El Museo de Altamira, en Santillana del Mar, es único museo nacional que se salva de los problemas de personal que obligan al resto de instalaciones a facilitar el acceso gratuito en octubre, según CCOO
CCOO denuncia que el anuncio del Ministerio de Cultura y Deporte de prorrogar la entrada gratuita a los espacios adscritos a la Subdirección General de Museos Estatales hasta el 31 de octubre solo viene a esconder la escasez del personal público necesario para su normal apertura al público.
La Resolución publicada el día 29 de septiembre por la Dirección General de Bellas Artes justifica la medida en el “fomento de la recuperación del hábito cultural de la visita pública a los museos”, dando así continuidad a la medida puesta en marcha el pasado mes de julio.
Sin embargo, para CCOO la verdadera explicación está en la falta de personal público con los perfiles profesionales necesarios para prestar los servicios de control de acceso, taquilla o vigilancia de sala, entre otros.
Son 16 museos los estatales y todos son gratuitos a excepción del Museo de Altamira, en Santillana del Mar, y el del traje, que está cerrado. En sentido contrario, y según la interpretación del sindicato, el Museo de Altamira no tiene los problemas laborales de precariedad de plantilla que tiene el resto de instalaciones de esta categoría.
Según CCOO, el Museo Altamira ha tenido problemas puntuales de tipo laboral pero no han sido graves. En todo caso, si el objetivo es fomentar hábitos, ¿por que se excluye al Museo Altamira de esa gratuidad?, es la reflexión que se hacen en el sindicato cántabro.
El sindicato recuerda que desde hace años viene denunciando la situación de precariedad de la plantilla de este servicio público, aquejada de una falta de reconocimiento profesional del trabajo realizado por las empleadas públicas y los empleados públicos. El ejemplo más ilustrativo es la degradación del personal de atención y vigilancia de sala, que constituye un elemento esencial en los museos, y que lleva más de un año de movilizaciones exigiendo la correcta asignación de sus funciones por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en los términos del acuerdo alcanzado entre CCOO y Cultura.