Más de un centenar de cántabros trabajan expuestos al amianto pero sigue sin crearse el registro autonómico

Las empresas Ferroatlántica y Tecnell tendrán que pagar 172.122 euros a la familia de un trabajador que falleció por cáncer en 2018 tras inhalar amianto. Según informó la Cadena SER, Ferroatlántica ha sido condenada por incumplir la obligación de proteger la salud de los trabajadores, una materia que, en lo que concierne al control público de este producto cancerígeno, está aún sin desarrollar en Cantabria.

La sentencia del Juzgado número 4 de Santander es la punta del iceberg de una enfermedad laboral que puede afectar potencialmente a miles de trabajadores y que tiene todas las papeletas para derivar en un cáncer incurable. De hecho, en Cantabria ni siquiera hay un registro autonómico, piedra angular para regular la protección de los trabajadores.

Actualmente en Cantabria, y según datos facilitados por UGT, hay más de un centenar de trabajadores de 13 empresas que a diario están expuestos de forma continua al amianto. En concreto, el sindicato lo cifra en 113 personas. Sin embargo, Pedro Cobo, representante de UGT en la Comisión Provincial del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), añade que hay un número indeterminado pero a todas luces importante que se expone ocasionalmente al amianto. Destacan los trabajadores de la construcción y de aquellas contratas y empresas que han de trabajar en la retirada de tuberías o uralitas de fibrocemento.

Sanidad lo creará “en breve”

El amianto está clasificado según la legislación española como cancerígeno de primera categoría, es decir, “sustancia que se sabe, es carcinógena para el hombre”. Según UGT, desde 2006 Cantabria debiera disponer de un registro autonómico que incluya a todos los trabajadores que de algún modo u otro están expuestos al amianto. Por parte del INSS no hay inconveniente y de hecho tienen listo para la firma un convenio con la Consejería de Sanidad, pero esta no parece estar interesada en la firma y a día de hoy no ha contestado al último requerimiento.

Consultada la Consejería de Sanidad al respecto, un portavoz manifestó que se prevé que el registro “esté listo en breve”. Actualmente, su constitución es objeto de estudio por parte de “los departamentos correspondientes de la Consejería y del Servicio Cántabro de Salud”.

Un tratamiento contra un cáncer pulmonar generado por el amianto (asbesto) suele costar cerca de 300.000 euros a la Sanidad pública por lo que la formación preventiva y el control de las condiciones de trabajo son, desde un punto de vista economicista, también un acicate para invertir en prevención y formación.

El registro de trabajadores expuestos está implantado en la mayoría de las comunidades autónomas en cumplimiento de distintas normativas legales tanto europeas como nacionales y que fue aprobada por el Congreso de los Diputados en marzo de 2006.

El sindicato UGT ha vuelto a solicitar en la Comisión Provincial del INSS la firma de este convenio que implicaría la actuación conjunta de ambos organismos con un registro en el que la Consejería de Sanidad se encargaría de realizar un programa de seguimiento de vigilancia de la salud, de vigilancia epidemiológica de morbilidad respiratoria y de las causas de mortalidad de las personas incluidas en dicho registro.

Según precisa Pedro Cobo, “llevamos más de una década solicitando lo que ya han hecho casi todas las comunidades autónomas para realizar un seguimiento médico, tal y como exige la ley, y disponer de los correspondientes informes de los facultativos para actuar en consecuencia”.

“En el INSS nos dicen que hay disposición absoluta a ello pero no sabemos cuáles son las razones por las que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria no termina de firmar el convenio”, critica Cobo.

El representante de UGT en el INSS añade que “no disponer del registro es un agravio y una clara desventaja para las personas trabajadoras afectadas en Cantabria y sus familias en comparación a las de las demás autonomías porque no cuentan con esos informes médicos que ayudan a la prevención de la enfermedad, el establecimiento del hecho causal y su reconocimiento como contingencia profesional”.

“De hecho, esos informes médicos oficiales evitarían los largos procesos judiciales que tienen que iniciar los afectados frente a empresas, Seguridad Social y mutuas para el reconocimiento de su enfermedad”, puntualiza Cobo.

Sectores afectados

“No es de recibo que estemos en 2022 y ni siquiera se haya creado en Cantabria un registro de los posibles afectados, dejando desamparados a trabajadores de todos los sectores productivos, especialmente algunos con gran volumen de empleo en Cantabria como la construcción, la industria del automóvil, la fabricación de cemento, la industria naval, la textil o el transporte”, subraya el representante de UGT en la Comisión Provincial del INSS.

Cobo recuerda que “el amianto está presente en la actualidad en unos 3.500 productos de la industria moderna; desde las tejas, baldosa o azulejos y en todos los productos de cemento; en las herramientas y piezas de la industria de la automoción como embragues, frenos o componentes de transmisión; y hasta en los trajes ignífugos”.

UGT matiza que el amianto provoca cada año en Europa 88.000 muertes, propicia entre el 55% y el 85% de los cánceres de pulmón detectados en la actividad laboral y que, según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la exposición a este mineral provocará unos 130.000 fallecimientos antes del año 2050 si no se toman medidas de manera urgente.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2022 incluyen una partida especial de 25 millones de euros destinados a un fondo de compensación para las víctimas por exposición al amianto, que UGT ha pedido ampliar para las exposiciones en edificaciones afectadas por instalaciones con materiales con amianto.