La gestión de las subvenciones concedidas por el Gobierno de Cantabria a los ayuntamientos y corporaciones locales para la contratación de personas por un periodo de seis meses ha suscitado críticas e indignación a lo largo y ancho de la comunidad autónoma. Uno de los últimos sobresaltos ha tenido lugar en la localidad de Laredo. La contratación de varias personas vinculadas familiarmente a una de las concejalas del equipo de Gobierno, así como a miembros del personal del Ayuntamiento, ha despertado las suspicacias de los vecinos de la villa pejina, que dudan de la imparcialidad del proceso.
Una tónica que se ha repetido en muchos de los ayuntamientos de la región. En Santander, por ejemplo, las entrevistas personales han sido determinantes a la hora de repartir los puestos de trabajo en detrimento de la experiencia y la formación de los candidatos.
Es decir, que los criterios subjetivos han primado sobre los objetivos, de modo que el resultado ha sido que muchas personas que por su currículo habían obtenido una puntuación elevada se han visto fuera en favor de otras que han realizado una entrevista sobresaliente, literalmente.
Por ejemplo, en una plaza de auxiliar de eventos se seleccionó a una persona que en el concurso obtuvo un 1,95 y en la entrevista un 9, una situación que se ha repetido de forma similar en muchos otros puestos. Además, el plazo para inscribirse en el proceso duró poco más de 72 horas, al abrirse la convocatoria un viernes y cerrarse el martes a las 14.00 horas, según reprocha la oposición.
En la capital del Besaya, ACPT denunció “discriminación” por parte de una docena de ayuntamientos, que concedían puntos por el mero hecho de estar empadronado en la localidad, lo que a juicio de esta formación política supone una “vulneración muy grave” y, sobre todo, “muy perjudicial” para los parados de Torrelavega, que se encuentran en “inferioridad de condiciones” a la hora de optar a las plazas convocadas por esos municipios, lamenta el edil Iván Martínez.
También CastroVerde impugnó el proceso del Ayuntamiento de Castro Urdiales, que en sus bases permitió participar a personas que ya se encontraban trabajando. Además, el partido ecologista denunció que en la fase del concurso se otorgaba 10 puntos a las personas que estaban trabajando al no percibir prestaciones ni subsidios públicos, lo que “pervierte el espíritu de la convocatoria, que está dirigida a desempleados”.
En el Consistorio de Santa Cruz de Bezana han tirado por la calle del medio, como se suele decir. El Ayuntamiento adjudica los contratos de trabajo mediante un sorteo público. Una decisión que tampoco ha terminado de convencer, ya que de este modo no se tiene en cuenta ningún criterio social ni de méritos profesionales.
La indignación por los procedimientos ha llegado hasta tal punto que un vecino de Cabezón de la Sal ha 'acampado' en una de las rotondas del pueblo. Fue dueño de una pequeña empresa que a consecuencia de la crisis tuvo que cerrar y, sin embargo, no se le ha concedido puntuación por experiencia por el hecho de haber sido autónomo, con la peculiaridad de que algunos de sus exempleados obtienen puntuación por el trabajo que desempeñaron en su empresa.
Los criterios establecidos en la convocatoria también han sido puestos en cuestión por los sindicatos. Comisiones Obreras ha denunciado que las bases de cerca de 75 municipios contienen “ilegalidades” que las convierten en “nulas de pleno derecho” y por ello, ha exigido al Gobierno cántabro que tome medidas de forma “inmediata”para corregir estos errores.
En rueda de prensa, su secretario general, Carlos Sánchez, afirmó que las convocatorias vulneran los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad e instó a la Administración a “no mirar para otro lado” ante lo que calificó como un “carnaval de despropósitos”. De hecho, advirtió que si no hay respuesta a la reclamación presentada por Comisiones, el sindicato “irá contra el presidente y el delegado del Gobierno en los tribunales”, una posibilidad que aún están valorando y a la que se podrían sumar desde UGT.
28 millones y 4.000 desempleados
Las Iniciativas Singulares de Empleo han sido impulsadas por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Ejecutivo cántabro, el departamento que dirige Cristina Mazas. El Gobierno de Ignacio Diego ha puesto sobre la mesa de los ayuntamientos 28 millones de euros para contratar a lo largo de este 2015 a cerca de 4.000 personas en situación de desempleo.
Para ello, cada municipio ha podido presentar, dependiendo de su población, entre tres y siete proyectos, desglosando en cada uno de ellos los puestos requeridos y el número de trabajadores beneficiados.
Los empleados pueden ser contratados por un máximo de seis meses y cobrarán entre 1.100 y 1.500 euros al mes, en función de la categoría profesional del puesto a cubrir, y se incorporarán a los proyectos en dos tandas: el 75 por ciento en la primera fase (entre el 1 y el 15 de febrero) y el resto en la segunda (del 1 al 15 de agosto).
Los criterios de selección cuestionados y las protestas de los aspirantes han llegado en ayuntamientos de distinto signo político. Las organizaciones sindicales lamentan el uso partidista, el caciquismo y la falta de transparencia en unas contrataciones que se producen a cien días para las próximas elecciones autonómicas y municipales.