La plataforma ciudadana Iniciativa Cantabria Sostenible ha denunciado los efectos de la reciente modificación de la Ley del Suelo sobre el mundo rural y el futuro de la región, al permitir la construcción de casas en terrenos rústicos.
El colectivo censura que la norma permita “sacrificar los suelos más fértiles para convertir los prados y mieses en solares urbanos para viviendas turísticas ocasionales”, convirtiendo así a la comunidad en “un coladero” para estas edificaciones.
Añade que la reforma legal, aprobada el pasado mes de diciembre y que acaba de entrar en vigor, convierte a Cantabria en una “excepción”, dentro y fuera de España, pues fomenta un modelo que no se lleva a cabo en otros países ni autonomías, ni siquiera vecinas o gobernadas por el PP, como Castilla y León.
Apuntan que ese modelo es solo “similar” al desarrollado en el mediterráneo, en zonas costeras de Málaga o Alicante, e implica que se está “vendiendo el territorio a visitantes foráneos que acabarán con la economía rural”.
Lo han expresado así en rueda de prensa este jueves miembros de la agrupación, que continúa con su campaña de concienciación, con actos públicos de información y debate en diferentes localidades cántabras, para promover una reflexión sobre el modelo económico y territorial “más conveniente” para el mundo rural y el conjunto de la región.
Se trata de algo que, como han criticado los portavoces de Iniciativa Sostenible que han comparecido ante los medios, entre ellos Carlos García (Arca), Diegu San Gabriel o Paulu Lobete, no han hecho los partidos políticos, ni en el Gobierno ni en el Parlamento.
El objetivo de las acciones que están llevando a cabo es intentar reorientar y relanzar el sector agropecuario, cambiar a un modelo económico “digno, diverso y sostenible” y, también, lograr la prohibición de viviendas en suelo rústico.
Porque, a su juicio, “el problema del medio rural de Cantabria no se arregla con una ley del suelo”, sino que “hay que ir más allá” y “reorientar y relanzar la producción y el trabajo en el sector primario”.
Los integrantes de la plataforma han advertido de que el aumento del precio de las parcelas por la “expectativa urbana” creada por el Ejecutivo autonómico impide al sector agroganadero ampliar sus explotaciones y hace que los jóvenes “emigren” por las dificultades de adquirir una vivienda, al tiempo que aboca a los cántabros a trabajos “temporales o precarios”.
“Los propietarios de fincas son herederos que no se dedican a la ganadería o a las tareas agrícolas. Los nuevos propietarios que invaden los suelos fértiles para hacer casas no van a producir”, han sentenciado, para tildar esto de “suicidio” o “guerra” al mundo rural.
De este modo, creen que la ley se modifica para “satisfacer las ambiciones económicas de una minoría ignorando los graves efectos permanentes que ocasionará a toda la comunidad y anteponiendo los intereses de algunos particulares al de toda la sociedad cántabra presente y futura”.
Frente a ello, consideran que “lo propio” de un gobierno sería priorizar una visión global y a largo plazo de Cantabria y legislar en consecuencia, en lugar de “dimitir de su obligación subordinando toda la comunidad a las ambiciones e intereses de particulares locales”, como han insistido.
En línea con lo anterior, consideran que la “incapacidad” de los políticos cántabros es “el mayor problema” de la región, pues -lamentan- “a lo largo de cuarenta años han sido y siguen siendo incapaces de planificar nada con visión de futuro”.
Así las cosas, cree que los dirigentes públicos “condenan” a la comunidad autónoma a “sufrir, una legislatura tras otra, su política de ocurrencias coyunturales”, de la que esta ley del suelo es “un ejemplo más”.
Iniciativa Cantabria Sostenible, que está integrada por una veintena de grupos y lleva tres años actuando en defensa del suelo rústico regional y de la reorientación y relanzamiento del medio rural, continuará con su campaña de concienciación sobre los efectos de esta reforma legal, y sin descartar otro tipo de acciones, incluso legales.