La propuesta del sindicato ganadero UGAM-COAG ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para pedir que se anule la concesión del permiso de fracking 'Luena' seguirá abierta, por lo menos, durante los próximos tres meses. El abogado de la organización agraria, Raúl Hernández, defendió este martes la iniciativa ante los representantes europeos basándose en “criterios medioambientales”. Ahora se abre un periodo en el que el Ministerio de Industria debe aportar documentación “más concreta” para tomar una decisión en firme.
Fernández trasladó la petición de anulación del permiso 'Luena' teniendo en cuenta la “más que probable” afección a Lugares de Interés Comunitario (LIC), su impacto en la zona pasiega y en los acuíferos que abastecen de agua potable a un gran número de ciudadanos en toda la comunidad autónoma.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo no tiene “fuerza vinculante” ni es un tribunal que pueda obligar a nada, pero tiene “mucha fuerza política”, en opinión del abogado de UGAM-COAG. La intención del sindicato es jugar esa baza para evitar que el fracking llegue a Cantabria.
Los argumentos de Fernández ante el plenario se basaron en la posibilidad de los estados miembros de limitar la actividad en zonas sensibles, teniendo en cuenta las características de un territorio como el afectado por el permiso 'Luena', con espacios naturales protegidos. También habló del subsuelo de la zona, donde se encuentra el acuífero que proporciona agua potable a toda la población del arco de la Bahía de Santander.
“Además, la dispersión de los vecinos provocaría que nunca haya distancia suficiente entre el lugar donde se ejecuta el fracking y los núcleos de población. También la economía de la comarca, con la presencia de la ganadería y del turismo rural, se vería muy afectada”, explicó el jurista a eldiario.es Cantabria tras su intervención en Bruselas.
Este proyecto cuenta con la licencia de investigación de hidrocarburos concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el 22 de enero de 2011 a favor de la sociedad Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. por un periodo de seis años y sobre una superficie cercana a las 75.000 hectáreas en territorio de Cantabria y Castilla León.
Según refleja el permiso firmado por el ministro socialista Miguel Sebastián, Repsol tiene derecho a realizar trabajos de geología y geofísica durante los tres primeros años, para comprobar los riesgos sísmicos, y a la perforación de un sondeo para, en función de los resultados obtenidos, renunciar al permiso o continuar con el programa exploratorio. A partir de ahí, Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. se compromete a una serie de inversiones económicas para explotar el potencial del permiso 'Luena'.