La crisis del centro internacional de acogida de Cantabria: 30 millones perdidos tras la llegada del PP al poder

La pelota está en el tejado del Gobierno de Cantabria. Una carta oficial del Ministerio de Inclusión, dirigido por José Luis Escrivá, al Gobierno de Cantabria ha confirmado que los 30 millones de euros que pensaba invertir en la conversión de un viejo psiquiátrico en Parayas, en Camargo, en un Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) se perderán si confirma que no se quiere a los asilados y otras personas en situación de riesgo humanitario.

Cantabria solo ha manifestado su posición clara contra la llegada de refugiados del exterior. Desde el Ayuntamiento de Camargo, en donde PP, Vox y PRC han coincidido en su rechazo, hasta el Ejecutivo autonómico que los ha avalado, la decisión depende ahora de la Presidencia de Cantabria, que ostenta María José Sáenz de Buruaga (PP).

Sin embargo, el propio Ministerio incide en que no hay una alternativa: los fondos procedentes de Europa, concretamente del Componente 22 por el que España espera abrir más de 5.000 plazas para refugiados por todo el país, y si el centro se hace en otra comunidad la financiación irá detrás de él.

Un portavoz ministerial ha confirmado a elDiario.es que, a día de hoy, el Gobierno central busca plazas en otros puntos del país y considera que el PP ha roto un acuerdo suscrito. El propio ministro Escrivá, en un tuit, dio a entender que la inversión se perdería porque era finalista: si no hay centro, no hay inversión. También ha recordado que la competencia es estatal y que las autonomías, y ha citado en concreto a Cantabria y La Rioja, no son quienes deciden dónde se instalarán los refugiados.

No obstante, no es la última palabra y Madrid espera una confirmación en su postura por parte de Cantabria. La alternativa planteada tanto por la Corporación camarguesa como por Buruaga ha ido cambiando en poco tiempo: de la residencia de mayores ha pasado a un centro sociosanitario de referencia nacional [como un centro para niños con autismo, ha ejemplificado la presidenta cántabra] que debería financiarse con fondos estatales, aunque nadie en la Administración central ha mostrado interés al respecto.

El acuerdo entre el Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Inclusión data del pasado mes de marzo y en él ha quedado inequívoco que la inversión es finalista, es decir, la financiación se irá con el centro si este acaba haciéndose en otra comunidad. El acuerdo está de facto roto, tras comprar los 'populares' y los regionalistas el argumentario a la extrema derecha de Vox.

Las administraciones cántabras, mayoritariamente dirigidas por el Partido Popular, no quieren ese centro de refugiados. No solo el PP. Durante la campaña de 28 mayo no faltaron voces que vinculaban al refugiado con la inseguridad ciudadana. En sentido contrario, la propuesta de construir una residencia de mayores pasó totalmente desapercibida y solo estas semanas se ha puesto en el candelero con un matiz 'antisanchista' nada oculto: “En Cantabria ya no gobierna Pedro Sánchez”, ha dicho la presidenta del PP, y “se toman las decisiones pensando en las necesidades y en los intereses de los cántabros y también de los camargueses”.

Según el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), en España hay 34.725 personas con estatus de refugiado en sus diversas categorías, desde aquellos que han sido acogidos por razones humanitarias hasta los que tienen Protección Internacional, es decir, asilados políticos. Cerca de la mitad, 16.000 personas, son refugiados ucranianos; y del total, 11.000 son menores de edad.

Los refugiados son recogidos en centros concertados con diversas organizaciones, sobre todo Cruz Roja. Y ello es debido a que la red pública es paupérrima: apenas 400 plazas disponibles. El Gobierno de Pedro Sánchez planificó por ello un incremento sustancial de plazas públicas, hasta disponer de 5.700. De ahí la creación de centros de refugiados por toda la geografía española.

Algunos no han causado problemas en los municipios, como el de Soria, entre otras cosas porque los centros dispondrán de pistas deportivas y otros servicios que también serán públicos. En otros sitios, como Cantabria, los refugiados no han sido bienvenidos y el Gobierno autonómico considera que “hay otros lugares de España para recibirlos”.

La presidenta de Cantabria ha manifestado, de hecho, que a los refugiados se les puede acoger “en muchos lugares de España” mientras que a los mayores “los tenemos que atender en Cantabria” para defender la alternativa de un centro sociosanitario en Parayas.

La reacción de la izquierda y de diferentes ONG no se ha hecho esperar, criticando la pérdida de la inversión y el planteamiento xenófobo que subyace en el cambio de planes de Cantabria.

Otras necesidades

Ya sea residencia de mayores, ya centro de referencia sociosanitaria, la presidenta de Cantabria ha dejado claro que los refugiados previstos para Cantabria han de acabar en cualquier otra parte del país. Sin entrar en detalles, ha considerado asimismo que el Estado puede destinar financiación suficiente para hacer realidad un centro de referencia sociosanitario.

Buruaga ha asegurado que los fondos europeos destinados a la red de acogida de refugiados “no tienen por qué perderse”, al estar en una fase inicial, y, con la alternativa propuesta, “Cantabria tampoco perdería financiación estatal”, aunque “no serían fondos europeos, serían otro tipo de fondos nacionales que hay para los centros de referencia nacional”. En este sentido, ha puesto como ejemplo un centro de autismo que sería “extremadamente beneficioso” para las familias que “tienen necesidades de esos recursos” y están en muchos casos “no debidamente atendidas”.

Buruaga indicó hace una semana que no pierde “la esperanza” y espera que el Ministerio tenga “la delicadeza, el respeto y la lealtad institucional” de responder formalmente, y no a través de los medios de comunicación, a la carta y a la alternativa planteada desde la Consejería de Hacienda. Dicha respuesta se ha producido, en los términos de que los fondos europeos son finalistas y Cantabria los perdería. A no ser que medie un cambio de opinión, el Ministerio da por perdida la inversión en Cantabria y ya busca nuevos emplazamientos en el país, para este y el resto de centros en que espera ofrecer más de 5.000 plazas públicas nuevas.

Críticas socialistas

La exalcaldesa socialista de Camargo, Esther Bolado, ha criticado las declaraciones de Buruaga diciendo que “rozan la xenofobia” y “dejan bien claro cuál es el trasfondo” de su decisión. Bolado cree que el PP “se ha mimetizado con Vox” y que la decisión sobre dicho proyecto, que “tiene mucho de ideológico y político”, “viene provocada por el pacto de Feijóo con Abascal en Madrid”, ha indicado.

La actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento ha pedido tanto a Buruaga como al alcalde de Camargo, Diego Movellán (PP), que “den la cara” y expliquen “las verdaderas razones” de su negativa al centro de refugiados, cuyo proceso, ha recordado, “estaba ya en marcha y garantizaba una inversión de más de 30 millones de euros y la creación de cerca de un centenar de puestos de trabajo”.

Bolado ha vuelto a defender que la construcción del CAPI es “perfectamente compatible” con un centro de atención a personas mayores, ya que “Camargo cuenta con suelo público suficiente para construir en él también una residencia de mayores”. Pero “veremos cómo una empresa, afín al Partido Popular, vendrá para desarrollar el proyecto y construir allí una residencia de mayores de gestión privada”, ha aventurado.

Dudas regionalistas

Pese a que su partido, el PRC, ha flanqueado al PP y Vox en su rechazo al centro, el secretario general regionalista y expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ya ha dicho que la historia no le gusta nada. Revilla ha reconocido que no está satisfecho porque “hay que ser solidarios” y los beneficiarios son “gente que no venía aquí a robar, sino a tener un modus vivendi en una Cantabria hospitalaria”. Además, ha añadido, el centro “iba a generar riqueza e imagen para una Cantabria solidaria”.

“Irresponsabilidad política”

Sumar Cantabria ha calificado a PP, Vox y PRC de “irresponsables” por su rechazo a la construcción del centro y ha exigido una rectificación “inmediata”, tanto por las declaraciones de la presidenta como para acordar un espacio donde ubicar dicho dentro.

Para Sumar, hay precedentes del mismo PP que ilustran dónde puede acabar la historia: el cierre de la residencia pública 'Residencia Marcano', en Santander, que “ejecutó el Gobierno de Cantabria hace diez años (PP) y que actualmente se trata de una residencia de lujo”. “A pesar del inusual contexto exterior, los tres partidos de la derecha no solo desoyen a la comunidad internacional, sino que posicionan a Cantabria, de forma injusta, como una comunidad insolidaria en momentos de máxima necesidad”, ha criticado.

Por su parte, Izquierda Unida (IU) en Camargo ha señalado que el complejo residencial de mayores “puede no ser viable jurídicamente ni encontrar financiación por otras administraciones”.

El coordinador y portavoz de IU en Camargo, Fernando Agúndez, ha indicado que, según la normativa, “la proximidad de los centros y servicios a entornos urbanos y de actividad social es central para promover una vida activa en la comunidad, fundamental para las oportunidades de vida de las personas en situación de dependencia y evitar situaciones de aislamiento y soledad no deseada”.

Ello imposibilitaría que el centro fue una residencia o un centro sociosanitario. “No parece que reúna los requisitos elementales para el bienestar de las personas destinatarias y que, de llevarse a cabo, puede no ser viable jurídicamente y no encontrar financiación de otras Administraciones”, ha insistido.

“Prejuicios racistas”

Además, también se ha pronunciado el colectivo a favor de los refugiados Pasaje Seguro, que ha considerado que la actitud contraria a la ubicación de un centro de refugiados obedece a “prejuicios racistas” y motivaciones “especulativas”. Unos supuestos intereses económicos privados que se basarían “minusvalorando y criminalizando a las personas refugiadas”, ha añadido.

“El PP, con el apoyo del PRC y siguiendo ambos la línea que marca Vox, establece falsedades y falsas dicotomías para rechazar un proyecto financiado con fondos europeos que mejoraría la utilidad pública de un espacio como el de Parayas. En la campaña electoral se mintió deliberadamente, asociando la instalación de un Centro de Acogida a un futuro crecimiento de la inseguridad ciudadana, sin prueba alguna, introduciendo falsedad y miedo al otro. El siguiente paso ha sido el de contraponer el Centro de Acogida a las necesidades de cuidado de nuestras personas mayores, estableciendo otra falsedad: la de que las necesidades de personas mayores y personas refugiadas se contraponen”, ha declarado un portavoz.