El Consejo de Ministros del 9 de marzo de 2001 aprobaba un Real Decreto por el cual el 31 de diciembre de ese mismo año sería el último día de existencia de la mili obligatoria en nuestro país. A partir de entonces, España contaría con un ejército profesional. El decreto que suspendía, pero no derogaba la mili, acababa de hecho con una de las obligaciones más impopulares y denostadas por buena parte de la sociedad, rechazo que por diversas causas había estado presente desde el principio de su imposición. Del impacto que el servicio militar tuvo entre la juventud española da cuenta de la multitud de signos que ha dejado en la tradición de nuestros pueblos. El llamamiento a filas se constituyó en el signo del paso entre la mocedad y la edad adulta.
La idea de objeción de conciencia al servicio militar no es ajena a la tradición. Durante toda la historia de la mili encontramos ejemplos de negativa a esta obligación por motivos económicos, de seguridad personal, o políticos, entre otros, aunque no sería hasta los años 70/80 del siglo pasado cuando se organizó la lucha aprovechando el mayoritario apoyo social a su abolición. Del mismo modo, los intentos de regular alguna forma de objeción de conciencia se dieron desde muy pronto, incluso durante el franquismo, donde se llegó a tratar en las Cortes sin éxito.
En España, el antimilitarismo se alimentó de un ambiente social propicio debido a la confluencia de varios factores, entre los que destacan el rechazo al servicio militar obligatorio, el movimiento anti-OTAN (de gran importancia para entender muchos de los acontecimientos futuros a nivel político-social y para comprender, en parte, el devenir del propio antimilitarismo, su fortaleza durante un tiempo y su posterior declive) y, finalmente, la oposición a la permanencia de las bases americanas.
La Constitución Española de 1978, en su artículo 30.2, recogía la posibilidad de objeción de conciencia al servicio militar y su reemplazo por una prestación social sustitutoria. En este marco, el Gobierno del PSOE promovió la Ley de Objeción de Conciencia (Ley 48/1984, de 26 de diciembre), que desde el principio nació arrastrando una fuerte polémica y contestación de los grupos antimilitaristas, que como el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), se pusieron a la vanguardia de las reclamaciones antimili en lo concreto, pero con una concepción antimilitarista mucho más amplia.
El MOC se constituyó en 1977 bajo las premisas del antimilitarismo y asumiendo la no violencia tanto como estrategia de respuesta en sus acciones como, a mayor escala, base del modelo de defensa popular. La oposición al servicio militar era su forma de no colaboración con el ejército. La estrategia del MOC contraria a aceptar la Ley de Objeción de Conciencia chocaba con la de otros grupos como la Asociación de Objetores de Conciencia que, aunque con mucha menos presencia social, propugnaba el cambio desde dentro de la ley.
El MOC, y otras organizaciones de signo antimilitarista, formaban parte de una corriente internacional, fundamentalmente europea, que desde décadas antes se había mostrado muy activa ante la situación creada por la carrera armamentística y la proliferación nuclear promovida por los bloques y sus estructuras militares, la OTAN y el Pacto de Varsovia, aunque su lucha se amoldaba a las características de la realidad española, muy mediatizada, lógicamente, por asuntos más domésticos.
El MOC fue transitando progresivamente hacia la insumisión como forma de lucha, estrategia que produjo algunas disensiones entre sus miembros, como sucedió con algunos militantes del grupo de Santander, resultando, a la postre, una estrategia exitosa dada la trascendencia social que tuvo y las contradicciones que finalmente provocaron en el sistema, colaborando fuertemente a la abolición del servicio militar obligatorio. Como medida de apoyo se asumió la reobjeción, es decir, el rechazo de los objetores ya reconocidos a su condición con el fin de incorporarse al ejército para convertirse en insumisos.
En la fotografía de cabecera se puede ver a un grupo de activistas con carteles que, en octubre de 1986, aprovechando el sorteo del reemplazo del año siguiente, exigían la libertad para Francesc, un joven objetor sobrevenido, es decir, que se declaró objetor durante el servicio militar, posibilidad no recogida por la LOC y que el MOC reivindicaba, junto a otros lemas que denunciaban la Ley de Objeción de Conciencia y sus consecuencias. Momentos antes la policía había roto las cadenas que les ataban a las puertas y verjas del Gobierno Militar de Santander, la imagen de la protesta fue publicada por la prensa y difundida, a su vez, por en el informativo regional de TVE. La acción se preparó atendiendo a planteamientos de desarrollo y respuesta no violentos. Sus consecuencias se sustanciaron en una multa impuesta por la autoridad gubernativa, finalmente suprimida tras argumentar el abogado de los activistas (del Servicio Jurídico de CC.OO. en Cantabria) que la naturaleza del acto era una reivindicación pacifista, según consta en los escritos de alegación presentados.
Las acciones del MOC en Cantabria fueron relativamente frecuentes durante las décadas de los años 80 y 90. La organización alcanzó una importante presencia social recogiendo, sin duda, las simpatías de una parte de la sociedad que veía la mili como una odiosa carga para la juventud. La estrategia de insumisión en Cantabria tuvo un seguimiento notable siendo muy célebres los juicios a los insumisos Juan Carlos Montenegro (Charly), el primer cántabro con esta consideración que, aunque fue condenado no ingresó en prisión, y Raúl Molleda, que fue encarcelado por este motivo. La entrada en prisión de Raúl desató un gran movimiento de solidaridad, con importantes pronunciamientos y apoyos. Su encarcelamiento tuvo trascendencia nacional, apareciendo incluso en la portada del dominical de El País. Cabe destacar que Cantabria superó la media nacional entre objetores e insumisos.
Las iniciativas del antimilitarismo cántabro, buscando habitualmente la sensibilización y la denuncia, se plasmaron en acciones como la documentada en la fotografía, la práctica de la objeción fiscal en el IRPF a los gastos militares, ocupaciones de partidos e instituciones e incluso en protestas como la llevada a cabo contra varios buques de la OTAN amarrados en el puerto de Santander, hecho duramente reprimido por la policía y que también tuvo trascendencia nacional.
El MOC como organización más representativa del antimilitarismo en Cantabria se nutrió de jóvenes provenientes de muchos otros movimientos que, en muchos casos, mantuvieron múltiples militancias. La relación con los partidos políticos no siempre fue buena, especialmente con el PSOE, dada la estrategia de represión que adoptó en este ámbito, lo que llevó, incluso, a la ocupación de su antigua sede en la Calle Castilla de Santander. Del mismo modo, el MOC fue una escuela de militancia para muchas personas que finalmente acabaron engrosando las filas de otros colectivos, generalmente de lo que podemos llamar de izquierda alternativa, y algunas ONG con un planteamiento no violento, como Brigadas Internacionales de Paz, organización con una gran actividad en la comunidad.
El movimiento antimilitarista de Cantabria ha tenido una notable influencia a nivel nacional, un importante poder transformador y un efecto transversal a tener muy en cuenta. Hubo experiencias de construcción no solo políticas sino de vida comunitaria para trabajar por el cambio social desde las premisas de la no violencia y el antimilitarismo, como la de la Casa de la Paz Santa Ana en El Soto. Y muchos otros ejemplos, sin duda, que dan cuenta del alcance del movimiento en Cantabria.
Sin embargo, la eliminación del servicio militar obligatorio ha supuesto en la práctica un marcado declive del movimiento antimilitarista. La estrategia gubernamental de profesionalización del ejército ha conseguido de una tacada eliminar esta carga social y de paso lavar la cara a una institución hasta entonces temida y muy poco reconocida por los ciudadanos. Tanto es así que muchas veces se presenta y se considera al ejército casi como una ONG humanitaria, en vez de lo que realmente es.
Junto a lo anterior, la desaparición de la agenda social y política del tema OTAN y de los demás asuntos relacionados, tras el trauma que supuso la pérdida del referéndum en 1985, y la banalización con que se tratan los asuntos de la paz y la no violencia en los medios de comunicación deberían llevar a preguntarnos, perdón por las palabras empleadas, ¿si ganamos esa difícil batalla por qué estamos perdiendo la guerra? La respuesta, como siempre, está en el viento.
