El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha anunciado este miércoles que se personará ante el juzgado en el que se ha admitido el concurso de acreedores del Grupo Tinamenor para hablar con el administrador encargado de llevar a cabo el trabajo y conocer “al detalle” cuál es la situación real de la empresa. Además, han asegurado que van a estar “vigilantes”, porque la federación considera que este negocio es un “proyecto estratégico” para el conjunto de la comunidad autónoma y en especial para la zona de San Vicente de la Barquera.
El sindicato ha asegurado a través de una nota de prensa que aportará “las energías necesarias” para que el plan de viabilidad tenga garantías de futuro para las seis factorías del grupo y, en especial, en las tres empresas de Cantabria, ya que su actividad repercute en 65 puestos de trabajo directos en la región y en otras 300 personas indirectamente que se dedican al marisqueo en Galicia.
Así lo han expuesto en rueda de prensa el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO, Jesús Villar, y el secretario general de la misma Federación de Cantabria, Jesús Gallo, quienes han estado acompañados por los tres delegados de personal de CCOO en Tinamenor, José Luis Fernández, Josefina Fernández y Ángel Fernández.
Incertidumbres económicas y administrativas
Villar ha explicado que, a pesar de que el grupo ha indicado que no va a haber un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), la situación actual del grupo tiene incertidumbres. Por un lado económicas, ya que la empresa acumula una deuda de 25 millones de euros, que incide directamente a las plantas de Cantabria.
Se trata, ha dicho el responsable de CCOO, de un problema de financiación que se remonta a un préstamo de 2007 en el que hay implicadas varias entidades bancarias, y que, aunque se han venido renegociando las condiciones a lo largo de los años, existen algunas “lagunas de viabilidad”, por lo que será la administración concursal quien determinará en qué condiciones quedan las deudas con cada uno de los acreedores.
Además, hay un elemento muy importante en este concurso, ha dicho Villar, y es la inversión de 11 millones de euros que han realizado en una de las plantas de Canarias, que de momento es improductiva debido a dificultades técnico-administrativas con diferentes administraciones y es donde se quiere reorientar el futuro de la empresa.
Por otro lado existe un problema de ocupación, ya que la empresa tiene una sentencia firme del Tribunal Supremo que declara que desarrolla su actividad en terrenos de dominio público, por lo que, el Gobierno central y el autonómico tienen que aclarar qué va a pasar con el acuerdo que se firmó en 2008.
Otra de las incertidumbres que se están generando es qué va a ocurrir con la solicitud de otorgamiento de concesión administrativa para la ocupación de más de 300.000 metros cuadrados que ha realizado la empresa ante Costas para ampliar los terrenos de ocupación y que va a tener que aprobar el Ejecutivo.
Llamamiento a las partes
Villar ha recordado que en febrero de 2008 se firmó un compromiso y unas condiciones para reubicar la planta de Tinamenor en otro lugar “idóneo” de Cantabria, con el Gobierno regional, la Administración local, los sindicatos y ARCA, un acuerdo que estaba coordinado por el delegado de Gobierno que reunía periódicamente a todas las partes, pero ha criticado que, desde la entrada del nuevo Ejecutivo hace cuatro años, el nuevo responsable, Samuel Ruiz, “no ha vuelto a convocar ninguna reunión, a pesar de habérselo solicitado por escrito en numerosas ocasiones”.
Por esta razón, Villar ha realizado un llamamiento a las partes firmantes del acuerdo de 2008 para acercar puntos de vista y evitar que cese la actividad, que la empresa “reoriente lo que tenga que reorientar”, pero sobre todo que garantice los puestos de trabajo, tanto los directos como los indirectos.
Ha señalado que CCOO ya ha mantenido una reunión con el alcalde de Val de San Vicente en la que también ha estado presente la empresa y que el sindicato está intentado contactar con ARCA y con el actual presidente del Gobierno de Cantabria, pero ha recordado que es el Gobierno central quien tiene “en su tejado la pelota” de la nueva concesión que presenta modificaciones a la solicitud anterior.
Escasa información de la empresa
Los dirigentes sindicales han criticado que su organización conoció la noticia del concurso de acreedores “cinco minutos antes” de que lo hicieran público y ha reprochado que la empresa “no nos ha aportado documentación ni información salvo a toro pasado”, cada vez que salía una sentencia, nuevas denuncias de ARCA o reuniones con el Gobierno cántabro, “lo hemos conocido a través de los medios de comunicación”.
Por parte los trabajadores, José Luis Fernández ha declarado que no creen que vaya a haber una deslocalización en Cantabria, ya que la licencia que se ha solicitado es para ampliar la producción de los 20 millones de alevines actuales a los 40 millones, aunque la plantilla está preocupada por las incertidumbres que se han generado.