La investigación abierta a Manos Limpias por presentar querellas contra personas e instituciones para luego exigirles dinero a cambio de retirar las acciones judiciales ha destapado varias conexiones entre este pseudosindicato ultraderechista y el Partido Popular en Cantabria. En concreto, en el conocido como 'caso Racing'.
Esta organización solicitó en el año 2014 personarse como acusación popular en la querella que el Ejecutivo del PP interpuso a comienzos de ese año por la operación de venta de las acciones del Racing de Santander, propiedad del empresario Jacobo Montalvo, al supuesto magnate indio Ali Syed a través de la empresa pública Cantur.
Según la versión del PP, en aquella venta se pudo incurrir en presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude y delito societario por administración fraudulenta o desleal, ya que la operación supuso una “pérdida irreversible” de casi seis millones de euros para las arcas públicas.
Para personarse en el caso, la juez instructora Paz Hidalgo requirió a Manos Limpias depositar 6.000 euros, que fueron avalados, entre otros, por Luis Calle Ibáñez, militante del PP en la localidad de Santoña y miembro del sindicato. También aportaron 2.000 euros cada uno el empresario José Jaime Pérez Pardo y Natalia Dziarko.
Según ha podido saber eldiario.es Cantabria, Natalia Dziarko es una inmigrante rumana que ha vivido en el barrio de La Inmobiliaria, en Torrelavega, hasta que ha regresado a su país y asegura desconocer quién es Manos Limpias ni haber avalado a dicha organización, lo que apunta a que fue utilizada como testaferro de un tercero.
Además de que la acusación ha estado financiada, por lo menos en parte, por un militante del PP, una vez efectuado el pago, el despacho que ha llevado el caso en representación de Manos Limpias es Diez Iglesias Abogados, donde trabaja Juan Van den Eynde León, hijo del actual portavoz del PP en el Parlamento de Cantabria, Eduardo Van den Eyden.
Conexión con Javier Noriega
Precisamente, el 'caso Racing' ha estado estos días en el candelero político debido a que el actual Consejo de Administración de Cantur decidió sustituir al bufete que el anterior Gobierno del PP había contratado para ejercer la representación de la empresa pública.
En concreto, se pretendía cesar a Javier Noriega, quien ha compartido actuaciones en esta causa con Gonzalo y Ángel Fernández Sopeña, primos de Íñigo Fernández, exportavoz del PP en el Ayuntamiento Santoña y portavoz del PP en la Comisión de Investigación del Parlamento sobre este asunto.
“Clara implicación del PP”
Tras conocerse estos hechos, en declaraciones a este diario, el exconsejero de Economía, Ángel Agudo (PSOE), que está imputado por este caso, ha opinado que “el PP ha de dar explicaciones al máximo nivel” y aclarar cuál es su relación con Manos Limpias.
Agudo rechaza que los hechos que vinculan al PP con el sindicato sean una “casualidad”. Al contrario, cree que es “evidente” que la decisión de Manos Limpias de personarse en el procedimiento ha estado inducida por los populares, que de esta forma se garantizaban “mantener vivo el caso en cualquier circunstancia”, señala.
En este sentido, sostiene que el PP ha utilizado este sindicato como una “herramienta” para llevar a cabo una “caza de brujas” contra el anterior Ejecutivo del PRC-PSOE.
“Persecución política”
En la misma línea se han pronunciado el presidente y la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Miguel Ángel Revilla (PRC) y Eva Díaz Tezanos (PSOE), quienes han considerado “muy preocupante” la posible “connivencia” del PP y Manos Limpias y quienes han denunciado la “persecución política” que los populares han ejercido contra los dos exconsejeros del anterior Gobierno que intervinieron en la transacción del club, Javier López Marcano (PRC) y Ángel Agudo (PSOE).
Durante la anterior legislatura, el PP, que gozaba de mayoría absoluta, impulsó en el Parlamento de Cantabria la creación de una comisión de investigación que desembocó en una querella presentada por Cantur contra los exconsejeros por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
La demanda fue admitida a trámite y recayó en la juez Paz Hidalgo, que en su día fue designada magistrada autonómica de la Sala de lo Civil y Penal a propuesta del PP.
La instrucción del procedimiento fue trasladada a la Audiencia Provincial después de que el TSJC se desvinculase del caso tras las elecciones celebradas en mayo de 2015 al ya no estar aforado López Marcano, que renunció a su acta de diputado para no entorpecer la abstención de Podemos en la investidura de Revilla.
En la actualidad, el caso está pendiente de que la Audiencia se pronuncie sobre los recursos presentados el pasado mes de agosto por las partes.