Magnates árabes llamados a rescatar el Racing y que se dedicaban a realizar piruetas automovilísticas por el centro de Santander, megaedificios con la firma de algún grande de la arquitectura española llamados a dar cabida a todos los funcionarios de la Administración autonómica, fábricas y minas llamadas a generar puestos de trabajo por miles, manás vinculados al fracking o los polígonos eólicos, proyectos faraónicos en forma de puente, tranvía, museo... Como a perro flaco que todo se le vuelven pulgas, Cantabria ha sido paraíso de conseguidores y campo abonado para liebres mecánicas de la clase política que captan la atención de la ciudadanía durante años antes de esfumarse.
Aunque en ocasiones vuelven. Este es el caso de la Ciudad del Cine, un megaproyecto de parque temático que se iba a enclavar en el municipio de Miengo, de poco más de 5.000 habitantes, y que acabó entrando en una espiral de supuestos representantes, inversiones esfumadas y grandes números mareantes en términos de inversión y empleo. Esto ocurría durante la primera década del milenio y, ahora, ya en la tercera, vuelve a la palestra con la misma megainversión previsible y una promesa de que los que hicieron lo que hicieron ya no están –fueron condenados por la justicia– y el proyecto recupera sus prístinos orígenes.
La propuesta de una segunda oportunidad, hecha pública a través de los medios de comunicación de Cantabria hace unos días, en puertas de unas elecciones, no ha tenido, sin embargo, el eco de la clase política y empresarial que tuvo la primigenia.
La Ciudad del Cine y de las Artes de Cantabria se presentó públicamente en el año 2007 como un proyecto “con todas las condiciones para convertirse en un éxito universal”. Esta instalación, que iba a construirse en un plazo máximo de cuatro años en el terreno que ocuparon las antiguas canteras de Solvay en Cuchía (Miengo), tenía prevista una inversión cercana a los 600 millones de euros procedentes de “inversores nacionales y extranjeros”, atraídos supuestamente por los altos intereses prometidos, pero todo quedó en titulares de prensa.
El complejo turístico y de ocio iba a crear unos 400 empleos directos y otros 2.000 indirectos, según las promesas de la época. Se calculaba que anualmente pasarían por Cuchía 800.000 visitantes, en los cálculos más optimistas de los promotores y de los dirigentes políticos que les proporcionaron credibilidad.
¿En qué consistía el proyecto que tendría su epicentro en las canteras abandonadas de Cuchía y que actualmente siguen siguen recuperándose medioambientalmente? Difícil es concretarlo más allá de conceptos de gran vaguedad como “proyecto internacional” o “estratégico” que defendían sus promotores. La nueva “Alejandría del siglo XXI”, con sus dunas y sus humedales y zonas verdes, tendría pabellones temáticos dedicados al cine, un centro de formación en técnicas cinematográficas, un área de cultura y arte, salas de cine, un gran anfiteatro multiusos con capacidad para 2.000 personas, además de hotel, zona comercial y pista de hielo. El proyecto aspiraba a atraer la producción y rodaje de películas españolas.
Avelino Cuartas, alcalde de Miengo, enfocó mejor su alcance cuando presumió en los medios de comunicación de tener en su ayuntamiento un proyecto que significaría “toda una revolución para este municipio. Además de recuperar un entorno degradado de 140 hectáreas, se crearía un foco de riqueza muy importante. Es un proyecto multimedia, parecido al parque francés de Futuroscope. Sería el cumplimiento de un sueño”, dijo. Es decir, un Futuroscope cántabro con una oferta de ocio basada en la tecnología y los espectáculos cinematográficos, audiovisuales y robóticos del futuro.
Cerca de tres lustros después, los promotores del Grupo Celtus plantean ahora un proyecto que “supondrá una inversión de 500 millones de euros”, aunque Antonio Mayoralas, presidente de Celtus, reconoce que “esperará al resultado de las elecciones para replantearse la reactivación del proyecto”.
Quien es también presidente de la Fundación Lumière, se hace llamar “idéologo y autor” del proyecto de 'La Ciudad del Cine y las Artes' y se distancia de los litigios que dieron la puntilla al proyecto. Mayoralas ha querido dejar claro que quienes tomaron la posición de Celtus y abanderaron el proyecto fracasado ya no están: José Chauffleur Buenante –administrador en España de VFM Investments Group, filial de una sociedad con sede en Miami de la que formaba parte Armando Valladares, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas– es calificado como el “principal estafador,” y como tal fue condenado “tras robar y utilizar” su proyecto.
En mayo de 2022, el Tribunal Supremo confirmó la condena de tres años de prisión y multa de 1.920 euros impuesta a Chauffleur Buenante por quedarse con el dinero que varios empresarios invirtieron en dicho proyecto. También la Sala de lo Penal del Supremo fijó el pago de una indemnización de 329.450 euros más los intereses a los perjudicados.
Ya en 2002, se planteó el macroproyecto de 'La Ciudad del Cine y las Artes' para desarrollarlo y construirlo en los terrenos donde se encuentran las minas de Solvay en Torrelavega, con el fin de recuperar y readaptar estos terrenos y ocupar otros en la localidad Miengo. Para llevarlo a cabo fueron constituidas dos mercantiles, Celtus Gestora de Parques Temáticos S.A. con 900.000 euros y Celtus Inversión y Desarrollo S. A. con 490.000 de capital social.
El proyecto contó inicialmente con un acuerdo de colaboración institucional con el Gobierno de Cantabria, firmado por el entonces consejero de Cultura, Turismo y Deporte, el regionalista Javier López Marcano -hoy los es de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio- y en presencia de quien era, y es, presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, secretario general del PRC.
Tras ello, Celtus Gestora empezó a plasmar técnicamente la memoria y el desarrollo para la construcción y Celtus Inversión creó el plan para inversores, un plan de unos 600 millones, según la versión de Mayorales.
Todo parecía ir sobre ruedas hasta que apareció Chauffleur, quien “convenció” al antiguo director general de Celtus, Gerardo Piñeiro, de que tenía “conocimientos y relaciones para poder conseguir a estos inversores” y “abusando de la confianza”, creó una empresa, “plagió” el proyecto y, junto con otra “empresa fantasma”, convencieron al Gobierno cántabro de que ellos eran los propietarios del mismo y tenían el capital necesario para desarrollarlo, consiguiendo de esta manera su aval.
El cambio de Gobierno en 2011, cuando el Ejecutivo PSOE-PRC dio paso al Ejecutivo del PP presidido por Ignacio Diego, dio la puntilla definitiva a un proyecto que años atrás ya empezaba a languidecer por los retrasos que acumulaba su ejecución y las dudas sobre su viabilidad financiera.
Según la versión del nuevo promotor, la 'idea' de Celtus fue vampirizada por Valladares y sus representantes aduciendo sus contactos en el mundo de la empresa y el prestigio internacional del primero, todo ello necesario para captar los 600 millones que costaría el parque temático. Al final, todo esto derivó en una estafa económica a los inversores y la huida del respaldo político de Cantabria.
El segundo intento 'en diferido' de reflotar la Ciudad del Cine tras las elecciones de mayo no ha recibido por ahora ninguna respuesta pública de las instituciones, máxime cuando recuerda tanto al anterior, al menos en cuanto a dimensiones. Para llevarlo a efecto, se dispone de “apoyos” de compañías como Equity & Capital Ventures Limited y JMM Invesmetllc. Otra cosa es que salga adelante.
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