El día en que Cantabria ganó la autonomía y evitó formar parte de Castilla y León

Cuando Ambrosio Calzada y la Corporación que presidía en Cabezón de la Sal aprobaron por unanimidad una moción que pedía un Estatuto de Autonomía para Cantabria los relojes empezaron a contar los seis meses que restaban para que dos tercios de los municipios cántabros se sumaran a la propuesta. Aquel 30 de abril de 1979, bien por oportunismo, bien porque no hay mejor manera de que las cosas salgan adelante que por las bravas, se tomó la decisión de activar el mecanismo constitucional que hizo posible lo que hoy es Cantabria, una Comunidad Autónoma con personalidad propia y diferenciada de Castilla y León.

Todavía en algunos medios de comunicación de Madrid se suelen referir a Cantabria como Provincia de Santander e incluso La Montaña, 40 años después de que se aprobara el primer Estatuto de Autonomía por las Cortes en 1982. Entonces se desconectó política y jurídicamente la Comunidad de una historia en la que Cantabria fue durante siglos la salida al mar de la Corona de Castilla y ya más recientemente una de las provincias integradas en la región de Castilla la Vieja.

La transición democrática y la Constitución de 1978 dieron rienda suelta a un magma de reivindicaciones políticas e identitarias en donde el mapa preautonómico se estaba configurando. Cantabria no fue ajena a estas convulsiones y ya antes de la Carta Magna, en los años 70, el primer movimiento autonomista se dejaba sentir. La Comunidad era mucho más que su capital, cuyo nombre llevaba, y además tenía unos rasgos identitarios propios que si en algo se asemejaban era a otras comunidades del norte más que a la meseta castellana.

De aquella sopa autonomista primigenia la Constitución sancionó una 'big bang' de dos velocidades: aquellas comunidades que tenían precedentes estatutarios, a las que se asoció con territorios históricos y que se regían por el artículo 151 de la Constitución y otras, el resto, que se regularían por la 'vía lenta' del artículo 143. El régimen preautonómico se concedió en 1978 a Cataluña, Euskadi, Navarra, Galicia, Aragón, Archipiélago Canario, País Valenciano, Andalucía, Archipiélago Balear, Extremadura, Castilla y León (donde se integraba Cantabria tras rechazarse una propuesta de régimen preautonómico propio), Asturias, Murcia y Castilla La Mancha.

Cantabria ya tuvo una experiencia preautonómica fallida décadas atrás. Fue el precedente de un borrador de Estatuto Cántabro-Castellano durante la II República (1936), pero, muerto el dictador Francisco Franco, los ánimos descentralizadores volvieron a tomar vuelo. La novedad se centraba en la desvinculación con Castilla, un anhelo que vio vía expedita para su cumplimiento, a través de la nueva Constitución que establecía la posibilidad de que una “Entidad Regional Histórica” dispusiera de un Estatuto en un proceso que se podría abrir, bien vía Diputación, bien vía municipios, con los dos tercios de apoyo de estos.

“La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas”, dice la Carta Magna de 1978, y a ello se agarraron los autonomistas cántabros como a un clavo ardiendo.

30 de abril

En 1977, los partidarios del estatus autonómico se aglutinaban en torno al Organismo Unitario para la Autonomía de Cantabria y convocaron manifestaciones. También y con carácter previo a las elecciones municipales los partidos de izquierda se juramentaron por el Estatuto, fuera cual fuera el resultado de cada uno. Fue lo que se conoció como el 'Compromiso Autonómico' suscrito por PSOE, PCE, PRC, PTE y ORT.

Una vez resultas las elecciones, se produjo el detonante del proceso. Fue cuando el 30 de abril Ambrosio Calzada abrió la espita autonómica y su Ayuntamiento pidió el Estatuto. Para que esta solicitud fraguara se disponía de seis meses. Santander lo pidió el 17 de mayo y el 19 de junio ya se habían sumado 68 ayuntamientos. Al final del plazo, 87 municipios que sumaban el 96% de la población, así como la propia Diputación Provincial, pidieron la autonomía haciendo cumplir el requisito constitucional.

Sería injusto responsabilizar a Calzada y su Ayuntamiento de intentar obtener un rédito político por ser los primeros en pedir la autonomía. La constitución de Cantabria como Comunidad Autónoma uniprovincial tenía múltiples riesgos y opositores y, no menos cierto es que, si se hubiera requerido de un consenso previo lo más seguro es que Cantabria hubiera acabado integrada en Castilla y León, en cuyo régimen preautonómico ya constaba. No hay certeza de lo que hubiera ocurrido si nadie hubiera activado el mecanismo por iniciativa propia, pero el detonante de Cabezón espoleó a los demás ayuntamientos, aunque no a todos: más de una veintena de municipios ni siquiera votaron la propuesta. La Autonomía de Cantabria tal y como se conoce ahora es obra de 83 municipios y de la antigua Diputación Provincial.

De puertas adentro no hubo una postura unitaria en Cantabria pero sí que los vientos soplaban a favor de la autonomía. De hecho, junto a organizaciones netamente cantabristas como ADIC (Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria), y que tuvo en el Manifiesto de los 100 y las manifestaciones autonomistas sus momentos estelares, surgieron organizaciones apegadas a lo castellano como Aceca (Asociación de Cantabria en Castilla y León). Todo ello se desenvolvía en una coctelera en donde se mezclaba la crisis económica y política del tardofranquismo y la violencia terrorista en todos los órdenes, también en el territorial.

Legitimada la petición de autonomía, una asamblea mixta de diputados provinciales y nacionales de Cantabria fue la que se encargó de redactar el primer borrador de Estatuto tras la petición formal de autonomía el 21 de junio de 1979.

El borrador que entró en Cortes solo contó con el apoyo de los diputados de UCD, ya que socialistas y regionalistas votaron en contra. No obstante, el texto acabó siendo aprobado en la Cámara Baja el 15 de octubre de 1981 con 235 votos favorables, 23 abstenciones y dos en contra. Tras pasar por el Senado sin problemas, la Ley Orgánica estatutaria fue aprobada y entró en vigor el 1 de febrero de 1982. En unas semanas se cumplirán 40 años.

Pareció fácil y con resultados menores comparado a los de otros territorios históricos, pero el Estatuto de Autonomía de Cantabria fue el resultado de un esfuerzo titánico que no estuvo claro que saliera bien y supo solventar el envite de centralistas, castellanistas y la propia tradición del pasado.