El Gobierno de Cantabria va a poner en manos privadas el futuro Parque Científico y Tecnológico de la Salud, que se construirá en el solar que deje el derribo del complejo sanitario de la antigua Residencia Cantabria, un programa que tiene cada vez más perfilado, hasta el punto de que se constituirá una fundación para dirigirlo, que estará controlada por el principal inversor, según ha informado el consejero de Salud, César Pascual (PP), en una reciente comparecencia parlamentaria.
Preguntado por el papel que jugará en el futuro del Parque la Fundación Marqués de Valdecilla, Pascual no solo ha rechazado que esta controle el complejo sino que ha anunciado la creación de una fundación 'ad hoc', privada, cuyo patronato responda a los intereses del inversor o inversores principales. El consejero no ha ido más allá, salvo para decir que la Fundación Marqués de Valdecilla tiene competencias que la desbordan, incluso algunas impropias, por no añadir que su carácter público no es lo que se ha pensado para el Parque Científico y Tecnológico de la Salud que el Ejecutivo autonómico del PP pretende impulsar. Así, ha reflejado que el inversor privado que lo construya dirigirá la fundación de nueva creación, en donde instituciones como el Gobierno o la Universidad tendrán presencia, pero no mayoritaria.
“La creación de una fundación 'ad hoc' para gestionar un parque de estructuras de investigación y desarrollo no necesariamente tiene que corresponder a una administración pública. La propuesta que llevamos adelante es que el Patronato esté formado por patronos fundadores, mayoritariamente privados, que aporten presupuesto, por lo tanto es una fundación privada, no pública... en manos de quien pone el dinero para la fundación y en manos de quien pone las inversiones”, defendió Pascual en la tribuna de oradores del antiguo Hospital de San Rafael, sede del Parlamento de Cantabria.
¿Cuál será el papel del Ejecutivo que dirige María José Sáenz de Buruaga en este planteamiento? Según el consejero, “el Gobierno canalizará las inversiones en esa estructura y, claro que tendrá presencia, como la Universidad de Cantabria, pero no se va a limitar a una fundación clásica, con un Patronato en donde todos son directores generales, que es un órgano más del Gobierno y de gestión directa del Gobierno. Estamos proponiendo otra cosa, una cosa que le dé alta flexibilidad”.
La propuesta que llevamos adelante es que el Patronato esté formado por patronos fundadores mayoritariamente privados que aporten presupuesto, por lo tanto es una fundación privada, no pública
Al consejero de Salud no le gusta el perfil que tiene actualmente la Fundación Marqués de Valdecilla, que calificó de “fondo de saco”. “Tiene más competencias que la Comunidad Autónoma -ha ironizado-. Lo han metido todo, incluso de lo que no tiene competencia como la Fundación Tutelar. La que necesitamos para gestionar el Parque Científico no es la Fundación Marqués de Valdecilla. Hay que dar cabida a socios fundadores que aporten capital para que este proyecto salga adelante, independientemente de todas las inversiones que haga el Gobierno de Cantabria para la investigación y [aplicar] la Ley de Ciencia”, ha puntualizado.
'Boom' hospitalario
El recurso a la privatización, lo que eufemísticamente se conoce como colaboración publico-privada, está en auge en España en el campo sanitario. De hecho, el 'boom' de la construcción en España ya no está solo en la vivienda, sino en los hospitales privados, al compás del incremento de la contratación de pólizas de seguro. El número de personas aseguradas en España ha crecido un 40% en la última década (de 8,9 a 12,4 millones) y los grandes grupos hospitalarios están muy interesados por la construcción y la compra de equipamiento. Aunque el Parque que se quiere construir en el terreno de la Residencia Cantabria en Santander, frente al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, será una apuesta por la investigación, no se ha negado en ningún momento que tenga un componente asistencial o clínico.
Actualmente, el hospital privado del Grupo Igualatorio en Mompía fue adquirido en 2021 por la aseguradora Axa España, por 49 millones de euros. El de Mompía no es el único hospital privado de Cantabria. Otros centros de atención hospitalaria son Santa Clotilde y Mutua Montañesa.
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), quien ya pilotó cuando fue consejera de Sanidad la privatización de los servicios no sanitarios del Hospital Valdecilla, es firme defensora del concepto público-privado y apoya sin fisuras la gestión de César Pascual. Recientemente, Buruaga anunció que el Gobierno iniciaría “por fin” el derribo de la Residencia de Cantabria “después del verano”. “Un hito histórico sin vuelta atrás”, subrayó en junio de este año durante su discurso en el Debate del Estado de la Comunidad Autónoma.
Para el desarrollo del Parque Científico y Tecnológico de la Salud, un proyecto “estratégico”, la presidenta anunció que su Gobierno ya tiene “la hoja de ruta perfectamente definida”, comenzando por “la demolición de la antigua Residencia y los edificios anexos”. “Les anuncio que nuestra previsión es iniciar a finales del verano la demolición del complejo, con una duración aproximada de 24 meses y un presupuesto de 17,5 millones”, dijo Buruaga en aquel momento.
En cuanto al futuro proyecto del complejo sanitario, avanzaba hace meses que “está en fase de diseño” y, para ello, se trabajaba “en una triple dirección”: definición del proyecto científico y su contenido para lo que se ha constituido un Consejo Asesor externo e independiente y se han realizado consultas a referentes nacionales“; la reordenación de espacios y la demolición de la antigua Residencia y edificios anexos; y el estudio de la figura jurídica para la gobernanza del proyecto, ”apostando por la colaboración público-privada“. Dicha figura es la de fundación privada. Y añadió la presidenta entonces: ”Ya se han abierto contactos empresariales para atraer inversión nacional e internacional“.
Del PRC-PSOE al PP
Con la entrada en el Gobierno de Cantabria del PP se imprimió un giro a la política del anterior Ejecutivo bipartito PRC-PSOE, que había encargado un estudio para decidir si se reformaba el actual edificio o se tiraba. Para el PP, la alternativa no es tal, sino que ha apostado directamente por el derribo.
El anterior Gobierno de Cantabria de regionalistas y socialistas no tenía claro qué hacer con el edificio de la Residencia, un edificio cargado de amianto y muy costoso de reformar o derribar, pero sí que quería dar un nuevo uso a sus 38.000 metros cuadrados, propiedad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Antes de las elecciones de 2023, PRC y PSOE tenían previsto invertir 611.000 euros en estudiar y tomar una decisión de futuro y estaba dispuesto a gastarse cerca de 65 millones de euros en dar una nueva vida, dentro del ámbito de la sanidad pública siempre, a un exponente de desarrollismo sanitario de la historia reciente de Cantabria.
La información en torno al futuro complejo se dosifica con cuentagotas. La falta de transparencia fue objeto de denuncia por los constructores cántabros, interesados en las obras de derribo. La Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria denunciaba en julio “falta de transparencia” en la contratación pública del Gobierno de Cantabria para demoler la Residencia Cantabria y no descartaba acudir a los tribunales para defender los intereses del sector.
La Junta Directiva de la ACP expresó su malestar por el “sorpresivo” anuncio del “inminente” inicio de los trabajos de demolición del edificio, mediante una encomienda a la empresa pública TRAGSA.