El cierre temporal de un centro educativo sólo se valorará ante supuestos de “transmisión no controlada” y en última instancia, el positivo en un aula de convivencia estable conllevará el establecimiento de un periodo de cuarenta y realización de pruebas PCR para toda la clase y se considerarán contactos estrechos de un positivo en el resto de aulas a cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia menor a los dos metros.
Son algunas de las medidas recogidas en la ‘Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos’, aprobado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta y uno de los dos documentos abordados hoy en el marco de la reunión conjunta de la Conferencia de Sectorial de Educación y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, presidida por los ministros de Sanidad, Educación y Política Territorial, Salvador Illa, Isabel Celaá y Carolina Darias, respectivamente, y en la que han participado los consejeros de Sanidad, Miguel Rodríguez, y Educación, Marina Lombó.
En el encuentro, el Gobierno de España ha planteado además un documento de acuerdo, con veintinueve medidas y cinco recomendaciones, sobre ‘Actuaciones Coordinadas en Salud Pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020-2021, que establece, entre otras medidas, la mascarilla obligatoria a partir de los seis años, el incremento de la ventilación, el mantenimiento del servicio de comedor durante todo el curso escolar y creación de un grupo de coordinación entre los servicios autonómicos de Salud Pública y Educación para una gestión ágil de los positivos que se produzcan en el ámbito educativo.
Otra de las novedades del texto, que defiende en todo momento la “máxima presencialidad” del alumnado en los centros, establece que la suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial por parte de una Comunidad Autónoma sólo se adoptará ante “situaciones excepcionales” y previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y comunicación al Ministerio de Sanidad.
Apoyo de Cantabria
Según ha explicado Lombó, Cantabria apoya el texto, que “actualiza” la guía publicada por los Ministerios de Educación y Sanidad el pasado mes de junio, base para la elaboración del protocolo propio de cada Comunidad Autónoma, a la luz del conocimiento más profundo que se tiene hoy del virus y, también, de la evolución de la crisis sanitaria. En Cantabria, recuerda, el protocolo general de organización para el curso 2020-2021 se publicó el pasado 7 de agosto en el Boletín Oficial de Cantabria, lo conocen ya todos los centros educativos cántabros y es, “lógicamente, más exhaustivo y detallado” que la redacción consensuada hoy, que constituye un “marco de actuación común que era necesario, pero que es más genérico”.
En Cantabria, el protocolo general de organización para el curso 2020-2021 se publicó el pasado 7 de agosto y es más exhaustivo y detallado que la redacción consensuada hoy
“El acuerdo fija unos mínimos que, en su amplísima mayoría, estaban ya contempladas en el protocolo de Cantabria de una manera más concreta”, ha dicho al respecto la consejera, quien ha puesto como ejemplo el uso generalizado de mascarilla, ya contemplado en el protocolo cántabro, que recomienda además su uso para el alumnado de 3 a 6 años.
Por otra parte, se ha mostrado “especialmente satisfecha” por la guía de actuación ante la aparición de casos elaborada por la Ponencia de Alertas, que “da respuesta” a algunas de las cuestiones que el Gobierno cántabro consideraba que “quedaban por resolver”: el establecimiento de un marco homogéneo de actuación para la gestión de los casos que se producirán en los centros educativos, “igual que se están dando en otros ámbitos”.
“Sabemos que habrá positivos en los centros, porque los hay en todos los ámbitos, pero la intención es coordinar una respuesta ágil, que permita cierres puntuales y concretos de aulas y tratar de evitar el cierre de centros”, ha dicho Lombó, quien ha destacado que “mantener los centros abiertos con las debidas condiciones de seguridad es una prioridad para el Gobierno de Cantabria”.
En su opinión, la coordinación entre las consejerías de Sanidad y Educación ha sido “clave” para la preparación de la vuelta a las aulas y ha permitido contar hoy con un protocolo autonómico “serio, riguroso y exhaustivo”. En este punto, ha explicado que ya está “plenamente operativo” un grupo de trabajo integrado por personal de ambas consejerías que estará “en permanente contacto” mientras dure la actual crisis sanitaria y “coordinará cada paso”.
Por otra parte, la consejera había solicitado al Ministerio que se pronunciase sobre la voluntad ya expresada por varias familias de que sus hijos no asistiesen al centro escolar. En este punto, según ha relatado, la ministra ha afirmado que se ha solicitado un informe jurídico y se celebrará un encuentro monográfico sobre este aspecto.
Coordinación “fundamental”
Por su parte, el consejero de Sanidad ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado hoy que, sostiene, “da seguridad a toda la comunidad educativa y actualiza, a la luz de la evidencia científica más reciente, el documento elaborado ya en junio por los ministerios de Sanidad y Educación”.
“El protocolo de Cantabria está preparado, es serio y riguroso, y la coordinación entre Salud Pública y Educación ha sido una constante que se ha reforzado para la preparación del curso y se reforzará aún más con la apertura de las aulas”, ha subrayado Rodríguez.
El consejero da por seguro que se darán positivos en las aulas, al igual que en otros entornos, pero ha subrayado que “lo importante” es “frenar las cadenas de transmisión”, para lo que será “fundamental” la coordinación entre los centros educativos, la Consejería de Educación y Salud Pública. “Hemos de aprender a vivir con este virus, y los centros educativos son un elemento esencial para la educación, la cohesión social y el bienestar de la infancia y la adolescencia que deben permanecer abiertos”, ha defendido.
En el encuentro celebrado hoy han participado también los directores generales de Ordenación, Farmacia e Inspección y de Innovación e Inspección Educativa, Jorge de la Puente y Mercedes García, respectivamente.