Inspección de Trabajo detecta “sólidos indicios” de fraude de ley en la gestión económica de Frenos Iruña

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Cantabria tiene sobre la mesa un informe demoledor sobre las prácticas llevadas a cabo por Frenos Iruña, propietaria de Greyco, en la fundición situada en San Felices de Buelna. El documento relativo al Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) solicitado por la compañía de Pamplona para los 59 trabajadores cántabros detecta “sólidos indicios” de fraude de ley y concluye que “no ha mediado buena fe” por parte de la dirección de la empresa.

Este informe del inspector de Trabajo, al que ha tenido acceso eldiario.es Cantabria, subraya la “conexión y confusión” no señalada entre ambas empresas que apuntan a un “fraude de ley” en las causas económicas y productivas esgrimidas para aplicar este nuevo ERTE a la plantilla, que sufre una congelación salarial desde el año 2010. Greyco es una sociedad con un único socio, Frenos Iruña, por lo que sus cuentas deben ser aportadas para justificar las pérdidas, según el informe.

En el documento elaborado por la Inspección de Trabajo se reflejan algunos de los hechos denunciados reiteradamente por los empleados de Greyco, como la salida de maquinaria de fabricación que no ha sido repuesta o la “cuestionable” política comercial que se realiza directamente desde Navarra por una persona designada por Frenos Iruña, y que demuestra que los precios de facturación “son diferentes dependiendo del cliente”.

Basándose en esta facturación, explica cómo un cliente externo puede pagar 6.000 euros por un molde con 32 horas de ocupación mientras que para Frenos Iruña se factura 1.450 euros con 65 horas de trabajo. Algo similar ocurre con las piezas especiales para la industria de los generadores eólicos, exclusivas para Frenos Iruña, donde se fijan precios cuyo coste de producción es mayor al de la venta, provocando un quebranto económico cada vez mayor a Greyco.

También hace constar la existencia de una hipoteca sobre la nave y los hornos de San Felices de Buelna desde 2008 por un préstamo de 1,5 millones de euros de la Caja Rural de Navarra con el objeto de destinar este crédito a la compraventa de la finca en la que se asienta Greyco, un extremo que los miembros del comité de empresa desconocían hasta la negociación actual. Se da la paradoja de que Greyco está pagando su propia compra.

Con todos estos argumentos a favor de la impugnación del ERTE, los trabajadores acudirán a la cita fijada para el próximo 16 de abril en los tribunales, donde se deberá decidir si se acepta el procedimiento que afecta a 59 empleados hasta un máximo de 60 jornadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Negociaciones abiertas

Mientras, el ORECLA -el organismo que se dedica a la solución extrajudicial de conflictos laborales- acogerá este viernes, a partir de las 12.00 horas, una nueva reunión de los representantes de la compañía navarra con los trabajadores, que afrontan una “situación crítica” en su séptima semana consecutiva de huelga como consecuencia de los impagos de sus salarios y las condiciones en las que se encuentra la fábrica.

Los avances desde el pasado lunes son imperceptibles, pese al acuerdo unánime alcanzado por todos los grupos políticos con representación en el Parlamento autonómico a una moción en la que se insta al Gobierno de Cantabria a gestionar con Frenos Iruña el pago de los sueldos pendientes, a actuar de intermediario para encontrar una solución viable que permita el mantenimiento de los puestos de trabajo y a buscar nuevos inversores que den continuidad a este proyecto industrial.

Más allá de las supuestas ofertas de grupos interesados en Greyco, todavía sin concretar, Frenos Iruña baraja la posibilidad de acogerse a un concurso de acreedores con el que aliviar la deuda de la factoría cántabra. La empresa pública Sodercan, dependiente de la Consejería de Industria que dirige Eduardo Arasti (PP), se ofreció como intermediaria pero no ha dado a conocer ningún tipo de negociación, un hecho que ha provocado la crítica de los trabajadores de Greyco.