Los consejeros cesados por el PP en Cantabria: deudas con Hacienda, reprobaciones y crisis internas

La presidenta de Cantabria y líder del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, ha ejecutado por sorpresa este miércoles su primera crisis de gobierno cuando apenas lleva un año de legislatura en el poder y ha sacrificado a algunos de sus consejeros más débiles y señalados por la oposición, rodeados de polémicas como el impago de diversos tributos a Hacienda, varias peticiones de cese y reprobaciones parlamentarias o crisis internas en el propio Partido Popular con sus alcaldes por la gestión de los fondos europeos.

Así, el primer consejero en caer ha sido Pablo Palencia (PP), que ha estado en cuestión literalmente desde el mismo día de su nombramiento, cuando ya tuvo que dar explicaciones por sus deudas tributarias con la Administración, ya que existían hasta una decena de requerimientos públicos dirigidos a él en la última década por el impago de tributos locales en municipios como Santander o Santa Cruz de Bezana. El responsable de las áreas de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación también había sido suspendido por el Colegio de Veterinarios de Cantabria por una falta grave al “realizar prácticas profesionales contrarias a lo dispuesto en las normas, legales o deontológicas, que rigen el ejercicio profesional de la veterinaria”, tal y como adelantó en exclusiva elDiario.es.

Más recientemente, Pablo Palencia fue apercibido por la Inspección General de Servicios del Gobierno de Cantabria al no presentar en plazo las declaraciones sobre sus bienes y actividades, una documentación que todo alto cargo tiene obligación de registrar al tomar posesión. En el informe anual de la Inspección, con fecha 8 de febrero de 2024, se indicaba que el consejero tampoco había dado traslado de su declaración de la renta (IRPF) del año anterior (2022), como pudo confirmar este periódico y reconoció el propio consejero.

Su gestión política también ha estado rodeada de reproches, desde las propias asociaciones profesionales del sector que han cuestionado su trabajo en asuntos como la gestión de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea o la crisis sanitaria de la enfermedad hemorrágica epizoótica que ataca al ganado, y que el año pasado acabó con la vida de miles de animales, y también le ha generado la crítica unánime de la oposición, que se unió de forma extraordinaria en el Parlamento de Cantabria para censurar su labor y aprobar su reprobación, poniendo de acuerdo a PSOE y PRC con Vox.

Crisis interna en el PP

En el caso de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria también llevaba un año en el punto de mira, con críticas incluso dentro del PP. El departamento que dirigía hasta este miércoles Eva Guillermina Fernández (PP) se ha especializado en cabalgar de polémica en polémica prácticamente desde que comenzó la legislatura en julio de 2023. Las más sonadas han sido las relacionadas con los planes de sostenibilidad turística vinculados a los fondos europeos, principalmente el de Santillana del Mar o el Saja-Nansa, pero la que más recorrido ha tenido es la que gira en torno a la regulación de los pisos vacacionales.

La hasta ahora titular de este departamento ya avanzó que no pondría limites a estos alojamientos pese a la proliferación masiva de los mismos que está afectando a los alquileres residenciales. Y es que, según dijo, poner coto al número de viviendas por titular o excluir de las personas jurídicas para frenar la especulación “choca con la directiva europea de servicios” que busca “favorecer el libre mercado”, por lo que ha impulsado un decreto sin apenas cambios y que no ha satisfecho a prácticamente nadie en el sector.

Otros asuntos sobre los que le han llovido críticas a la Consejería de Turismo tienen que ver con proyectos que chocan con el modelo turístico que diferentes colectivos sociales reclaman para Cantabria. De ahí las dos grandes movilizaciones que han tenido lugar en los últimos meses: una en Loredo y Langre contra un macrocomplejo turístico que pretende convertir esta zona en 'la Ibiza del Norte' y otra en Puente San Miguel el Día de las Instituciones contra la “masificación turística”.

En este sentido, iniciativas como el tobogán alpino en el Parque de Cabárceno, de medio kilómetro y más de medio millón de euros de inversión ―que posteriormente el Gobierno redujo a “una idea pendiente de estudio como muchas otras que hay”―, o el teleférico del Pas, con una inversión de 30 millones y de gestión privada, encienden la llama de la crispación de los colectivos sociales y políticos que participan en las mencionadas movilizaciones, y que señalan directamente al modelo de gestión turística del Gobierno autonómico.