El nuevo Gobierno de Cantabria ya ha encargado una auditoría forense para esclarecer el destino de los 18 millones de euros de dinero público que invirtió el anterior Ejecutivo del PP en la empresa Nestor Martin-Ecomasa. En caso de que se detecten irregularidades, el bipartito acudirá a la Fiscalía, tal y como ha anunciado este viernes la vicepresidenta de la comunidad autónoma, Eva Díaz Tezanos, quien también ha avanzado que el resultado se conocerá en unos quince días.
La fábrica de estufas llegó a Cantabria en 2012 procedente de Bélgica y de la mano del Gobierno de Ignacio Diego, quien tenía relación directa con los promotores del proyecto Jesús Lavín y Andrés de León. La empresa se instaló en el municipio de Camargo y acogió a casi un centenar de los 171 trabajadores que meses antes habían sido despedidos en Teka, que deslocalizó su producción de cocinas de Santander a Turquía.
A cambio de esta recolocación, la Administración regional 'gratificó' a Nestor Martin con una inversión cercana a los 15 millones de euros. Además, los ex empleados de Teka cedieron los 3,2 millones de euros de indemnización que les correspondía por los despidos. Por su parte, Lavín y León aportaron al capital social 3.000 euros, según han apuntado los trabajadores en distintas ocasiones.
Tras apenas tres años de actividad, dos Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) y la inyección de más capital público, Nestor Martin entró el pasado mes de abril en pre concurso de acreedores, ante la “indignación” de los empleados, que se sentían “doblemente estafados”. Por un lado, por haber perdido la indemnización de sus despidos y, por otro, como cántabros, por la “importante” inversión del Gobierno perdida.
Un mes después, el comité de empresa aprobó iniciar acciones penales contra los administradores de la empresa por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y malversación de caudales públicos, tal y como adelantó eldiario.es Cantabria.
La querella ha sido recientemente admitida a trámite por la Fiscalía. El caso podría acabar 'salpicando' a algún alto cargo del anterior Gobierno, ya que la Administración posee el 30% del accionariado. En el Consejo de Administración de la empresa han estado representantes de Sodercan, la empresa pública dependiente de la Consejería de Industria, dirigida entonces por Eduardo Arasti.
Los trabajadores mantienen la sospecha de que buena parte de los 18 millones de euros invertidos por el Gobierno regional y los casi 3,5 que ellos mismos aportaron “ha salido de España”. En este sentido, subrayan que “en tres años de actividad aquí es imposible que se haya gastado”. Y, al hilo de esto, apuntan que la matriz de la empresa quebró recientemente con un agujero de unos 20 millones de euros.