En agosto de 1977 se produjo en San Vicente de la Barquera una multitudinaria marcha contra los planes de la empresa Electra de Viesgo para construir una central nuclear en el término municipal. La imagen corresponde a esa manifestación, pero hasta llegar ahí se sucedieron diversos capítulos que narramos a continuación.
El 18 de abril de 1973, en las páginas del diario ABC, apareció una noticia que llevaba como titular lo siguiente: “Una central nuclear de cuatro unidades será construida en la costa santanderina. Tendrá una potencia total de cuatro millones de kilovatios y en ella se invertirán ochenta mil millones de pesetas”. Lo que sigue es un relato de los planes que Electra de Viesgo había diseñado para llevarla a cabo.
El proyecto incorporaba una central nuclear en la costa cantábrica, entre San Vicente de la Barquera y Prellezo, concretamente en la ensenada de Las Fuentes, perteneciente a la localidad de Santillán, y dos embalses artificiales para la generación y bombeo de agua en la localidad de Bárcena de Pie de Concha. La noticia mencionaba también que las obras se iniciarían en año y medio (finales de 1974) con la previsión de finalizarlas en 1980.
Sin embargo, todos estos planes, pese a que Electra de Viesgo compró fincas e inició movimientos de tierras en la ensenada de Las Fuentes, quedaron en nada debido a la alarma y a la presión sociopolítica que a lo largo de los siguientes años se suscitó.
1977 fue un año clave
El 15 de febrero de 1977, el entonces alcalde de Ribadedeva, Carlos Cortés, había convocado un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: dar lectura de una moción para solicitar el aplazamiento de la construcción de la nuclear en Santillán, “dada la trascendencia que para la comarca traería consigo” y la situación de “transitoriedad” de las corporaciones municipales en un “momento político que no es el más adecuado para enfrentarse a tal problema”, reza en el acta de Alcaldía depositada en el Archivo Histórico Municipal de Ribadedeva.
El mismo documento recoge los acuerdos alcanzados en el Pleno. Primero, que Electra de Viesgo informe al Ayuntamiento y vecindario de las facetas “tanto positivas como negativas que pueda implicar la instalación de la central nuclear a toda la comarca”. En segundo lugar, que se posponga la construcción hasta después de las elecciones municipales (las primeras de la democracia fueron en el año 1979) para que “sean las nuevas corporaciones designadas por el voto popular, las que informen sobre la central nuclear”. Por último se insta a los ayuntamientos de Llanes y Peñamellera Baja a que se adhieran a la moción de la Alcaldía de Ribadedeva.
El 19 de marzo, el diario ABC incluía en sus páginas una nota de prensa en la que se indicaba que un número importante de vecinos de San Vicente de la Barquera se opone al proyecto nuclear y solicitan que se produzca un debate público a la vez que se somete dicho proyecto a referéndum entre las personas afectadas. Así mismo informa el diario de que se ha producido la dimisión de la totalidad de la corporación municipal de la mencionada localidad al considerar que han sido criticados por defender la construcción de la central, pero que solamente ha sido aceptada la dimisión del alcalde, Manuel Blanco, teniendo que continuar el resto de los concejales en sus puestos hasta el final de mandato.
Por su parte, un mes después, el 16 de abril el diario El País informaba de que doce alcaldes de municipios santanderinos y asturianos habían acordado oponerse unánimemente a la instalación de la Central Nuclear de Santillán, en el transcurso de una reunión celebrada en el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.
Por la provincia de Santander estaban presentes los alcaldes de San Vicente de la Barquera, Comillas, Cabezón de la Sal, Rionansa, Udías, Valdaliga, Ruiloba, Lamasón y Val de San Vicente. Por Asturias asistieron los alcaldes de Ribadedeva y Llanes. Los reunidos acordaron también pedir audiencia al ministro de Industria al objeto de solicitar información de carácter oficial en torno al proyecto de la central y, al mismo tiempo, para mostrarle la oposición unánime de la comarca al establecimiento de dicha instalación.
El 13 de agosto, El País se hizo eco de la escalada opositora que se estaba produciendo en torno al proyecto nuclear y señalaba la inusitada confluencia de fuerzas políticas contrarias. Así, informaba de que seis fuerzas políticas, situadas en todo el arco ideológico, se habían unido al llamamiento de la Asociación de Afectados por la Central Nuclear de Santillán, en lo que podía calificarse como “una de las primeras acciones conjuntas de los partidos que representan los dos extremos del panorama político” de la época.
Los partidos en cuestión eran Partido del Trabajo, Partido Comunista de España, Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista Popular, Falange Española (auténtica) y Fuerza Nueva. A este llamamiento se unieron además asociaciones regionalistas como ADIC y distintas centrales sindicales.
La marcha antinuclear se celebró en San Vicente de la Barquera el 21 de agosto de 1977 con la asistencia de más de 5.000 personas y la significativa ausencia de los partidos: Alianza Popular y Unión de Centro Democrático.
El éxito de la convocatoria marcó el comienzo del fin de los planes nucleares para Cantabria, pese a que esta historia aún tuvo un apéndice postrero cuando a comienzos de 1983 el consejero de Industria del Gobierno cántabro, Enrique Ambrosio Orizaola, manifestó como única solución al déficit energético de la región la promoción de la energía nuclear, citando de nuevo el proyecto existente de crear una central nuclear en Cantabria.
El diario El País en su edición del 20 de enero de 1983 reflejaba cómo el presidente de la Asamblea Regional, Isaac Aja Muela, también alcalde de San Vicente de la Barquera, creía ver, tras la reapertura de la polémica, los intereses del Banco de Santander, tras su decisión de adquirir un tercio de las acciones de la compañía eléctrica.
El mencionado alcalde, tras la convocatoria urgente de un pleno extraordinario del Ayuntamiento, propuso una moción en la que se instaba al Banco de Santander a realizar una declaración pública según la cual no tenía intención de poner de nuevo en marcha el proyecto nuclear.
Al día siguiente la entidad bancaria corroboraba lo solicitado por la corporación municipal y, de este modo, a la espera de la moratoria nuclear que dictaminaría el Gobierno del PSOE en 1984, se daba por terminada la preocupación que durante todos los años anteriores acompañó a los habitantes de las regiones cántabra y asturiana.