El escándalo de Caja Rural en Cantabria: los millones que se esfumaron en créditos sin devolver para políticos y empresarios

Nunca se aclaró a dónde habían ido a parar los 1.345 millones de pesetas (más de seis millones de euros) en préstamos que desaparecieron en la Caja Rural de Cantabria entre 1977 y 1981. Tampoco nadie pagó por ello: ni se devolvió el dinero ni hubo responsables. Los 25 procesados echaron la culpa a un muerto: el propio director de la entidad, Tomás Mier, oportunamente fallecido para los intereses de los acusados seis años antes del juicio.

Una inspección del Banco de España destapó un escándalo mayúsculo en Cantabria en 1981. La entidad tenía unas deudas de 1.345 millones de pesetas incobrables por la ligereza con la que se habían autorizado créditos sin exigir avales. Algunos de ellos, además, a políticos, como los diputados de UCD Justo de las Cuevas y su familia –que recibieron 600 millones de pesetas en préstamos– y Roberto Sáez, un constructor y exdirigente de la CEOE, junto a empresarios locales y hasta dos cooperativas agrarias que nunca existieron, pero, aun así, recibieron 200 millones de pesetas. La Unión Territorial de Cooperativas del Campo (Uteco) también se benefició con 250 millones de pesetas. Su gerente era el propio director de Caja Rural, Tomás Mier. Todos recibieron el dinero, pero no lo fueron devolviendo en cuotas como hubiese correspondido.

Para denunciar los hechos se creó una Comisión de seguimiento de las irregularidades integrada por los sindicatos agrarios, las centrales sindicales de Cantabria y por tres partidos políticos: PSOE, PCE y el PRC de Miguel Ángel Revilla, que presentaron una querella criminal contra el director de la entidad.

La entidad tenía unas deudas de 1.345 millones de pesetas incobrables por la ligereza con la que se habían autorizado créditos sin exigir avales. Algunos de ellos a políticos

Mientras, el Banco de España cesó a todo el Consejo de Administración y despidió al director, quien presentó una reclamación por despido improcedente en la que pedía una indemnización de 30 millones de pesetas que fue desestimada. La entidad quedó intervenida por el Consorcio Nacional de Cajas Rurales, que tampoco hizo nada por recuperar los créditos impagados.

Posteriormente, se decidió elegir otra directiva de la entidad. Pero, tras una inspección, el Ministerio de Trabajo consideró que 15 de las 34 cooperativas socias de la Caja Rural de Cantabria no podían participar en la elección del consejo rector porque eran sociedades fantasmas utilizadas para cubrir algunas de las irregularidades cometidas por los anteriores gestores de la entidad.

Como presidente se eligió al exdiputado de UCD y entonces militante socialista, Ciriaco Díaz Porras, para sanear la entidad. Años más tarde el Tribunal de Cuentas descubrió que durante cuatro años estuvo cobrando 20.000 pesetas diarias en dietas indebidas, incluso después de ser requerido por el Banco de España para que dejara de hacerlo y reintegrase el dinero.

Tiempo después, en 1985, el Gobierno de Cantabria decretó la intervención de Caja Rural y Díaz Porras se negó a entregar la documentación a los funcionarios regionales y el asunto acabó en el Tribunal Constitucional. Un proceso que se enmarca en las luchas de poder que sostenían los partidos políticos por el control de la Caja.

Dos años después, en 1987, el Banco de España intervino la entidad –aún presidida por Díaz Porras, que para entonces ya era a la vez presidente del Consejo de Administración del periódico ALERTA– y planteó su disolución o venta. Más tarde llegó al rescate el Banco de Crédito Agrícola para resucitar a una entidad quebrada que seguía perdiendo depósitos de sus clientes ante la falta de confianza que generaba. Finalmente, Caixa y Caja Madrid compraron Caja Rural de Cantabria y un mes después se disolvió, en enero de 1988, después de haber recibido 3.225 millones de fondos públicos insuficientes para mantenerla con vida.

Proceso judicial

La justicia se lo tomó con más calma. Pasó año y medio hasta que fueron procesados el director y el presidente del Consejo, Amós Fernández, junto a otros cuatro directivos, acusados de delitos de falsedad y apropiación indebida. Les pidieron fianzas millonarias para no entrar en la cárcel y un depósito solidario de 300 millones de pesetas.

Pocas horas después de que declarasen en el juzgado, tres altos directivos de Caja Rural agredieron al presidente del comité de empresa de la entidad bancaria, Javier Mena. Le golpearon y tiraron al suelo en el vestíbulo de Caja Rural al finalizar su jornada de trabajo. Minutos antes, otro grupo de directivos, entre los que se encontraba el director de la oficina de Torrelavega y alcalde de Cabuérniga, José María Mier, habían estado visitando a los otros denunciantes para amenazarlos verbalmente.  

Tres altos directivos de Caja Rural agredieron al presidente del comité de empresa de la entidad bancaria, Javier Mena. Le golpearon y tiraron al suelo en el vestíbulo de Caja Rural al finalizar su jornada de trabajo

El fiscal procesó a 27 personas y solicitó para Justo de las Cuevas, entonces presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados durante el mandato de UCD, cuatro años de prisión menor por un delito de apropiación indebida y otros dos por falsedad en documentos públicos. Le consideró el verdadero promotor de la operación, con la connivencia del director de la Caja, Tomás Mier, que le permitió financiar las empresas de su grupo a costa del patrimonio de aquella entidad. Lo hacían a través de créditos nunca satisfechos.

Al fin, todo quedó en nada. El único condenado de los 25 acusados fue el entonces alcalde del Ayuntamiento de Ramales, Fermín Gómez Seña. Le condenaron a dos meses de cárcel por obtener 28 millones de pesetas en créditos que no devolvió. El escándalo que ocupó portadas y páginas de periódicos durante años quedó liquidado sin resolverse quiénes eran los responsables de los préstamos que, en realidad, fueron dinero regalado para algunos influyentes beneficiados de la élite política y empresarial de Cantabria.