“Ignoro qué pecados desean enjugar los concejales del equipo de gobierno de Santander con sus regalos al Obispado, pero el que quiera indulgencias, que las pague de su bolsillo”. Con estas palabras, Unidas por Santander ha expresado su oposición a que el Ayuntamiento de la ciudad financie a la Iglesia la construcción del nuevo albergue del peregrino, en la calle Limón de la capital cántabra, un proyecto que le costará a los santanderinos cerca de un millón de euros y que nunca será de su propiedad al levantarse sobre un suelo privado.
El carácter privado del suelo ya supuso un primer reparo de la Intervención municipal al pretender la Concejalía de Fomento construir el edificio sin más y ofrecérselo al Obispado. Intervención comunicó que no podría hacerse una retención de crédito (la reserva de una cantidad específica de una partida genérica presupuestaria) para financiar con fondos públicos una obra en una propiedad privada.
La propia Intervención sugirió que se realizara la operación mediante una subvención a terceros, y a partir de ahí, o bien se abría un proceso público, o bien se concedía una subvención nominativa. El Ayuntamiento optó finalmente por esta última fórmula, arropada mediante la firma de un convenio entre las partes, ya que la anterior hubiera supuesto un proceso de concurrencia pública para dotar de un albergue de peregrinos a la ciudad que no garantizaría que el Obispado fuera el destinatario final de la misma.
A primeros de este mes, la Junta de Gobierno Local firmó el convenio con el obispo Manuel Sánchez Monge que convertirá una propiedad de la Iglesia en la calle Limón de Santander (Cabildo de Arriba) en el nuevo albergue de peregrinos con capacidad para 48 personas.
El albergue se ubica sobre una parcela de 109 metros cuadrados, ocupada actualmente por un edificio de 86 metros cuadrados de planta y una conservación pésima, con instalaciones anticuadas, inexistencia de ascensor, desniveles en los forjados de planta y otras circunstancias que desaconsejan rehabilitar, sino derribarlo y hacer uno nuevo.
El proyecto tanto para el derribo como para la construcción del nuevo edificio ya está terminado. El inmueble tendrá una superficie construida total de más de 500 metros cuadrados, distribuidos en planta baja, cinco plantas de piso y bajocubierta, El nuevo albergue contará con una recepción, zona común de estar, aseos comunes, dormitorios con literas, dependencias para el hospitalero (residirán en el inmueble entre tres y cuatro religiosas), las cuales consistirán en habitaciones individuales, sala común, cocina y un oratorio.
El proyecto de derribo y nueva construcción se ha licitado por 68.622 euros y el plazo de presentación de ofertas concluyó el pasado 28 de enero. A ello se suma la construcción del nuevo inmueble, 837.400 euros, por lo que el total de la financiación municipal supera los 900.000 euros.
La construcción del inmueble ya estuvo dotado presupuestariamente en 2020. Dado que no se inició la construcción, la partida se ha trasladado a 2021 y a años siguientes dado que se trata de un plurianual. La única condición puesta por el Consistorio al Obispado es que, al menos durante 50 años, el inmueble se destine al uso que tiene el actual, como albergue de peregrinos. Pero el Obispado mantiene la propiedad de la finca con las mejoras, es decir, el nuevo edificio. Además, la licitación la realiza también el Ayuntamiento, ya que se considera más barato que si lo hubiera ejecutado directamente el Obispado.
Para el concejal de Unidas por Santander, el Gobierno municipal PP-Cs ha abierto una “línea de crédito de indulgencias” con el Obispado de Santander. “El Ayuntamiento ha conferido una subvención nominativa al Obispado, regalando casi un millón de euros para rehabilitar un edificio de su propiedad con la sola condición de explotarlo como albergue para peregrinos del Camino de Santiago, sin siquiera enunciar en el convenio que lo justifica qué beneficios traerá eso para el conjunto de nuestros vecinos”.
Malestar hostelero
Más que hablar de los posibles beneficios para los vecinos, cabría referirse a posibles perjudicados. El trasiego de peregrinos del Camino Norte de Santiago es habitual por Santander. El viejo albergue los aloja, pero también centros hoteleros de la zona, los cuales ven con preocupación, e irritación, la nueva construcción ya que tendrán que competir con nuevas instalaciones que se ofrecerán a cambio de un donativo.
Saro ha dado cuenta de las quejas que le han llegado del sector. El portavoz considera que el proyecto es “un desprecio” al resto del sector de la hostelería que atiende a los turistas que realizan el Camino de Santiago. Y estima que el proceder correcto en este caso hubiera sido concursar la construcción del albergue. “Si era intención del Ayuntamiento mejorar la atención a nuestros visitantes que realizan el Camino de Santiago, sea cual sea el motivo, religioso o lúdico, la subvención debería haberse otorgado en proceso de libre concurrencia y con publicidad, ampliando la oferta a todos los establecimientos de hostelería interesados”, ha dicho.
Además, Saro señala que la obra supone “una transferencia económica sin justificación”, puesto que el único compromiso del Obispado será explotar como albergue durante 50 años el edificio, a cambio de conservar la propiedad del mismo con las mejoras tras la rehabilitación de un edificio en un estado actual ruinoso. “El Ayuntamiento debiera haberse al menos reservado algún derecho sobre el edificio, situado en una zona de prioritaria actuación urbanística, como es el norte del Cabildo de Arriba, dado que debería ser una zona de actuación prioritaria pública”, insiste el concejal.
Dinero público a la Iglesia
En total, el Ayuntamiento de Santander lleva gastados o prevé gastar un total de 2,5 millones de euros en diversos proyectos de mejora de la catedral y su entorno, así como en propiedades del Obispado de Santander como el citado albergue de peregrinos. Si se suma a esta cantidad, 1,5 millones de euros que el Ministerio de Fomento está invirtiendo en la reforma de las dependencias capitulares de la catedral y del antiguo muro del Castillo de San Felipe, el gasto público en el entorno del principal monumento de la Iglesia en Cantabria supera los cuatro millones de euros.
Además, recientemente se hizo público que Cantabria había sido la cuarta comunidad con más bienes inmatriculados por la Iglesia entre los años 1998 y 2015. Concretamente, son 2.058 de un total de 34.961 en toda España, tal y como recoge el documento remitido por el Consejo de Ministros al Congreso y que adelantó elDiario.es.
Durante esos años, la Iglesia Católica española se apropió de miles de inmuebles amparándose en una reforma de la Ley Hipotecaria realizada en tiempos del expresidente José María Aznar (PP). Ahora, el listado pasa ser público y los más de treinta mil bienes e inmuebles podrán ser sometidos a consulta pública para que los particulares que consideren que tienen derechos de propiedad sobre los mismos puedan iniciar los procesos de reclamación.