondaría los 1,2 millones de euros.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC acordó el pasado miércoles la suspensión “inaudita parte” (sin oír a la otra parte, al Ayuntamiento de Mogán) de la tasa turística. Lo hizo al estimar un recurso presentado por la patronal hotelera, que sostiene que el gobierno local ha incurrido en “innumerables irregularidades” que, en su opinión, deberían llevar en último término a declarar “la nulidad radical” de la ordenanza que lo regula. La tasa (de 0,15 euros por persona y noche) había entrado en vigor el martes, un día antes. 

El alto tribunal canario accedió a las pretensiones de los empresarios con respecto a esa medida cautelar (la suspensión provisional de la tasa mientras se resuelve la cuestión de fondo) al entender que concurrían las circunstancias de “especial urgencia” para paralizarla. 

Aunque esa suspensión era de aplicación inmediata, el auto del TSJC daba un plazo a la administración para presentar alegaciones. El Ayuntamiento de Mogán ha expresado su oposición a esa resolución judicial a través de un escrito de 27 páginas firmado a las siete y media de la mañana de este miércoles, un día antes de que finalizara el plazo concedido por el tribunal. 

Urgencia y dificultades técnicas

En ese escrito, el Ayuntamiento sureño niega las razones de “especial urgencia” alegadas por la patronal hotelera a la hora de solicitar la medida cautelar. La FEHT aludía a cuestiones prácticas, a la dificultad que entrañaba para los establecimientos realizar el cobro de ese tributo debido a que el Consistorio no dispone aún de “los mecanismos administrativos necesarios” para la aplicación de la tasa. 

Frente a este argumento, la administración sostiene que el “modelo normalizado” para el cobro de la tasa estará disponible en el portal municipal “antes del primer periodo de declaración de la liquidación”. Es decir, antes del 1 de abril de 2025. En caso de que no sea así, “se podrán hacer valer las reclamaciones oportunas”, afirma. 

En declaraciones difundidas por la televisión municipal, la alcaldesa, Onalia Bueno, ha cuestionado a la patronal turística que alegue dificultades técnicas para la aplicación de la tasa cuando “muchos de los asociados tienen hoteles en Baleares y Catalunya, donde lleva implantada la tasa (en realidad, impuesto) desde hace años”. 

El Ayuntamiento recalca, además, que la Ley General Tributaria garantiza el derecho a la devolución de los ingresos indebidos en caso de que la tasa sea finalmente anulada. “Los empresarios saben que las administraciones hacemos devoluciones prácticamente cada día. Nos parece de chiste que digan cómo se va a devolver”, ha señalado Bueno.

Tampoco comparte el gobierno moganero la tesis empresarial de que esta tasa penaliza o dificulta la actividad turística en este municipio, al entender que se basa en “teorías económicas sin pruebas concretas de un riesgo significativo para la competitividad y estabilidad financiera de las empresas”.

Tasa o impuesto

El Ayuntamiento defiende la “autonomía municipal” para implantar la tasa y niega que produzca una inseguridad jurídica. El gobierno explica que el obligado tributario (el que paga) es la persona que pernocta en un alojamiento turístico del municipio, que el sujeto pasivo (el responsable del cumplimiento) es el propietario del establecimiento y que la finalidad del tributo es “cubrir los costes de los servicios y actividades derivados de la acción turística y la obligación de sostenibilidad”.

Tanto la patronal hotelera de Las Palmas como el resto de entidades que presentaron alegaciones contra la ordenanza de Mogán sostienen que la tasa aprobada (y ahora suspendida) enmascara un impuesto, un tipo de tributo que no puede implantar una administración local.

A diferencia del impuesto, la tasa se paga por un servicio concreto que presta la administración y que beneficia “de forma particular” al obligado tributario. En este caso, al turista que pernocta en Mogán. Las alegaciones contra la tasa ponían de manifiesto que ese servicio no estaba definido y que el Ayuntamiento tan sólo incorporaba unas definiciones “vagas, abstractas y genéricas” sobre el hecho imponible.

En su respuesta, el Ayuntamiento indica que esaos servicios están vinculados con la economía circular, el ciclo integral del agua, la promoción e información turística y la sostenibilidad, promoción de la actividad cultural e histórico-artístico y del sector primario.

También rechaza el gobierno de Bueno en estas alegaciones que se produzca una duplicidad de cargas, pese a que los habitantes de Mogán ya pagan, por ejemplo, una tasa por el abastecimiento de agua. El Ayuntamiento sostiene que la administración tiene que soportar costes que “son provocados en gran medida por la acción turística” y que ello justifica la imposición de esta tasa.

Para el gobierno moganero, hay un hecho “irrefutable”: “Los 21.175 residentes del municipio de Mogán no pueden soportar los costes originados por 48.215 habitantes, contando con la población vinculada no residente (5.465) y la población turística (21.575)”.

“Cabe desmentir que sea el residente en el municipio de Mogán y no el turista en sí mismo quien recibe el beneficio individualizado, sin perjuicio de que el motivo por el que se pretende el establecimiento de esta tasa no es el beneficio en sí mismo, sino el referimiento a la necesidad de realizar las actividades o prestar los servicios en mayor medida” debido a esa proporción entre la población residente y los turistas, añade.

En definitiva, el Ayuntamiento defiende que la aplicación de la tasa es sencilla, que no requiere un esfuerzo desmedido ni “tareas de información y documentación de difícil cumplimiento”, como sostienen los empresarios. Se limita, dice, a recabar el número de pernoctaciones y aplicar “una cuota fija” (de 0.15 euros por persona y noche) con liquidaciones semestrales.

“Lo hemos defendido con uñas y dientes y lo seguiremos peleando hasta el final, porque es algo justo para el municipio de Mogán y también para Canarias”, ha concluido Onalia Bueno, quien ha lamentado la “falta de consideración” de los empresarios al presentar su recurso.