Redes de apoyo y evasión de fugitivos de la Alemania nazi en Cantabria

El informe que presentamos, mecanografiado y escrito en inglés, forma parte del fondo de documentos desclasificados de la colección de la CIA a partir de la Ley de Divulgación de Crímenes de Guerra Nazis aprobada por el gobierno de Estados Unidos en 1998. Está accesible en la página de la sala de consulta electrónica de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act Electronic Reading Room).

Está datado el 23 de mayo de 1946 en Bilbao. La persona que lo redactó, agente de la OSS (Office of Strategic Services), servicio de inteligencia de Estados Unidos predecesor de la CIA, da cuenta de un secuestro ordenado por la Gestapo (la policía secreta de la Alemania nazi continuaba operando en la clandestinidad). El nombre de la persona secuestrada era Heinz Loesch, responsable de la gestión económica del Campo de internamiento de Carranza, en la vecina provincia de Vizcaya. Se le acusaba de haber robado 240.000 pesetas, cantidad aportada por las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores (en castellano en el documento) de España, para los gastos de mantenimiento de los alemanes allí recluidos. La práctica habitual consistía en que el Ministerio transfería 120.000 pesetas mensuales al gobernador civil de Santander (entonces Joaquín Reguera Sevilla), que lo hacía llegar a Wilhelm Dobiasch, oficial del Ejército alemán a cargo del centro de Molinar de Carranza. Sin embargo, los dos últimos meses Dobiasch no había recibido tales cantidades. En todo caso, los hechos, según la fuente, no están claros.

Así pues, la Gestapo ordenó el secuestro de Loesch como máximo sospechoso de la desaparición del dinero. El comando ejecutor estaba integrado por el padre Augustin C. Lange, monje claretiano de nacionalidad alemana y afincado en Valmaseda/Balmaseda, activo agente colaborador de los servicios de inteligencia alemán y español, Wilhelm Behrens [Berentz en el texto], un agente alemán que había escapado de Carranza y un miembro de la Guardia de Franco que había servido dos años en la División Azul (combatiendo en Rusia perdió el brazo izquierdo). Todos ellos armados con pistolas. A partir de una artimaña, Loesch fue conducido en automóvil (se supone que el lugar de partida fue el balneario de Carranza) primero a Castro Urdiales, donde hicieron noche, y luego a Santander, al domicilio de un joyero santanderino a quien la fuente del informe sitúa como jefe de la Guardia de Franco de Santander, colaborador con la Gestapo.

En la residencia de este se le forzó a declarar usando la violencia, confesando finalmente que había recibido un dinero del gobernador con el que había adquirido a un estraperlista determinados productos no sujetos a racionamiento, que posteriormente había vendido en el mercado negro, no ingresando las cantidades en la caja del campo de internamiento. Únicamente admitió que como resultado de los trapicheos se había quedado con 8.000 pesetas.

No debieron quedarse convencidos del todo, porque más tarde fue trasladado a la casa de una empleada del Gobierno Civil, mecanógrafa y miembro de Auxilio Social, donde continuó el interrogatorio. Estaban allí presentes la mencionada propietaria, el secretario particular del gobernador, el divisionario, Behrens, Karl Delhees (Dilly en el texto), agente alemán evadido de Carranza, y tres aviadores: la tripulación, casi al completo, del vuelo en el que el colaboracionista nazi León Degrelle huyó desde Oslo en mayo de 1945. De los tres se menciona únicamente a Alberto Duringen, el piloto.

Habían llevado un aparato para aplicarle corriente eléctrica, acción a la que se opuso la dueña de la casa. En todo caso, consiguieron extraerle el compromiso de reintegro de las 8.000 pesetas como condición para su puesta en libertad. Antonio Saloña, comerciante cuyo negocio radicaba en Barcelona y distribuidor de productos en el centro de internamiento de Carranza, fue la persona requerida por el secuestrado para que acudiera a Santander y depositara 8.000 pesetas en las arcas de la Gestapo.

Hasta aquí los hechos que se narran en el informe que, sin embargo, distan de ser los más relevantes del mismo. Distracción de sumas de dinero y clandestinidad suelen ser elementos que se asocian con facilidad. Pero son otras las informaciones que aporta que concitan mayor interés.

Hay una referencia a alemanes fugados de campos de concentración y dos explícitas al campo de Carranza. El internamiento de alemanes que cruzaban la frontera, sobre todo tras la liberación del sur de Francia, supuso que se tuvieran que habilitar distintos emplazamientos para su control. El destinado principalmente para tal fin fue el de Miranda de Ebro, inaugurado en 1937 para encerrar a presos republicanos. A partir de 1940, con el desarrollo de la II Guerra Mundial, fue destinado a la concentración y clasificación de extranjeros que venían huyendo de la contienda. Y ya a partir del verano de 1944, con el desmoronamiento de las potencias del Eje, comenzó a albergar también nazis y colaboracionistas, hasta su cierre definitivo en 1947, lo que supuso el final del sistema concentracionario español.

Sin embargo, la mención concreta que se hace en el texto es al de Carranza, al balneario de Molinar de Carranza. A partir de 1943 una serie de centros termales fueron habilitados como residencia custodiada para extranjeros mayores de 40 años, mujeres, niños y enfermos. En la zona próxima a Bilbao y a Miranda se encontraban los de Urberuaga de Ubilla, Molinar de Carranza y Sobrón (este último en Álava). La razón fundamental se fundaba en descargar el campo de Miranda de Ebro ante el aumento del contingente de alemanes que venían huyendo del avance aliado en el sur de Francia, entre los que hay que reseñar un elevado número de funcionarios de aduanas.

Habida cuenta de quienes eran los internos las medidas de seguridad no eran las mismas que en los campos, por lo que las posibilidades de fuga eran mucho mayores. Y más aún si contaban con la colaboración de una red semiclandestina de apoyo. En cuanto al sostenimiento económico, este corría a cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, como ya se ha mencionado, que es el que ordenaba los pagos (cabe mencionar igualmente que, a diferencia del campo de Miranda, se trataba de instalaciones privadas, lo que suponía un desembolso adicional). Se apunta en diferentes fuentes consultadas un importe trimestral de medio millón de pesetas para el mantenimiento de los centros de Sobrón y Carranza, compatible con las cantidades mencionadas en el informe. A estos importes hay que añadir las cantidades que la Gestapo ponía a disposición de su red de influencia en los centros de internamiento.

El proceso en el que el documento adquiere un sentido pleno es el de la política de desnazificación emprendida por los países vencedores tras el final de la contienda; es decir, eliminar los vestigios de nazismo en la sociedad, política, instituciones, educación y cultura de Alemania y desmontar el entramado económico que pudiera subsistir para impedir cualquier posibilidad de repetición. En esta línea, una de las medidas fundamentales era la rendición de cuentas en sus países de criminales de guerra o con alguna responsabilidad contrastable en la misma. De esta manera se elaboraron relaciones de acusados, como el de la mencionada Oficina de Servicios Estratégicos (OSS) en el que se establecía una categorización en función de los cargos, o la “Lista de Repatriación”, confeccionada por el Consejo de Control Aliado y presentada al Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en la que figuraban 104 acusados de colaboradores con el nazismo a los que se quería deportar, en este último caso a Alemania, para que fueran encausados.

Otra de las averiguaciones aportadas en el informe señala en esta dirección. Se trata del grupo de 185 alemanes, escondidos y controlados por Falange de Santander, que debían evitar el embarque el día 6 del mes siguiente (junio de 1946). La mencionada política de repatriaciones desde España, impulsada por los aliados, se concretó en algunos transportes, sobre todo vía tren o barco. En el caso que nos ocupa, a principios de junio el gobierno de Estados Unidos había fletado un barco, un vapor llamado Marine Perch, que tras hacer escala en Lisboa llegó a Bilbao algún día más tarde de lo previsto, el 10 de junio, desde donde zarpó hasta el Puerto de Bremen (Bremerhaven). Anteriormente, otro buque el Highland Monarch había partido desde Bilbao el 7 de marzo también con destino a Alemania. Por último, otro vapor, el Marine Merlin seguiría parecida ruta en septiembre de ese mismo año.

A pesar de las quejas transmitidas desde la embajada de EE. UU. a James F. Byrnes, secretario de Estado, las distintas expediciones no alcanzaron en ningún caso el objetivo perseguido: salvo excepciones la mayor parte de los repatriados fueron actores secundarios, de escaso interés para el Consejo de Control Aliado. De hecho, nadie de la lista de los 104 integrantes de la “Lista de repatriación” fue devuelto a Alemania. Así pues, el régimen franquista soportó las presiones que hasta 1948 ejercieron estadounidenses y británicos, y protegió, dio cobijo o facilitó la huida, sobre todo a países sudamericanos, de miembros que tuvieron un grado de relevancia dentro del nazismo, concediendo, en todo caso, la deportación de piezas menores.

En el informe queda de manifiesto que la red de apoyo y evasión está conformada tanto por alemanes, miembros del ejército de Tercer Reich y colaboradores, como por españoles: el conocimiento del secuestro por parte del secretario del gobernador civil, con todo lo que ello supone, unido a la participación efectiva de integrantes de la Falange o de organizaciones de su entorno (Guardia de Franco, Auxilio Social, excombatientes de la División Azul) constituye una demostración de cómo estaban estructuradas estas tramas. Igualmente se menciona el Hogar del Camarada, cuya sede estaba ubicada en la calle Alcázar de Toledo, en la conocida posteriormente como “casa tapón”, a la que dedicamos un artículo en el que aludíamos a esta ocupación.

El divisionario aporta al agente del servicio de inteligencia que elabora el informe unas cifras de alemanes dependientes de la Falange santanderina que, más allá de que pudieran estar sobredimensionadas, apuntan a una implicación decidida de algunos de sus miembros. Tanto es así que el joyero había creado una organización secreta llamada ACANS (Ayuda Camaradas Alemanes Nacional Socialistas), que recaudaba fondos mediante un sistema de aportaciones voluntarias, que iban anotándose en una especie de cartilla que se iba sellando con cada pago efectuado y de la que no existe mayor constancia.

Por supuesto, la red de apoyo a fugados trascendía los límites provinciales, si bien parece claro que Santander les ofrecía un buen nivel de seguridad. Los tres aviadores mencionados provenían de San Sebastián, en cuya playa se vio obligado a aterrizar, por falta de combustible, el vuelo que traía desde Noruega a León Degrelle, al que su país reclamaba la deportación, acusado de traidor a la patria. Los tripulantes, una vez repuestos de sus heridas en el hospital (el pasajero principal Degrelle estuvo internado año y medio), pasaron por alguno de los balnearios auxiliares del entonces Depósito de Concentración y Clasificación de personal extranjero de Miranda de Ebro, de donde se fugaron, refugiándose en Villa Tortosa, en el barrio donostiarra de Gros. De allí se desplazaron a Santander, una retaguardia idónea a la espera de poder escapar definitivamente. Se reseña que los tres tripulantes, pertenecientes a la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana, no eran militantes del Partido Nacional Socialista.

La calle de Perines, en Santander, no tiene el mismo glamour que el Barrio de Gros. Los tres aviadores estaban alojados por aquel tiempo allí, en la casa de la mecanógrafa del Gobierno Civil de Santander. El hecho de que trasladaran al secuestrado a ese domicilio para forzar una confesión parece que resultó poco discreto, porque se apunta la posibilidad de que la residencia quedara quemada como escondite. Curiosamente en esa misma calle de Santander tuvo fijada su primera dirección Hans Bormann, uno de los 104 de la “Lista de repatriación”.

Alberto Duringen, recordemos, el piloto del vuelo de Degrelle, partió posteriormente hacia Argentina, donde trabajó en la aviación civil. La última referencia de la que disponemos de él nos lleva hasta diferentes autos judiciales en los que figura como detenido ilegalmente, en enero de 1977 (contaba entonces 63 años), y trasladado a la Escuela Mecánica de la Armada (E.S.M.A.), “donde se lo conociera como el alemán, presuntamente piloto de la Segunda Guerra Mundial”, punto en el que su rastro, desaparece. En los mencionados autos judiciales aparece encuadrado entre los casos de personas que fueron arrojados al mar en los “vuelos de la muerte” durante la última dictadura militar argentina. Un terrorífico final, a priori inesperado si tenemos en cuenta el recorrido de la primera mitad de su vida.

Finalizamos este artículo como comenzábamos el anterior., con un recuerdo a la obra de Almudena Grandes “Los pacientes del doctor García”. No deja de ser una coincidencia que este informe confidencial que nos ha servido para ilustrar cómo se desarrollaban las tramas de apoyo a prófugos alemanes hacia la mitad de la década de 1940 nos la haya evocado en algún momento. La conclusión que ofrecemos también puede extraerse de la lectura del libro de Almudena: hacia 1948 el mundo caminaba aceleradamente a un nuevo escenario, el de la Guerra Fría, en el que la Unión Soviética y la ideología comunista constituían los nuevos enemigos que derrotar para las llamadas democracias occidentales. A partir de esta premisa España, país que había quedado en una situación aislada y débil tras el final de la II Guerra Mundial, bajo un régimen dictatorial, pasó a convertirse en un aliado de gran relevancia. La depuración de responsabilidades de los nazis residentes en España dejó de interesar a estadounidenses y británicos, así muchos de ellos pudieron continuar su vida sin sobresaltos, incluso después de 1975.

El informe que presentamos, mecanografiado y escrito en inglés, forma parte del fondo de documentos desclasificados de la colección de la CIA a partir de la Ley de Divulgación de Crímenes de Guerra Nazis aprobada por el gobierno de Estados Unidos en 1998. Está accesible en la página de la sala de consulta electrónica de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act Electronic Reading Room).

Está datado el 23 de mayo de 1946 en Bilbao. La persona que lo redactó, agente de la OSS (Office of Strategic Services), servicio de inteligencia de Estados Unidos predecesor de la CIA, da cuenta de un secuestro ordenado por la Gestapo (la policía secreta de la Alemania nazi continuaba operando en la clandestinidad). El nombre de la persona secuestrada era Heinz Loesch, responsable de la gestión económica del Campo de internamiento de Carranza, en la vecina provincia de Vizcaya. Se le acusaba de haber robado 240.000 pesetas, cantidad aportada por las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores (en castellano en el documento) de España, para los gastos de mantenimiento de los alemanes allí recluidos. La práctica habitual consistía en que el Ministerio transfería 120.000 pesetas mensuales al gobernador civil de Santander (entonces Joaquín Reguera Sevilla), que lo hacía llegar a Wilhelm Dobiasch, oficial del Ejército alemán a cargo del centro de Molinar de Carranza. Sin embargo, los dos últimos meses Dobiasch no había recibido tales cantidades. En todo caso, los hechos, según la fuente, no están claros.