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CCOO denuncia una “trama” de funcionarios colocados a dedo por el PP en Cantabria y exige un concurso de méritos global

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, en el Parlamento.

Javier Fernández Rubio

Santander —

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El sindicato CCOO ha denunciado públicamente la existencia de una “trama” de funcionarios autonómicos “colocados a dedo” en comisiones de servicio por el Gobierno del PP en Cantabria y le ha exigido al Ejecutivo que preside María José Sáenz de Buruaga que se siente a negociar el próximo concurso de méritos que afectará a 932 empleados públicos cuya convocatoria debería afectar a toda la Administración y ser resuelta en seis meses.

Carmelo Renedo, coordinador de la Sección Sindical de CCOO en el Gobierno de Cantabria, Manuel Cabo y María Jesús Calvas, ambos delegados en la Junta de Personal Funcionario en el Ejecutivo autonómico, han comparecido este martes para denunciar la nula voluntad negociadora del Ejecutivo autonómico, y la 'normalización' de mecanismos excepcionales para colocar supuestamente a empleados afines en determinados puestos de trabajo.

Actualmente, el Gobierno de Cantabria dispone de 2.150 funcionarios fijos (de los cuales 643 ocupan una plaza que no les corresponde, en comisión de servicios), así como 776 funcionarios interinos. El porcentaje de empleados fijos que ocupan una plaza que no les corresponde alcanza de este modo el 22% de la plantilla.

Renedo ha denunciado la “falta de negociación, transparencia y arbitrariedades que el Gobierno hace en la negociación del personal funcionario”, acudiendo “a las mesas para cumplir un mero trámite sin intención de negociar”. Ha citado, a este respecto, tres modificaciones de relaciones de puestos de trabajo en las consejerías de Educación, Economía e Inclusión Social que actualmente están judicializadas “por falta de voluntad negociadora”.

Según CCOO, este instrumento es un mecanismo excepcional al que el Ejecutivo recurre habitualmente para vulnerar los principios de igualdad, merito y capacidad y “por su incapacidad de poner en marcha procesos reglados”.

La atribución de comisiones de servicios está presidida por un “apagón informativo a los sindicatos”. A 1 de enero, se asignaron 40 puestos de trabajo y “no tenemos noticia de cuántas más [comisiones de servicio] va a otorgar, pero con nuestros cálculos las están triplicando. A dedo, el Gobierno otorga puestos golosos”.

Concurso de méritos

“Es una arbitrariedad” que CCOO teme que se vuelva a repetir con el próximo concurso de méritos para cubrir 932 puestos de trabajo. El último concurso, que data de 2019 afectó a 400 puestos de trabajo y tardó en resolverse tres años.

Este concurso deriva de una sentencia ganada por CCOO en los tribunales, ha explicado Renedo, que consideraba que la convocatoria de concurso de méritos debía ser global para todos los empleados públicos autonómicos.

Ha denunciado, a este respecto, que el Ejecutivo pretende convocarlo en un plazo de 12 meses prorrogable por lo que fácilmente su resolución recaerá en el próximo Ejecutivo. “No quiere resolverlo -ha dicho- porque descolocaría a mucha de su gente que ha colocado a dedo, desmontaría esa 'trama' para colocar a dedo a su gente”.

El sindicato quiere que el concurso de méritos se convoque en un plazo máximo de seis meses, que no sea único, sino por grupos o subgrupos de funcionarios, con sus respectivas comisiones de valoración, y que se resuelva, con medios suficientes, como se resuelven las Ofertas Públicas de Empleo.

“Ya denunciamos que la intención de este gobierno es no resolverlo y dejar la patata caliente al próximo gobierno”, ha concluido Renedo.

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