El Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, encabezado por Enrique Bretones (PP), ha sido condenado por “vulnerar los derechos fundamentales” de un concejal de la oposición como consecuencia de la decisión del primer edil de expulsar de un pleno al portavoz del PSOE, Fernando Rodríguez García, que fue obligado a abandonar una sesión plenaria por grabar con su teléfono móvil las distintas intervenciones.
Juan Varea Orbea, magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander, ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por el afectado, en una sentencia consultada por eldiario.es y con fecha del 3 de octubre, en la que condena al Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo a anular esta resolución de la Alcaldía y a pagar las costas al considerar “desproporcionada” la actuación de Bretones.
El demandante, concejal del Ayuntamiento, impugnó la decisión del alcalde adoptada antes de iniciarse la sesión plenaria del 10 de mayo de 2018 de expulsarlo al no aceptar desprenderse del teléfono móvil con el que pretendía grabar las intervenciones.
Desde hace aproximadamente un año, a consecuencia de la jurisprudencia existente y a pesar de la inicial oposición del alcalde, se permitía la grabación de los plenos y el recurrente lo hacía con su teléfono, que colocaba en la mesa situada junto a su asiento. Ese día, sin embargo, tras tres advertencias, el edil tuvo que abandonar la sala y no participó en la sesión, según relata la sentencia como hechos probados.
Tras esta resolución judicial que le da la razón, el portavoz del PSOE ha asegurado en un comunicado de prensa que “la sentencia pone de manifiesto que Bretones es un político autócrata, sin recursos, que ve peligrar sus prebendas y no duda en usar medios antidemocráticos para neutralizar a la oposición política y tratar de evitar el control y la fiscalización de su nefasta gestión”.
En este sentido, Rodríguez García ha señalado que son “constantes” las trabas que el alcalde pone a los concejales de la oposición para acceder a los distintos expedientes que solicitan, “infringiendo una vez más otro derecho fundamental” y “con el objetivo de evitar que salgan a la luz posibles casos o adjudicaciones irregulares”.
Por todo ello, desde el PSOE de Alfoz de Lloredo han instado al alcalde “a que asuma la responsabilidad política por su abuso de poder y dimita de manera inminente, y que a su vez asuma la responsabilidad patrimonial de las costas judiciales y las costee de su bolsillo y no se las cargue al bolsillo del contribuyente”.
Frente judicial
Esta disputa judicial no es la primera en la que se ve envuelto el alcalde de Alfoz de Lloredo a lo largo de la legislatura. El pasado año, Enrique Bretones se convirtió en el primer cargo público procesado por la contratación supuestamente irregular de José María Real del Campo, un abogado habitual en los ayuntamientos gobernados por el PP en Cantabria.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Torrelavega citó al regidor municipal para declarar en calidad de investigado, al considerar que había una “posible infracción penal” en una “contratación a dedo”, tras una denuncia que partió también de la oposición y que aseguraba que el letrado cobró “cientos de miles de euros” de las arcas municipales sin tener contrato.
Sin embargo, la jueza archivó provisionalmente la causa contra el alcalde de Alfoz en contra del criterio de la Fiscalía, a pesar de que el Ministerio Público había solicitado nuevos informes de los servicios municipales y pedía a la magistrada declarar “causa completa” para ampliar la instrucción por presuntos delitos de prevaricación y malversación. Esta decisión está recurrida y los denunciantes esperan el pronunciamiento de la Audiencia de Cantabria.