La información que podemos encontrar en internet sobre Oyambre nos habla de que “es una de las playas TOP de Cantabria” y la describe como “virgen, extensa y no masificada”, y frecuentemente aparece en los listados que los medios suelen publicar sobre este tema. No tardaremos en descubrir que es un parque natural que integra un rico conjunto de playas, rías, dunas, marismas y bosques caducifolios entre las localidades de Comillas y San Vicente de la Barquera.
Tendremos que esforzarnos mucho más para encontrar una velada referencia a las movilizaciones populares que fueron necesarias para evitar que sus dunas cayeran bajo la especulación urbanística que en los años 80 asoló las costas de Cantabria. Este conjunto natural, que había sufrido una limitada transformación humana, reunía estuarios y humedales muy bien conservados, que según los biólogos son los ecosistemas de mayor productividad biológica de la zona templada del planeta, y por eso su protección era prioritaria tanto para expertos como ecologistas. Hasta 1984, los intentos de proteger este espacio natural habían corrido a cargo de técnicos, profesionales y profesores universitarios, a los que las diferentes administraciones habían ignorado.
En esos años se estaba desarrollando una corriente de contestación social frente al caótico crecimiento urbanístico que, con gran impunidad, asolaba las zonas costeras que dio pie a las primeras reivindicaciones de carácter ecológico y alcanzó su madurez precisamente en la defensa de Oyambre.
La movilización popular en la defensa de Oyambre se convirtió en un hito dentro de la historia de los movimientos sociales de la década de los 80 porque ganó la batalla de la opinión pública frente a la negligencia de las autoridades en la protección del litoral y al supuesto mensaje de crecimiento económico que difundían promotores como Santiago Díaz y Manuel Rotella, principales accionistas de Playa de Oyambre S.A., impulsora de la gran instalación turística que se emplazaría en las dunas; porque supuso la consolidación del movimiento ecologista, hasta ese momento muy fragmentado; porque el empleo de la estrategia de la lucha no violenta consiguió simpatías en grandes sectores de la población hacia el movimiento ecologista; y porque finalmente se lograron minimizar los impactos en esa franja costera con la declaración del Parque Natural.
Podemos dividir la lucha que se desarrolló en tres etapas, que responden a los intentos de Playa de Oyambre S.A. de iniciar las obras. La primera de ellas comenzó con el anuncio del Ayuntamiento de Valdáliga de conceder el permiso de obra, lo que provocó que el debate saltara a la opinión pública. La respuesta urgente de las organizaciones sociales fue convocar una manifestación el 17 de marzo de 1985 en la misma playa por la defensa del litoral, para intentar paralizar la concesión de las licencias y que se tomaran las medidas para recuperar esta zona para el uso público. A pesar del temporal y de que no existiera transporte público para llegar al lugar logró concentrar a unas 2.000 personas.
Si bien la respuesta ciudadana no paralizó la concesión de la licencia, consiguió que los medios de comunicación regionales y nacionales se hicieran eco de la noticia e impulsó la creación de la Coordinadora para la Defensa del Litoral, que según Emilio Carrera se constituyó el 23 de marzo en Cabezón de la Sal. En su seno se integraron grupos ecologistas, políticos, vecinales y no-violentos, que iniciaron un trabajo de presión en los despachos del Gobierno con el soporte del informe que el Colegio de Arquitectos de Cantabria había hecho público el año anterior. Como resultado de estas acciones, el 3 de mayo la Comisión Regional de Urbanismo suspendió la licencia de construcción por tres meses, lo que alejaba el riesgo inminente de su destrucción y generó la expectativa de que la Administración regional fuera a tomar medidas.
La empresa propietaria durante el verano abrió un camino sobre las dunas y permitió la instalación de tiendas de campaña. Finalmente, el 27 de octubre reinició los trabajos de vallado, sin que el Gobierno regional hubiera dado ningún paso, más preocupado en la crisis interna que sufría el partido que lo sustentaba, Coalición Popular. Esta segunda etapa se inició con la puesta en marcha por parte de la Coordinadora de Defensa del Litoral de una campaña para intentar parar la degradación de la duna. El 29 de octubre una decena de activistas se encadenó desde primeras horas a la máquina excavadora y a la hormigonera deteniendo su trabajo.
La respuesta del dueño del camión fue verter el hormigón sobre los ecologistas. El asunto terminó en el juzgado con una denuncia cruzada entre la empresa y los encadenados. Al día siguiente, ocuparon el despacho del consejero de Obras Públicas, y a resultas de la acción consiguieron entrevistarse con el presidente de la Diputación Regional, sin obtener ningún resultado concreto. El 3 de noviembre se convocó una manifestación en la playa de Oyambre, logrando reunir a más de un millar de personas, pese a que fue convocada con un día de antelación, que ocuparon simbólicamente las dunas reclamando su uso público.
El apoyo popular a las reivindicaciones ecologistas se pudo evidenciar en las 20.000 firmas recogidas en la primera semana de noviembre, pidiendo al Defensor del Pueblo que tomara cartas en asunto. Ante el impulso que estaba tomando la iniciativa, el constructor Santiago Díaz descalificó las movilizaciones alegando que “ciertos ecologistas obedecen a la manipulación de veraneantes de langosta y solomillo que acuden a Comillas”.
Mientras tanto, la polémica no llegó al Parlamento hasta que el discurso del presidente del Gobierno regional fue interrumpido por un miembro de la Coordinadora, que se sentó delante de la tribuna de oradores y desplegó una pancarta en la que se leía 'Salvemos Oyambre'. El País del 16 de enero de 1986 lo recogió como una anécdota en la crónica sobre el Debate del Estado de la Región.
La siguiente llamada de atención a las administraciones no se hizo esperar, el Defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, remitió a la Diputación Regional de Cantabria y al Ayuntamiento de Valdáliga un informe con recomendaciones: “El Defensor del Pueblo sugiere a la Administración pública el restablecimiento de la legalidad urbanística, exigiendo las responsabilidades a que hubiera lugar de conformidad con los textos legales y, en su caso, declarar caducada la licencia ilegalmente concedida si hubiesen transcurrido los plazos a que se refiere el artículo 10 de la ordenanza urbanística municipal vigente”.
La tercera fase se inició con nuevas agresiones de los constructores sobre las dunas (siembra de estiércol, quema de monte bajo e incluso un intento de ararlas), pero lo que provocó la reacción de la Coordinadora de Defensa del Litoral es el cierre la duna con una alambrada electrificada. El día 29 de mayo se convocó una nueva manifestación en la playa que congregó a unas mil personas. Enfrente se encontraron con guardas jurados e individuos de paisano armados de grandes palos pagados por Playa de Oyambre S.A. dispuestos para impedir que los manifestantes invadieran las dunas; y a la Guardia Civil. Paco Cascón relataba así los hechos en la revista 'En pie de Paz':
“Mientras unos grupos pequeños van quitando el alambre y las estacas, la mayor parte de la gente ocupa simbólicamente la duna en medio de la música de gaitas, pito y tambor. Particulares con palos y guardias contratados comienzan a golpear a la gente y a romper las lunas de los vehículos allí aparcados. Una vez pasados estos primeros momentos y cuando ya habían acabado los enfrentamientos y la gente se encontraba sentada pacíficamente en la duna, entra la guardia civil y, junto con los mencionados anteriormente, sin mediar palabra cargan violentamente, disparando pelotas de goma a escasos metros, propinando golpes, patadas, culatazos con los fusiles, etc. La gente aguanta pasivamente mientras puede, siendo desalojada de la duna y posteriormente de la playa, donde todavía recibe disparos; registrándose varios heridos graves: brechas en la cabeza, conmoción cerebral, hematomas diversos...”.
La brutalidad de lo sucedido provocó una cascada pronunciamientos públicos apoyando la defensa de Oyambre (partidos políticos, Colegio de Arquitectos, Defensor del Pueblo, MOPU…) que llevó que a mediados de julio se suspendieran las licencias de construcción. Pero las denuncias sobre los diez activistas todavía estaban pendientes en el juzgado.
Esta historia se podría acabar el 19 de febrero de 1988 con un final feliz, cuando el conjunto de Oyambre fue declarado Parque Natural por la Asamblea Regional de Cantabria. O mejor aún, cuando la reina entregó el 3 diciembre de 1989 el Premio Europa Nostra a la Protección del Patrimonio Arquitectónico y Natural a la Asociación Oyambre Parque Natural.
Sin embargo, desde entonces las amenazas han sido continuas: por un lado, los intentos de reducir los límites del Parque Natural; por otro, las agresiones ambientales que ha sufrido y que ha obligado a las asociaciones ecologistas a recurrir de forma continua a la justicia; y por último, el retraso en la aprobación de las figuras legales de protección del Parque. Solo recordar que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales no fue aprobado hasta 2010, y que fue duramente criticado por ARCA que consideraba que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) “facilita esta brutal transformación del paisaje costero de Oyambre con el único propósito de que los constructores puedan sacar el máximo rendimiento edificatorio a los suelos urbanos y urbanizables”.