Un año de legislatura ha tenido que transcurrir hasta que el Gobierno que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) haya dictado el primer anteproyecto de una ley específica que vaya más allá del periódico borrador presupuestario o de modificaciones puntuales del cuerpo legislativo existente introducidas por la puerta de atrás de una Ley de Acompañamiento.
La Ley sobre Simplificación Administrativa es uno de los compromisos programáticos del PP, cuyo borrador ha sido presentado este viernes y que en octubre se introducirá en el trámite parlamentario para su aprobación, una vez superado un período de consultas de un mes, sobre todo entre sectores productivos y colegios profesionales.
Según ha declarado este viernes la presidenta de Cantabria, el anteproyecto de ley tiene por fin reducir y adelantar los procedimientos administrativos de ciudadanos y empresas ante la Administración autonómica, pero también local y en las empresas y entes públicos asociados a las mismas, bien agilizando trámites, bien economizando gastos derivados de los procesos administrativos. Precisamente, una de las reivindicaciones históricas de las grandes empresas ha sido siempre la agilización de trámites para su instalación en Cantabria, un proceso que se dilataba tanto en el tiempo que los interesados acababan radicándose en comunidades limítrofes.
La norma estará en continuo desarrollo, lo que se llevará a cabo, como su nombre indica, simplificando, es decir, mediante la eliminación de trámites o su postergación condicionada al visto bueno de entes certificadores, principalmente los colegios profesionales.
Asimismo, se va a crear una Unidad de Aceleración Administrativa, destinada a aquellos proyectos estratégicos que comporten una inversión de más de 50 millones de euros, creen un mínimo de 100 empleos estables o se desarrollen en sectores de especial interés para la Comunidad. Dicha unidad, que dará preferencia y un tratamiento integral, atenderá también proyectos públicos, como son los que afecten a la Residencia Cantabria o el nuevo uso del antiguo psiquiátrico de Parayas, ha ejemplificado la presidenta Sáenz de Buruaga.
Otras novedades importantes son que los pagos podrán efectuarse mediante aplicaciones en telefonía móvil (bizum) y que en las administraciones regional y local el silencio será entendido como positivo, en el caso de que se superen los plazos marcados sin una respuesta.
La norma supondrá un impulso a la administración electrónica en los trámites, con intervención de inteligencia artificial en los procesos. Se dispone, por último, de un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones.
'Cantabria facilita'
La visión de la Administración, según el PP, es la de una organización facilitadora y no paternalista. “El tiempo es un factor clave de rentabilidad”, ha dicho Buruaga. Bajo este prisma se modificarán 41 normas del ordenamiento jurídico y se aplicarán 160 mejoras en procedimientos, que afectan a los más diversos ámbitos, desde las subvenciones, a tasas, pasando por patrimonio, salud y educación y tiempo. Se modificarán 21 leyes, seis decretos y cuatro órdenes en vigor.
El anteproyecto de Ley de Simplificación Administrativa en Cantabria ahonda en una línea que ya se estaba siguiendo: no empantanar los trámites y reducirlos al máximo. Para ello, se hará un uso de la declaración de responsabilidad, pero también se coordinarán departamentos y los trámites no pararán si falta un informe no vinculante.
“El Gobierno de Cantabria tiene que estar de principio a fin al servicio de los ciudadanos y su administración ha de ser moderna, cercana, ágil y eficiente para facilitar la vida económica y social”, ha explicado Buruaga, quien no ha dado detalles sobre los posibles recursos humanos y materiales que el Gobierno va a facilitar para llevar a cabo este plan, sobre todo en lo que compete a los ayuntamientos.
“Eliminando trabas y obstáculos y creando un entorno facilitador -ha proseguido-, es vital la reducción de trámites administrativos y cargas burocráticas, lo que hemos llamado 'Cantabria facilita'. Se pasa de una administración paternalista y controladora a otra facilitadora”, ha explicado.
Principales medidas
Una vez aprobada la norma, quedará declarado el silencio administrativo positivo y se hará un uso generalizado de las declaraciones responsables en sustitución de licencias y autorizaciones. También habrá una simultaneidad de trámites e informes y una regulación de la entidades colaboradoras de certificación (colegios profesionales, principalmente) y procedimientos informáticos para la tramitación de expedientes, incluido el uso de la IA (inteligencia artificial).
Un trámite continuará su procedimiento hasta el final cuando un órgano no haya emitido en plazo un informe preceptivo y no vinculante, y también se va a prohibir la exigencia al interesado de documentos “innecesarios” o que estén ya en poder de la administración.
Se seguirá el principio de 'intervención administrativa mínima' para el acceso al ejercicio de una actividad con la preponderancia de la declaración responsable y las excepciones que exijan la legislación estatal o europea. La apertura de un establecimiento, así, no requerirá de autorización previa, aunque deberá cumplir el resto de requisitos, incluido el pago de la tasa de actividad.
También será aplicable el principio de 'unidad de mercado', por el cual disposiciones, actos y medios de intervención validados en otra autonomía no requerirán de nueva autorización en Cantabria.
Para garantizar la seguridad jurídica, va a introducirse la figura de las entidades colaboradoras, básicamente colegios profesionales previamente acreditados para certificar la documentación que hay que presentar ante la administración pública.
Los grandes proyectos inversores tendrán un tratamiento proferente mediante la creación de una Unidad Aceleradora de Proyectos, enfocada a actividades estratégicas por su especial relevancia social, económica y territorial (volumen de la inversión, impacto en la creación de empleo y consolidación de sectores estratégicos). Implicará previamente la declaración de interés estratégico de un proyecto empresarial, lo que supondrá un “impulso preferente en la tramitación y regulación de plazos a la mitad para obtener autorizaciones, así como preferencia para acceder a líneas de financiación, avales y subvenciones de concesión directa”. Puede tener efectos expropiatorios y simultanearse con una declaración de interés regional, requisito este para la declaración de un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR).
Un TAC de la administración
El borrador de la ley es resultado de un trabajo previo interdepartamental, un “TAC en la administración” en donde se ha intentado detectar ineficiencias y duplicidades, recabando propuestas de puertas adentro. Una comisión delegada, de este modo, ha revisado 1.500 procedimientos administrativos, el 30% de los cuales fueron identificados como susceptibles de mejora. “Hemos hecho un TAC a la administración para hacer un diagnóstico riguroso”, ha apostillado.
El proceso se irá implantando a lo largo de la legislatura y no tiene visos de acabar, según ha explicado la presidenta. También ha venido precedido de decisiones como la supresión de la cita previa, el desbloqueo de 500 expedientes en la Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo), la introducción de declaraciones responsable en espectáculos públicos y la eliminación de la cédula de comprobación ambiental en las nuevas construcciones, ha enumerado.
“La simplificación es un objetivo transversal de todo el Gobierno, es integral, ha de calar en todos los ámbitos de actuación y ha de implementarse en el tiempo. Estaremos cuatro años haciendo simplificando administrativa todos los días”, ha asegurado Buruaga.
“Esta ley va a ser un punto de inflexión a la hora de convertir la Comunidad en la que tenga menos carga burocrática de España, un salto de gigante para mejorar administración y mejorar el desarrollo económico. Salimos los últimos, pero ahora recuperamos el tiempo perdido y nos colocamos en el grupo de cabeza”, ha añadido.
Hasta mediados de septiembre se ha abierto un proceso de información pública, pidiéndose la “colaboración activa de todos y especialmente de los ayuntamientos, que han de verlo no como una imposición, sino como un proyecto propio al servicio de los ciudadanos. También de las empresas y colegios profesionales”, ha exhortado la presidenta de Cantabria, quien ha confiado en tener el texto definitivo del borrador en octubre para, una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, introducirlo en el Parlamento de Cantabria durante el próximo período de sesiones.