El Gobierno de Cantabria no descarta una reducción del entorno de protección del conjunto monumental compuesto por el Palacio y Torre de Bustamante, tras las reclamaciones presentadas por vecinos, ayuntamientos y diversas organizaciones discrepantes con el alcance de 83 hectáreas afectadas por el Bien de Interés Cultural (BIC) enclavado en Quijas.
Juan Antonio González Fuentes, director general de Patrimonio, así lo ha hecho saber en comparecencia parlamentaria a los grupos parlamentarios de la oposición: la reducción será efectiva, siempre y cuando, ha matizado, los servicios técnicos así lo estimen y sea validado por la Comisión de Patrimonio Edificado.
El expediente de declaración del entorno de protección del BIC ha recibido en sus cinco meses de tramitación 11 solicitudes de información (de un ayuntamiento y 10 vecinos); tres requerimientos previos (de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, la Junta Vecinal de Villapresente y el Ayuntamiento de Reocín); dos alegaciones contra la incoación (de Hispania Nostra, solicitando ser parte, y de Ríos con Vida) y 87 recursos (45 de alzada pidiendo la nulidad, 39 de alzada pidiendo nueva delimitación del entorno y otros tres de alzada pidiendo la suspensión).
El director de Patrimonio ha indicado que los recursos y la petición de suspensión del procedimiento se rechazaron, pero que no se descarta una reducción del impacto de la protección, al menos por su parte. Con respecto al requerimiento de derribo la estación eléctrica, el Gobierno de Cantabria no se ha movido de su postura y entiende que todo acabará en un contencioso con CHC en los tribunales.
A resultas del estudio de alegaciones, se elaborará un informe que las tenga en cuenta con una “nueva propuesta de delimitación del entorno, posiblemente más reducido, lo que quedará en manos de los técnicos”, ha aclarado el director general, antes de dar cuenta de que el proceso no acabará ahí y que habrá nuevos períodos de información pública.
PSOE
La comparecencia del alto cargo ha surgido a iniciativa socialista, cuyo portavoz, Mario Iglesias, ha considerado la actual propuesta como “injusta y desproporcionada”, afeando que el Ayuntamiento de Reocín no tuviera comunicación previa de los planes de Patrimonio.
Iglesias ha mostrado su sorpresa por la rapidez en la tramitación del expediente, la extensión del área de protección (“Si unimos visualmente todas las torres [medievales de la zona] protegeríamos media Cantabria o todo Reocín. La Consejería se ha excedido muchísimo”) y la práctica coincidencia con una orden de derribo de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de parte de las instalaciones de la finca (el 9 febrero se publica en el BOC la incoación del expediente y tres días después la propiedad pide a CHC no demoler por estar en trámite un BIC). “¿Se ha hecho para que el señor marqués esquive una resolución de la CHC de derribo?”, ha preguntado el portavoz socialista, al igual que lo hicieran los socialistas de Reocín.
PP: “No es un privilegiado”
Quien ha respondido al socialista ha sido el portavoz del Grupo Popular en la Cámara, Alejandro Liz. Este, se ha felicitado de que se hayan cumplimentado todos los trámites del expediente, se ha congratulado de que pueda reducir el área afectada y ha descartado que haya un trato de privilegio al propietario por ser noble.
“Se está cumpliendo la ley escrupulosamente y los trámites que marca el procedimiento administrativo -ha dicho, para luego añadir-: ”En esta monarquía parlamentaria de la que gozamos, ser título no equivale a ser un privilegiado. Para ser un privilegiado hoy en día, bajo gobierno del Partido Socialista, tan solo hay que ser catalán, nacionalista, independentista y además tener siete escaños en el Congreso de los Diputados [el Grupo Republicano y Junts tienen siete diputados cada uno]. Ser título, hoy que no hay Corte, no supone ningún tipo de privilegio“.
El PP ha insistido en la legalidad de las actuaciones, justificando la celeridad en que, desde marzo, la Dirección General tiene a una persona encargada de dar salida a 43 declaraciones de BIC empantanadas desde hace años. Como la de Quijas, ha dicho Liz, es la más antigua, es congruente que se haya empezado por ella.
“Es la solicitud más antigua por lo que era la primera que había que acometer -ha dicho-. La realidad es que el Palacio y Torre de Quijas es monumento nacional y a día de hoy no tiene ningún entorno de protección. Se ha aludido a que había prisa y queda claro que se ha seguido el trámite correcto. El expediente se incoa cinco meses después, no haga creer el Grupo Socialista que ha habido aquí una prisa... que no ha sido así, y está todo comprobado por la oficina técnica de la Consejería”.
PRC y Vox
PRC y Vox no han cuestionado las explicaciones del Gobierno de Cantabria.
Por los regionalistas, Javier López Marcano, hay cosas que corregir, pero también ha visto “disposición de resolver lo que se hizo mal y hacer otro planteamiento a la hora de resolver las alegaciones”. “Lo mollar de este asunto es que alguien ha solicitado la delimitación del entorno de protección del BIC y hay que colocar en sitio preeminente las tareas de conservación del Bien de Interés Cultural”, ha valorado.
Leticia Díaz, por Vox, no ha visto nada que le llame la atención en la tramitación. “Ustedes no están haciendo más que cumplir lo que dice la ley -le ha dicho al representante de Cultura-. A priori, no tengo razones para pensar que detrás de esto haya una oscura intencionalidad.
42 años de un BIC desprotegido
Hace 42 años, el Boletín Oficial del Estado publicó el decreto por el que se declaraba monumento histórico-artístico el Palacio y la Torre de los Bustamante. Solo por este hecho, el conjunto ya tiene la declaración de Bien de Interés Cultural, pero como BIC carecía de un entorno de protección hasta ahora en que se ha iniciado el trámite.
Según el relato de González Fuentes, el hecho determinante ahora ha sido que su Consejería dispone desde marzo de una jefa de Sección de Inventario, encargada de resolver todo lo relacionado con los BIC. De ahí data el incoación del expediente de Quijas, cuya amplitud ha soliviantado a vecinos y propietarios del entorno, que no podrán realizar actividades productivas o urbanísticas que afecten a la visual del conjunto ni que, desde este, pueda ser afectada su visual por elementos arquitectónicos discordantes.
Desde que Ramón Bustamante, propietario del complejo, solicitó, vía Registro, la declaración de un entorno de protección, los técnicos de la Consejería han considerado que es “el conjunto” de instalaciones lo que fue declarado monumento y por lo tanto fue declarado BIC, “considerando como parte del conjunto todas las construcciones existentes consecuencia de la restauración hecha en 1960”, ha indicado González Fuentes en sede parlamentaria.
En enero de 2024, la oficina técnica aprobó un informe que delimitaba el entorno afectado, incluidos elementos asociados que no tienen carácter de monumento pero “dan apoyo”: carretera, puente, estación de ferrocarril; torres defensivas (5), la vega, el río, el azud, el canal interior y otros elementos.
El 29 de enero, la Comisión Técnica de Patrimonio Edificado acordó por unanimidad informar favorablemente del entorno. No ha cuestionado, como hace Confederación, el azud y el canal, ya que tendrían por fin “mantener la vinculación con el agua y la adecuada percepción de la Torre de Bustamante”.