Las patronales turísticas de Canarias urgen el traspaso de Costas al Gobierno regional

Las patronales turísticas canarias (Ashotel, FEHT, Asofuer y FTL) exigen al Gobierno de Canarias que culmine el proceso o use medios propios para ejercer de forma inmediata las competencias transferidas por el Estado en materia de Costas y gestión de su litoral.

Estas competencias están contempladas en el Estatuto de Autonomía desde su última reforma, aprobada en las Cortes Generales en noviembre de 2018, y las patronales consideran que este es un ejercicio que “no se puede demorar más” y confían en que las fechas electorales “no influyan en este asunto tan importante para las islas y para el principal motor de la economía canaria”.

Los empresarios del sector turístico demandan desde hace años a las administraciones competentes, tanto al Ejecutivo autonómico como al estatal, que “asuman su responsabilidad y no dejen a medias un trámite burocrático fundamental para muchos proyectos de interés turístico y general, sin perder de vista que ambos gobiernos, además, son del mismo partido político”, señalan en un comunicado conjunto.

Las patronales no entienden que Canarias no quiera desempeñar estas competencias que ya tiene cedidas, a pesar de que lo deba hacer inicialmente con sus propios medios, “y si es necesario que plantee ante el Tribunal Constitucional cuantas cuestiones sean necesarias en defensa de su actual Estatuto de Autonomía, tal y como lo hacen otras comunidades en conflictos similares”.

Además, opinan que no puede entenderse el compromiso público del Estado de formalizar la cesión de estas competencias a Baleares antes de fin de año, cuando ni siquiera han iniciado el trámite, y Canarias lleva con la Comisión Mixta abierta hace casi dos años.

“El sector depende de ambas administraciones y tras el tiempo transcurrido se percibe una falta de voluntad por parte del Estado para terminar de ceder lo que ya no le corresponde”, apuntan.

Iniciar 'ipso facto' expedientes paralizados

El sector turístico insiste, además, en que se inicie ipso facto la tramitación de los innumerables proyectos y expedientes paralizados. “La competitividad turística de las islas depende de esas competencias”, apuntan los presidentes de las patronales.

Además, afirman que todos estos conflictos burocráticos solo contribuyen a “empeorar” la experiencia de los visitantes que llegan a las islas, “un destino multiexperiencia que tiene en el sol y la playa dos de sus principales atractivos”.

“Se pierden numerosas inversiones que se van de las Islas, se produce una grave inseguridad jurídica y persiste una absoluta parálisis y obsolescencia del uso del litoral”, apuntan las patronales, que afirman también que “no hay municipio costero que no tenga paralizados proyectos de accesibilidad, servicios de temporada o adecentamiento de las playas, y la experiencia de locales y visitantes es muchas veces pobre en comparación a otros destinos competidores”.

Fraude de ley

A su juicio, “es inadmisible que en un archipiélago turístico como Canarias haya trámites de renovaciones de concesiones que se prolongan durante más de 20 años, lo que conduce a las empresas que tienen esas concesiones, o proyectos de inversión a verse en situaciones de fraude de ley, o en tierra de nadie, porque la Administración no hace su trabajo”.

Esta demanda histórica, prosiguen las patronales, ha provocado la paralización “casi absoluta” de los trámites relativos a la gestión de costas y del litoral y a medida que pasan los años se van acumulando los expedientes y conflictos competenciales que Canarias debe resolver con urgencia.

Expedientes paralizados

Entre esas concesiones, muchas de las cuales son comunes en varios de los municipios turísticos canarios, como las de los chiringuitos de playa o los servicios esenciales de hamacas y sombrillas, con demora de hasta dos años para dar respuesta a las solicitudes, destaca la inversión prevista para la renovación del hotel RIU Oliva Beach, en Fuerteventura, del que depende una plantilla de más de 400 profesionales.

Esta solicitud lleva bloqueada desde hace cuatro años por parte del Gobierno estatal y ahora está sobre la mesa del Gobierno autonómico.

Asimismo, se suma la paralización de proyectos de playas vinculados a nuevas instalaciones hoteleras o la existencia de paseos marítimos en penosas condiciones.

En Tenerife, por ejemplo, son varios los proyectos paralizados desde hace muchos años, como la playa de Martiánez o la marina deportiva de Puerto de la Cruz y también, en el sur de la isla, las playas de Los Tarajales (Arona), Las Salinas (Guía de Isora) o San Salvador y San Blas (San Miguel), entre otras.

Asimismo, mejoras necesarias en playas turísticas ya existentes, como El Camisón o Fañabé, con proyectos privados presentados hace ya tres años, siguen a la espera.

Otros casos conocidos son los del litoral de Arguineguín, en Gran Canaria, en el que varios establecimientos alojativos ven peligrar la continuidad de muchas de sus instalaciones esenciales (solárium, terrazas, zonas comunes de piscinas) debido a que dependen también de concesiones administrativas que se han caducado, pero cuyas prórrogas no se tramitan.

Esta situación genera una “inseguridad jurídica enorme” a las empresas, subrayan.

Precisamente, en la última edición de entrega de banderas azules a las playas canarias, muchas de ellas han perdido esta distinción por falta de servicios e inversión, lo que no puede llevarse a cabo en este momento de bloqueo y parálisis administrativa, con las administraciones locales, autonómicas y estatal pasándose la pelota unas a otras con total desidia y apatía.

Conciencia medioambiental

Los empresarios turísticos afirman que han defendido siempre que en la costa canaria, convertida en el principal atributo turístico de las islas, es totalmente imprescindible su preservación medioambiental para el desarrollo respetuoso de la actividad turística y esa mayor cercanía de la administración competente debe servir para compatibilizar una mayor protección del medio con el turismo, principal motor de la economía canaria.

Las patronales turísticas consideran que retrasar el ejercicio efectivo de unas competencias asumidas ocasionará un “grave daño” al sector, por cuanto ello tiene una directa conexión con el mantenimiento de miles de puestos de trabajo y la continuidad de muchas empresas que dependen de forma directa de las correspondientes habilitaciones, ahora en manos del Gobierno autonómico.