Puerto Gallego tras su nueva imputación: “sigo confiando en la justicia aunque sea lenta”
La exalcaldesa de Santoña y exdiputada nacional del PSOE, Puerto Gallego, ha asegurado estar “tranquila” tras conocer que el Juzgado de Instrucción nº 2 de la villa le ha vuelto a imputar por un presunto delito de prevaricación.
“Sigo confiando en la justicia aunque sea lenta”, ha dicho en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press tras conocer que la misma jueza que archivó la causa contra ella y su equipo de Gobierno por fraccionamiento de contratos entre 2003 y 2009 el pasado mes de julio ahora le vuelva a imputar.
La magistrada María Peña archivó la causa contra Gallego y los miembros de su equipo de Gobierno el pasado mes de julio y después la reabrió tras estimar los recursos del PP y el exconcejal del Movimiento Falangista Leoncio Calle Pila.
El auto conocido ayer, que pone fin a la instrucción, imputa a Gallego por presunta prevaricación por una “redundante desatención” de los reparos de la Intervención municipal respecto al fraccionamiento de contratos durante su mandato al frente del Ayuntamiento.
Gallego, que ha lamentado volver a enterarse por los medios de comunicación del auto de la magistrada y lo estudiará con su abogada, ha asegurado que está “totalmente tranquila” sobre su gestión, sobre la que ya dio explicaciones al juzgado en octubre del pasado año cuando declaró por primera vez por esta causa tras ocho años desde su apertura.
“Después de ocho años estoy absolutamente tranquila sobre mi gestión, antes, durante y después de mis actuaciones, totalmente tranquila”, ha enfatizado la exalcaldesa de Santoña junto a quien también están imputados ocho concejales del PSOE de la villa entre 2003 y 2009: José Ramón Badiola, Pedro María López, Carmen Leiva, Diana Gil, Joaquín Bonet, Gloria Valmaseda, María Antonia Alonso y Jesús María Valle.
A pesar de su imputación en este auto, que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y traslada las mismas a la Fiscalía y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral, Gallego ha afirmado que sigue “confiando en la justicia aunque sea lenta”. Pero ha manifestado que desea que “todo este asunto acabe y que llegue donde tenga que llegar porque yo no tengo ningún problema”.
En el auto, que ya ha sido recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial, se acusa a Gallego y su equipo de gobierno de incumplir la legalidad al fraccionar contratos y adjudicarlos directamente a distintas empresas, básicamente a cuatro, sin convocar el correspondiente concurso abierto, al no superarse la cuantía exigida por la ley para hacerlo (18.000 euros), “pese a la reiterada formulación de reparos de legalidad por parte del Interventor”.
