Más de 7.200 viviendas vacacionales se han registrado en Tenerife desde enero hasta agosto de 2024, según ha dicho la presidenta Rosa Dávila, que ha recordado “los efectos perniciosos” que puede tener la práctica, mientras ha defendido modificar la ley de arrendamientos urbanos.
El Grupo Socialista del Cabildo, presidido por Pedro Martín, le ha recordado en el pleno de este viernes su apuesta por una moratoria, realizada a principios de septiembre, para la concesión de licencias de viviendas vacacionales, y le ha pedido valoraciones tras “el rechazo” del Gobierno de Canarias (CC y PP) a su petición.
Dávila ha justificado la entonces petición con la situación del alquiler en régimen general en Tenerife, que “ha pasado de un precio medio de 467 euros de media hace diez años a estar ahora en 1001 euros”, mientras, recalca, la isla tiene el 45% de las viviendas vacacionales desde el inicio de la tramitación de la ley regional.
“Todos los cabildos requerimos al Gobierno de Canarias que adoptara alguna medida transitoria cuando se inició la tramitación”, ha recordado la presidenta insular, que ha recalcado que en la isla que preside se han registrado “más de 7.200 nuevas viviendas vacacionales” desde enero hasta agosto de 2024.
Ha dicho que el Cabildo de Tenerife, y con la ley a punto de entrar en vigor, ha podido realizar sus aportaciones y explicar su situación particular al ejecutivo regional, puesto que la “vivienda vacacional permite a los ciudadanos tener una renta complementaria, pero también puede constituir algunos efectos perniciosos”.
Aún así, la presidenta insular, Rosa Dávila, ha concluido que, en todo caso, “también sería importante” modificar la ley estatal de arrendamientos urbanos, para que esa acción diera más seguridad a los propietarios.