Durante unos pocos meses, el municipio turístico de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, fue pionero en España en la política de gestión de residuos del sector turístico. En enero de 2019, entró en vigor una tarifa de basura progresiva que penalizaba a los establecimientos hoteleros en función de la intensidad de generación de desechos e introducía un sistema de competencia que imponía sanciones a las cadenas si la producción de desperdicios estaba por encima de la media del sector. La ordenanza está alineada con las políticas de economía circular, pero fue revocada poco después por el nuevo gobierno municipal que surgió tras las elecciones locales. Este mes de octubre, una investigación liderada por los mismos académicos que idearon la tasa ha detallado cómo la generación de despojos mixtos se redujo en un 35% en la localidad en el poco tiempo que dicha normativa estuvo vigente.
“En el fondo, la política fue un éxito. Resultó aprobada, pero luego la administración pública no la entendió bien. O no quiso entenderla. (…) Pero es un ejemplo de cómo deben adaptar los municipios sus tasas municipales para que ciudadanos y empresas empiecen a ser conscientes del gran impacto que hay detrás de la producción de residuos y de sus capacidades para reducirlos y aumentar el reciclaje”, explica Eugenio Díaz Fariña, primer autor de la publicación, difundida en la revista Journal of Sustainable Tourism, y doctor en Economía y Turismo por la Universidad de La Laguna (ULL).
La tasa planteada tenía como objetivo corregir el déficit en el servicio de residuos imputable al sector hotelero en Puerto de la Cruz, para el que se había llegado a la conclusión de que “no estaba implementando medidas para minimizar la generación de desperdicios o separación necesaria para el reciclaje”. Por ese entonces, este municipio contaba con una de las tarifas de recogida de desechos más bajas de todas las comarcas turísticas de Tenerife, con un rango anual de entre 11,8 y 13,1 euros por cama, lo que contrastaba “fuertemente”, destaca el estudio, con la horquilla de 30-73 euros en otros destinos similares, como Adeje y Arona, en el sur de la isla.
Además, la corporación local no repercutía en los hoteles el aumento del canon municipal de eliminación de residuos por tonelada que cobra el Cabildo insular. Y desde 2012 esta situación se había visto agravada por el impago de algunos complejos turísticos al respecto, mientras aumentaba la contribución del sector a las montañas de basura que acaban en el vertedero insular. De acuerdo con las cifras analizadas por los investigadores, la actividad turística en Puerto de la Cruz contribuyó en torno al 22% a la generación total de desechos entre 2006 y 2015, sin embargo, la aportación de la industria a las arcas públicas a través del pago de las tasas fue siempre inferior, llegando a alcanzar una diferencia de 14 puntos porcentuales en el año 2013.
Díaz Fariña destaca, por otro lado, que Puerto de la Cruz es una ubicación idónea para el estudio de este tipo de actuaciones en materia de gestión de residuos por sus características demográficas y sociales. Es el segundo municipio de Canarias con mayor densidad de población (3.476,4 habitantes por kilómetro cuadrado, solo superado por Las Palmas de Gran Canaria) y a eso hay que añadirle el número de visitantes extranjeros que recibe cada día. En 2019, el último año antes de la pandemia de coronavirus, 806.433 turistas pisaron el territorio y acumularon un total de 5,49 millones de pernoctaciones. Esto equivale a una presión turística diaria de 15.050 personas, mientras que la cifra de residentes asciende a 30.468 ciudadanos. La localidad cuenta con 60 establecimientos alojativos, 42 hoteles y 18 complejos de apartamentos.
“Al ser una red de recogida mucho más pequeña, gestionar los residuos de los hoteles tiene beneficios de escala”, agrega el experto. “También es de destacar la disponibilidad de datos con la que hemos contado. Porque pocos municipios están dispuestos a compartir los registros diarios y por hotel de cuánta basura generan y lo que cuesta gestionarlos”.
La tasa ideada contaba con dos patas. La primera era un mecanismo de pago fijo aplicable a los hoteles en función de su capacidad o número de camas. Para los establecimientos sin almacenamiento interno de residuos, “esencial para los servicios de recogida puerta a puerta”, la cuota se cifró en 55,6 euros anuales por cama. Así, apuntan los firmantes de la investigación, se penaliza a los complejos turísticos sin depósito y estos se verían incitados a impulsar acciones para construir instalaciones propias de acumulación de basura. Para el resto de complejos, la tasa se mantenía sin cambios en los 11,8 y 13,1 euros por plaza.
En segundo lugar, la parte más novedosa de la tarifa era una cuota variable definida sobre el volumen de residuos que genera incentivos para la prevención de desperdicios y promoción del reciclaje. Lo que hacía este canon era establecer un indicador de producción de desechos por cada 100 camas (WGIB, en sus siglas en inglés) y sancionar a las cadenas dependiendo de la diferencia con respecto al valor de referencia. Es decir, si un hotel presentaba un WGIB superior a la media, se le cobraría por cada contenedor generado en exceso. Al tratarse de una política progresiva, en la que los mayores contaminadores reciben penalizaciones más elevadas, los grandes establecimientos no serían sancionados simplemente por su tamaño, sino por la generación por cada centenar de plazas.
Cuanto mayor sea el precio por contenedor, mayor será la sanción, y también lo será el incentivo para la prevención. “Es un sistema de competencia entre hoteles. Porque al final, yo sé que, si lo hago bien, voy a pagar menos que el otro. Y mi cuenta de resultados y mi competitividad van a mejorar”, resume Díaz Fariña.
La ordenanza fue publicada el 21 de enero de 2019 en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife. Entró en vigor el día siguiente, pero el cobro de la cuota en Puerto de la Cruz se efectúa en cuatro recibos con periodicidad trimestral, por lo que fue en el segundo periodo, el que va de abril a junio, ambos meses incluidos, el que empezó a considerar las actuaciones de los establecimientos en este sentido. Los autores del estudio analizaron cómo cambió la generación de basura en 18 complejos alojativos durante 12 semanas entre marzo y mayo para que hubiera suficientes observaciones antes (cuatro semanas) y después (ocho) de la instauración de la tasa. Esos valores fueron también comparados con el mismo periodo del año anterior. Los resultados de las estimaciones ilustran una reducción media a corto plazo del 35% en la intensidad de producción de basura “mezcla”, esto es, la que no está separada para su posterior reciclaje. Los expertos piden cautela al no poder analizar los registros a largo plazo debido a la suspensión de la normativa.
“Este planteamiento no solo es coherente con los principios del paquete de Economía Circular de la Unión Europea (UE), sino que también ofrece la oportunidad de crear ventajas competitivas en el conjunto de las operaciones hoteleras”, concluye el trabajo académico. La Directiva 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los residuos precisamente establece que los estados miembros deben transponer este tipo de tasas al vertido o la incineración, las fórmulas más empleadas para lidiar con los desechos en el Archipiélago. La Ley 7/2022, por su parte, introduce por primera vez la obligación específica de que las entidades locales dispongan de una tarifa que cuente con sistemas de pago por generación.
“Lo que intentamos con esto es crear incentivos económicos para que lo primero sea reducir, luego reutilizar y ya por último desechar los residuos en los vertederos”, remacha Díaz Fariña.
A pesar de que el canon mencionado fue acordado por la patronal hotelera en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel, y el Ayuntamiento de Puerto de La Cruz, liderado en ese entonces por el Partido Popular, el cambio de gobierno tras las elecciones locales motivó la suspensión del reglamento. El PSOE y Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) formaron gobierno y en noviembre de 2019 anunciaron la modificación provisional de la ordenanza fiscal de la tasa de basura, “necesaria para dar seguridad jurídica” tras la última reforma, según defendieron. “La excusa que nos dieron desde el consistorio es que no sabían cómo liquidarlo”, añade Díaz Fariña. Este periódico se ha puesto en contacto con la corporación local, que revalidó el pacto de gobierno de hace cuatro años, para conocer los argumentos que motivaron la decisión, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta.