La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el colectivo Stop Desahucios han alertado este miércoles de que dos familias de Santander serán desahuciadas en los próximos días si no se encuentra una solución para sus casos, por lo que han hecho un llamamiento a las Administraciones públicas, tanto al Gobierno de Cantabria como al Ayuntamiento de la capital, para que se impliquen y pongan a disposición de estas familias los medios necesarios para evitar que se queden en la calle.
Aunque existe un nexo en común -la pérdida de la vivienda-, se trata de dos situaciones bien distintas. Por un lado, un matrimonio de mediana edad y su sobrino que desde hace cinco años no puede hacer frente al pago de la hipoteca que tienen firmada con Liberbank y, por otro, una pareja que será desahuciada por el impago de los suministros de una vivienda arrendada a un particular. Ambos colectivos han advertido que en caso de no acordar una alternativa llamarán a la movilización de la ciudadanía para frenar los desalojos.
En el primero de los casos, la familia recibió hace dos semanas la orden de lanzamiento promovida por Liberbank, entidad con la que mantienen una deuda de más de 180.000 euros. Este jueves, miembros de la PAH mantendrán un encuentro con los representantes del banco en el que propondrán que la familia permanezca en la vivienda a cambio de abonar una alquiler “asequible”, el 30% de sus ingresos. Si no alcanzan un acuerdo, serán desalojados del inmueble el próximo 13 de noviembre, según recoge la orden judicial difundida por el colectivo.
La PAH ha señalado que esta reunión bilateral ya estaba pactada con antelación para analizar otros casos y que la misma se producirá “gracias a la insistencia” de la propia organización, que desde el verano pasado viene ocupando distintas oficinas de Liberbank para exigir que se siente a negociar, y a la del presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a quien la Plataforma solicitó recientemente que mediara con el máximo responsable de la entidad financiera, el también cántabro Pedro Rivero.
Por otro lado, Stop Desahucios -otra de las asociaciones que trabaja en Cantabria para garantizar el acceso a una vivienda digna de las personas en riesgo de exclusión social- ha denunciado el caso de una pareja que será desahuciada el próximo 5 de noviembre, “pese a pagar un año por adelantado de alquiler”.
En un comunicado, este colectivo explica que la familia firmó un contrato de alquiler en septiembre de 2014 y que pagaron la fianza y un año por adelantado. Sin embargo, continúan exponiendo, “nueve meses después, en junio de 2015, los propietarios de la vivienda presentaron una demanda por impago de suministros, una cantidad exigua”, y en septiembre un juez dictó la sentencia de desahucio.
El portavoz de Stop Desahucios, Antonio González Jávega, afirma que en el momento en el que se presentó la demanda “no debían absolutamente nada porque todavía faltaban tres meses de cobrar a lo que había que sumar la fianza”. En concreto, el pago pendiente de los suministros era de 943 euros, “de los cuales habría que descontar 550 euros del aval”.
Actualmente la familia se encuentra en una “situación desesperada”. “No disponen de recursos y si nadie lo remedia podrían terminar en la calle”, lamenta este activista. Por ello, la plataforma ha iniciado una serie de gestiones “a todos los niveles” para tratar de evitarlo “sin tener que afrontar un protocolo stop desahucios”.
Según han explicado, se han reunido con diferentes partidos, con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander y la concejala responsable, con el presidente autonómico y con el alcalde de la ciudad, Iñigo de la Serna. “Hasta ahora no hemos respuesta positiva” y los Servicios Sociales del Ayuntamiento les han informado que no disponen en este momento de viviendas para esta familia. Sin embargo, la Stop Desahucios opina lo contrario: “Creemos que tienen viviendas de sobra para atender este tipo de situaciones. La burocracia sobra en situaciones de extrema necesidad”, argumentan.
“Cuestión de voluntad política”
Sobre este caso, Ganemos Santander Sí Puede ha presentado una moción al pleno del ayuntamiento, que celebrará este jueves, para instar al Consistorio a proporcionar una vivienda o una ayuda urgente a la familia afectada, que se encuentra en situación de desempleo desde hace meses y no tienen ingreso alguno en este momento. “Sobreviven gracias a las ayudas de diversas ONG”, ha apuntado el partido en una nota de prensa.
“El Ayuntamiento tiene viviendas sociales para atender la necesidad de esta familia. Es una cuestión de voluntad política”, sostiene su portavoz, Antonio Mantecón.
En la iniciativa, Ganemos Santander Sí Puede ha ido más allá y en la moción ha propuesto que el Ayuntamiento se comprometa a habilitar un “protocolo de actuación” en casos de desahucio por alquiler o de lanzamiento por ejecución hipotecaria que por “su carácter de urgencia y por la falta de recursos económicos de los afectados impliquen una respuesta inmediata”.