Cabildos, empresarios y partidos políticos en Canarias se han mostrado en contra de la subida anunciada por Aena del 4,1% en las tasas aeroportuarias. Desde el Gobierno regional la consejera de Turismo, Jessica de León (PP), expresó el “rotundo rechazo” del Ejecutivo a este incremento porque “va a repercutir negativamente en la competitividad turística del Archipiélago”.
“Cualquier impuesto que aumente los costes y que nos reste competitividad, nos preocupa y no es una buena noticia para Canarias porque encarecerá el producto turístico, puesto que elevará los precios de los billetes de avión ante un consumidor cada día más sensible al precio final de sus viajes”, dijo este miércoles.
Ya este jueves, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (Coalición Canaria), ha considerado que, de llevarse a acabo esta subida, el Gobierno de España en funciones “estaría sacrificando la competitividad” del sector y del destino turístico en favor de la de Aena, que, apuntó, “es una empresa que ya ha duplicado sus beneficios en el primer semestre de 2023 con respecto a los seis primeros meses del 2022, pasando de 277 millones de euros a los 607 millones de euros”.
Dávila ha afirmado que esta decisión supone un “varapalo” para el sector turístico de las Islas y, de Tenerife en concreto, que recibe alrededor de cinco millones de personas por vía aérea cada año. La presidenta insular también ha indicado que este anuncio se produce “en un momento de incertidumbre económica en toda Europa, principal emisor de turistas”, por lo que una subida de las tasas “incidiría en un incremento de los precios de los billetes de avión, afectando de lleno” al principal sector económico de las islas.
Tanto De León como Dávila, han pedido también que se transfieran las competencias que permitan a Canarias participar en el consejo de Administración de Aena, como establece el Estatuto de Autonomía, con el objeto de que sus decisiones “se tomen valorando las características” de las islas, según la presidenta tinerfeña.
Sacrifica la competitividad de Canarias
El secretario nacional de Organización de CC, David Toledo, expuso que de aprobarse esta subida de forma generalizada para todo el Estado el Gobierno en funciones del PSOE-Unidas Podemos “estaría sacrificando la competitividad de Canarias por la de Aena”.
Es una “jarra de agua fría” para el sector turístico y para la economía isleña “en un momento de incertidumbre económica marcado por la subida de precios y los ajustes fiscales que prevé Europa”. Por ello, ha asegurado que CC defenderá que Canarias quede “exenta de cualquier subida de precios que plantee el ente público atendiendo no solo a la condición de región ultraperiférica, al impacto del incremento de precios sino a que cuenta con aeropuertos de mayor rentabilidad y que más beneficios aportan para Aena”.
Desde La Gomera, su presidente, Casimiro Curbelo, ha coincidido en que la subida tendrá una “incidencia directa” sobre los precios de los billetes entre las islas y con el exterior, lo que implicará un “mayor desembolso para los residentes y, también para los turistas” que visitan las islas. Por ello, ha pedido que la decisión “sea revisada y se exceptúe” a los aeropuertos canarios de su aplicación atendiendo a las singularidades de insularidad y ultraperificidad.
Curbelo incidió en que las infraestructuras aeroportuarias son “estratégicas” para Canarias, ya que es la “principal puerta de entrada y salida”, por lo que apuntó que una medida “de este calibre es un riesgo para la dinamización económica de las islas”.
Los empresarios de Tenerife también se oponen
Por otro lado, el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) considera que el anuncio es un “nuevo movimiento especulativo” de la empresa [Aena] “a costa de la recuperación del sector turístico tras la pandemia”.
El presidente del CEST, Javier Cabrera, se ha mostrado convencido de que esta subida repercutirá “donde siempre lo hace: en el precio de los billetes y, por tanto, en el bolsillo de los viajeros”.
“Aena tiene una deuda desde hace muchos años con Canarias. A pesar de que tres de los aeropuertos de las islas se posicionan entre los más rentables de España, entre ellos el de Tenerife Sur, la sociedad mercantil continúa jugando con el futuro de los canarios por culpa de su afán recaudatorio, en un acto que constituye un claro movimiento cuyo único fin es la satisfacción de sus accionistas”, ha explicado.
Además, considera que esta decisión “pone en riesgo” la competitividad de Canarias como destino turístico porque se añade esta subida “a la difícil situación económica de los principales” mercados emisores de turistas hacia Canarias, en línea con lo expresado por Rosa Dávila y Jessica de León.
Una subida máxima de 40 céntimos de euro
Este periódico ha contactado con Aena pero ha declinado hacer declaraciones respecto a la reacción del Gobierno canario y de dos de los cabildos, y remite a la nota de prensa que difundió este miércoles. En ella explica que el Consejo de Administración de la organización aprobó la subida propuesta y que esta se aplique a partir del 1 de marzo de 2024, fijando el ingreso máximo anual ajustado por pasajero (IMAAJ) en 10,35 euros por pasajero, lo que supone una variación del 4,09% respecto al de 2023 (9,95 euros por pasajero).
Por último, Aena explica que las tarifas aeroportuarias que aplica son las contraprestaciones que tiene derecho a percibir por la prestación de servicios aeroportuarios básicos. El precio máximo por pasajero (IMAAJ) es el resultado de la actualización de las tarifas con el índice P, así como otros ajustes recogidos en la Ley 18/2014.
Aena detalla que este porcentaje incluye, destacadamente, el cálculo del índice P de 2022, que se establece en el 3,5%, derivado del incremento de los costes para la prestación de los servicios aeroportuarios. Aena recuerda que el IPC de 2022 registró un valor medio en España de 8,4%. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia reconoció el valor del índice P referido en su resolución de 8 de junio de 2023.
Topar los precios en las Islas
El pasado mes de diciembre, en plena campaña navideña, una de las épocas más caras del año para viajar a las Islas, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, confirmó que el Gobierno estaba trabajando en un proyecto piloto para analizar si se puede establecer alguna obligación de servicio público en alguna de las rutas entre Canarias y la Península, y, de este modo, establecer una tarifa máxima en los billetes ante la subida de los precios.
Así se lo comunicó a la entonces diputada de Coalición Canaria María Fernández durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde la ministra explicó que el Gobierno estaba analizando esa posibilidad debido el incremento de los precios.
A finales de enero, el Gobierno central y el canario anunciaron que se establecería, a modo de prueba, la Obligación de Servicio Público (OSP) en una ruta entre las Islas y la Península con el fin de controlar el alza desmesurada de los precios. Finalmente se acordó que dicha ruta sería la de Lanzarote-Madrid, pero por el momento no se ha puesto en marcha y, desde entonces, se ha producido un relevo al frente del Gobierno canario, que antes estaba en plena sintonía con el central, al estar ambos presididos por el PSOE.