Los grupos AVIP (Agrupación de Vecinos Independientes de Piélagos) e Izquierda Unida (IU) han presentado una moción conjunta para exigir un “trato igualitario” a los trabajadores que en su momento participaron en el programa del Gobierno de Cantabria conocido como INEM Corporaciones.
Según explican en un comunicado ambos grupos, a través de su portavoces, Rubén Vicente Carrillo (IU) y Luis Antonio Sañudo (AVIP), son “públicos y notorios” los conflictos generados entre las diferentes administraciones públicas y los trabajadores desempleados que participaron en dichos programas, ya que se estableció una “doble escala salarial, con un único objetivo, el rédito electoral”.
En este sentido, señalan que los ayuntamientos marcaron remuneraciones “por debajo” de los convenios correspondientes y de la Relación de Puestos de Trabajo que rigen las relaciones laborales de los distintos consistorios.
La diferente casuística que se ha ido produciendo, añaden, ha sido consecuencia de que “personas, con complicados contextos familiares y socioeconómicos, cedían en sus derechos a cambio de conseguir un puesto de trabajo, incluso soportando actitudes caciquiles y una precariedad laboral que no se debiera haber dado nunca”.
Los diferentes ayuntamientos “se negaron” a asumir su responsabilidad, según IU y AVIP, lo que provocó la “judicialización” del conflicto laboral; y “sentencia tras sentencia” los tribunales fueron dando la razón a los trabajadores “llegando a amenazar con sancionar al Ayuntamiento de Piélagos por llegar a los tribunales a sabiendas de que iban a perder los diferentes contenciosos”.
Recuerdan que anto AVIP como IU, después de recibir y atender a diversos afectados, han denunciado en diferentes ocasiones esta situación, exigiendo que el equipo de gobierno (PSOE-PRC) acabase con la judicialización del conflicto laboral y negociase con los trabajadores para pagarles lo que les corresponde, sin que se les hiciera caso.
A su juicio, la “negligente gestión” del problema “ha generado dos paradojas: un lesivo coste para las arcas municipales” por mantener la judicialización del conflicto y un “trato desigual” entre quienes denunciaron y quienes no.
Por ello, piden que el Ayuntamiento articule los mecanismos necesarios para que “esa igualdad sea efectiva y se acabe con esta flagrante discriminación laboral”.
Entre otras peticiones, en la moción solicitan informes con los costes procesales, informe de trabajadores afectados, los que han denunciado y los que no, y que se realicen, si correspondiera, las modificaciones presupuestarias que corrijan o modulen las discriminaciones salariales referidas, haya habido denuncia o no.