La patronal del alquiler vacacional asegura que el Gobierno canario ha iniciado una “purga” y “exterminio” del sector

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha denunciado este lunes que ha comenzado la “purga” de este tipo de actividad y ha acusado a la Consejería de Turismo de la comunidad autónoma de haber iniciado el “exterminio” de la misma.

En un comunicado, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional Ascav niega “tajantemente” que la Consejería de Turismo vaya a mantener “el statu quo de los pequeños propietarios de viviendas vacacionales del archipiélago”, pues ha asegurado que se ha tejido un “entramado en la norma que excluirá a la mayor parte de pequeños propietarios del archipiélago”.

Ascav ha explicado que, según la nueva normativa y las modificaciones anunciadas la semana pasada, “solo los propietarios que además sean explotadores de sus inmuebles podrán optar a una consolidación, que como veremos, no es tal, cuando el propio Gobierno de Canarias es conocedor de que la mayor parte de los propietarios ceden sus viviendas a empresas gestoras especializadas y todos ellos quedarán fuera”.

Pregunta esta asociación por qué el Gobierno de Canarias “quiere erradicar a aquellos pequeños propietarios que han decidido ceder la gestión de su inmueble a un tercero”.

También ha apuntado que “no se trata de una consolidación de uso propiamente dicha. Por tanto, son inciertas las palabras de la señora consejera (Jessica de León) que, meses atrás había dicho: 'los que están, se quedan'”.

Según Ascav, los propietarios que a su vez sean explotadores de su propia vivienda tendrán que pasar “un nuevo examen aportando más documentación y sometiéndose a un control por parte del Ayuntamiento y del Cabildo, que deberán dar el sí vinculante. No se trata de consolidación alguna, sino de una nueva auténtica licencia que deberán obtener”.

Señala asimismo que, a partir de la nueva normativa “todos los propietarios de apartamentos, bungalós y similares (casi un 60 % de las viviendas vacacionales actuales) quedarán automáticamente expulsadas del alquiler vacacional”. “Si este es tu caso, puedes ir colgando el cartel de cerrado”, advierte.

En cuarto lugar dice que, “aún consiguiendo la consolidación, no podrán traspasar su vivienda vacacional ni siquiera a sus hijos o descendientes en caso de fallecimiento, los cuales perderán el uso turístico automáticamente”, algo que considera “una auténtica expropiación del título habilitante de la vivienda vacacional”.

Ascav ha subrayado que para llevar a cabo este “exterminio”, que la asociación fija en el 90 % de las viviendas vacacionales existentes, “la Consejería de Turismo del PP ha establecido que ayuntamientos y cabildos disponen de ocho y seis meses, respectivamente, para examinar todas las declaraciones responsables de las viviendas radicadas en sus términos territoriales, para ir eliminándolas inexorablemente por la imposibilidad de obtener la actividad clasificada como vivienda vacacional”.

Ha añadido que “para más inri, ese gasto será sufragado por los mismos propietarios mediante el pago de una tasa. La Administración podrá concertar acuerdos con los registradores de la propiedad para que actúen como colaboradores en esa gestión”.

Ha apuntado que la “jugada de la Consejería de Turismo ha sido maestra: desde octubre de 2023 han creado un auténtico efecto llamada, como incluso ha reconocido el Consejo Económico y Social en su informe sobre el Anteproyecto, para justificar una norma tan restrictiva”.

En octubre de 2023, cuando la Consejería anunció la norma, tras ocho años de vigencia del reglamento de viviendas vacacionales, se habían dado de alta en Canarias algo más de 40.000 viviendas vacacionales, continúa Ascav.

Y concluye que desde octubre, pasados 10 meses desde el anuncio del nuevo texto, se han dado de alta más de 20.000, por lo que pregunta si “todavía alguien duda que la Consejería es la responsable del incremento, y si alguien con dos dedos de frente aún duda que a la Consejería le interesa este brutal aumento por ellos fomentado para disponer de una razón de peso que justifique su atropello para con las viviendas vacacionales de Canarias”.

Para finalizar, Ascav opina que es “rotundamente incierto que se haya flexibilizado el texto”. “Sólo un ejemplo”, añade,“ los que pierdan su declaración responsable de vivienda vacacional quedarán excluidos automáticamente durante tres años, en los que no podrán ganarse la vida”.

Pregunta si la consejera de Turismo “quiere que le demos las gracias por prohibirnos ganarnos la vida durante ese tiempo por haberlo bajado de diez a tres”, y hace un llamamiento a los propietarios de viviendas vacacionales para que se informen estudiando el texto definitivo y confirmen por sí mismos la “tropelía que desde el Gobierno de Canarias se va a ejecutar en su contra para, una vez más, dejar el turismo en manos de los de siempre”.