Las obras de derribo del número 17 de la calle Alta se han iniciado ya con la llegada de los operarios y la colocación de hace unos días de los trabajos preparatorios en el inmueble ubicado en las proximidades de la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación. La ruina económica del inmueble (declaración que se produce cuando el coste de la rehabilitación es superior al 50% del valor del inmueble) precedió hace 10 meses a la contratación por vía de urgencia de la empresa encargada de ejecutar la orden de derribo. La ejecución se realiza con carácter subsidiario, por lo que los gastos se repercutirán a los propietarios.
El derribo se efectúa por decreto de Alcaldía, ante el riesgo de colapso del edificio constatado por el Servicio de Arquitectura. Actualmente no reside nadie en el edificio, aunque uno de sus propietarios ha recurrido a la Justicia para paralizar el derribo, al entender que ha habido defecto de forma en la comunicación de la medida y por lo tanto indefensión.
El decreto de la alcaldesa Gema Igual (PP) hace constar que transcurrieron 10 meses desde la declaración de ruina del inmueble sin que la propiedad acometiera el obligado derribo. El citado decreto declara la situación de emergencia por el estado en que se encuentra el inmueble “con riesgo de colapso del muro y forjados de la parte oeste del edificio que supone grave peligro para viandantes y vecinos”; designa a la empresa Palomera Obras y Proyectos a que ejecute el derribo con cargo a las arcas municipales, y deja abierta la posibilidad de repercutir el gasto a los propietarios.
Una de las vecinas afectadas presentó el pasado día 10 recurso ante lo Contencioso-Administrativo por notificársele, vía correo electrónico del administrador de fincas, la orden de derribo y desalojo el 30 de junio y por lo tanto no haber podido expresar su parecer. Asimismo, cuestiona que los servicios técnicos hayan podido inspeccionar el edificio cuando este se encontraba tapiado “y ser materialmente imposible el acceso al mismo hasta el mismo momento de la colocación del andamio”. Por lo tanto, pide la suspensión de los trabajos y la anulación del derribo del inmueble.
Crítica de la izquierda
Independientemente de los avatares de los propietarios, la oposición de izquierdas en el Ayuntamiento de Santander ha incardinado este suceso en un largo rosario de derribos en el barrio de Cabildo de Arriba, denunciando que el equipo de gobierno no pone coto a los “intereses especulativos” que pretenden hacerse con propiedades en este céntrico lugar.
Daniel Fernández, portavoz socialista en la capital, ha afirmado que la demolición “vuelve a demostrar el abandono del PP a este barrio histórico de la ciudad, que es de lo poco que se salvó en el centro del incendio de 1941”. A su juicio, el Cabildo de Arriba sufre, “el mayor proceso de especulación urbanística del periodo democrático en Santander, en contra del patrimonio heredado, de los vecinos del barrio y de todos los santanderinos”. Durante décadas, ha incidido el portavoz socialista, “el PP está dejando caer el centro histórico para especular, a diferencia de lo que harían en cualquier ciudad europea, donde las políticas son de recuperación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico”. “
El portavoz de Unidas por Santander, Miguel Saro, también ha considerado que sobre el barrio pesa una presión especulativa de carácter inmobiliario. “Es una dinámica que, desgraciadamente, nos persigue desde hace decenios puesto que el único objetivo del Ayuntamiento es facilitar la expansión urbanística de la ciudad en todo el terreno municipal que quede pendiente de urbanizar”, ha lamentado el concejal de la coalición.
Saro ha criticado “la falta de claridad del Ayuntamiento a la hora de actuar en la protección de los vecinos y garantizar su derecho a permanecer en sus viviendas, frente al interés de algunos promotores inmobiliarios que quieran obtener un suelo que en pocos años y con una suficiente inversión tendrá mucho valor porque está en el centro de Santander y con unas estupendas vistas al sur de la ciudad”.