Izquierda Unida (IU) de Cantabria ha presentado alegaciones al decreto de viviendas de uso turístico que presentó recientemente el Gobierno autonómico, entre las que incluye medidas como la apertura de un período extraordinario de inspección de aquellas que se estén ofreciendo, una moratoria a la concesión de nuevas licencias y la aprobación de una tasa para la financiación de los costes de los servicios, además de que se excluya de su gestión a las empresas y sociedades.
Según ha señalado la formación este viernes en una nota de prensa, con estas medidas propuestas busca una “mayor regulación, luchar contra el descontrol y el incumplimiento de la Ley”, así como “proteger a las familias trabajadoras y favorecer su acceso a la vivienda”.
El coordinador de IU, Israel Ruiz Salmón, ha afeado el “negacionismo” del PP, y ha rechazado que las viviendas turísticas sean las responsables del incremento de los precios del alquiler, “en contra de lo que dicen todos los expertos”, ha afirmado.
Además, ha recriminado al Gobierno que enfoque el problema “sólo desde la perspectiva económica”, y que haya obviado otros aspectos en los que influyen las viviendas turísticas, como la ordenación del territorio o las propias políticas de vivienda, ha destacado.
Asimismo, también ha reprochado al Ejecutivo que renuncie a sus propias competencias y las que les atribuye la Ley de Vivienda estatal para abordar “el principal problema que tienen las familias hoy, la falta o dificultad de acceso ante la escalada de precios”.
Medidas planteadas
Por otra parte, una de las medidas plateadas por la formación recoge la realización de una inspección extraordinaria de aquellas viviendas anunciadas en páginas web e inmobiliarias en cuanto a la accesibilidad universal o la publicidad engañosa se refiere, así como plantea campañas regulares en los picos altos de ocupación.
Además, Ruiz Salmón solicita que se evite la entrada de fondos --empresas y sociedades-- en la gestión de las viviendas turísticas como recoge el decreto ya que, según ha opinado, esta medida “empeora la calidad de vida e ignora el derecho constitucional a la vivienda”.
Igualmente, la formación incluye en sus alegaciones establecer una moratoria de dos años en la autorización de nuevas licencias, y la fija un límite a su uso.
En cuanto a la gestión, IU ha criticado que se “derive” la responsabilidad de la regulación a los ayuntamientos sin el acompañamiento de medios humanos y materiales ante el incremento de la carga de trabajo municipal, por lo que han propuesto al Ejecutivo una línea de ayudas.
En este sentido, también ha incidido en la necesidad de una tasa turística que contribuya a financiar el gasto de los servicios públicos que supone el incremento poblacional.