El Centro de Refugiados de Parayas no se abrirá, las empresas públicas regionales penderán de un hilo, todas las oficinas que presten asistencia a programas de Género y Cooperación cerrarán, se acabarán las subvenciones a partidos y sindicatos, el tramo autonómico del IRPF experimentará rebajas en todos sus escalones, sin que se explique cómo afectará ello a los servicios públicos, y habrá una reestructuración de la Administración y de proyectos industriales como el polígono de La Pasiega. Todas estas cosas, sin grandes detalles del cómo y a cambio de qué, ocurrirán en el caso de que Vox pacte con el PP y compartan Gobierno de Cantabria durante la próxima legislatura.
“Todo el mundo que vota a Vox sabe lo que está votando”. Lo aseguró la candidata autonómica a la Presidencia de Cantabria, Leticia Díaz. Pero... ¿realmente es así? No existe un programa electoral para Cantabria propiamente dicho, algo realmente coherente con quienes dicen no creer en el sistema de las autonomías. Tampoco lo hubo para los municipios, más allá del 'Cuida lo tuyo' del eslogan, a pesar de que las elecciones que se celebraron el pasado domingo fueran autonómicas y municipales.
Quien busque un programa de gobierno de Vox para Cantabria difícilmente lo encontrará. Para saber qué tiene la formación de extrema derecha en la cabeza para la comunidad autónoma en la que pueden ser determinantes tras la conformación del próximo Ejecutivo liderado por María José Sáenz de Buruaga (PP) hay que bucear en las declaraciones de sus candidatos en campaña para comprobar que el partido de ultraderecha, de tocar poder con los populares en la comunidad, se dedicará a desmantelar, encoger, derogar y erradicar, en una suerte de negacionismo, de estar a la contra para acabar afirmando a cambio vaguedades sin concreción sobre rebajas fiscales “radicales”, “apoyo a las familias, empresas y autónomos” y “control del gasto público”.
Leticia Díaz, la candidata de Vox a nivel autonómico, dio a conocer en campaña el recetario de Vox para Cantabria: 12 medidas en las que prioriza, según dijo, “la lucha contra la corrupción y el clientelismo que ha instalado el PRC en la región”, el apoyo al sector primario, “especialmente a los ganaderos víctimas de los ataques del lobo”, medidas para favorecer la reindustrialización y el empleo, bajadas masivas de impuestos sin tener en cuenta la progresividad de los mismos, “fomento de la natalidad para combatir la despoblación” o “la defensa de la familia en las políticas públicas”.
Entre sus medidas estrella está una rebaja sustancial de impuestos, algo en lo que no es único defensor, ya que también el Partido Popular lo ha propuesto, dentro de la 'radicalidad' con que ambos esgrimen estas políticas. Según Vox, Cantabria “ha perdido un 4% de poder adquisitivo” y es la región española, tras Baleares, “que sufre una mayor presión fiscal”. La rebaja fiscal, a juicio de la candidata, produciría paradójicamente un incremento de recaudación por estimular la actividad, una ecuación que ningún economista serio avala y que está por demostrar.
La cabeza de lista de Vox propone rebajar los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y bonificar el impuesto de Patrimonio, así como rebajar el tramo autonómico del IRPF en todos sus intervalos. También, establecer deducciones por la adquisición de primera vivienda y bonificaciones en la cuota de autónomos a todos aquellos trabajadores cuyos ingresos netos no alcancen el Salario Mínimo Interprofesional. Además, elaboraría un plan de ayudas a la conservación de “empresas familiares y centenarias” mediante incentivos “para mantener la actividad y el empleo, facilitando el relevo generacional”.
En ningún momento se ha especificado en cuánto se rebajaría la presión fiscal, cuánta merma de ingresos supondría para las arcas públicas y qué recortes conllevaría en el catálogo de servicios públicos que presta actualmente el Gobierno de Cantabria en función de sus competencias territoriales. Díaz apuesta, eso sí, por una reestructuración necesaria de la Administración regional, así como de sus empresas públicas, lo que dice que “permitiría realizar una reducción drástica de este gasto político superfluo con el cierre de todos los chiringuitos ideológicos y entes duplicados”.
Para Vox es un mantra hablar de los “chiringuitos ideológicos”, las prestaciones a inmigrantes y el “gasto político superfluo”. Quienes tendrían todas las de perder serían sindicatos y otras organizaciones sociales, en la línea de lo que ocurrió la pasada legislatura en Santander, cuando el único concejal de extrema derecha condicionó su apoyo a los presupuestos municipales del PP y Ciudadanos a la retirada de partidas muy poco relevantes en el montante global pero destinadas a Cruz Roja para la atención a personas refugiadas y vulnerables, colectivos de mujeres que trabajan en la erradicación de la violencia de género, ayuda a niños saharauis o asociaciones para la integración del pueblo gitano.
Leticia Díaz ya ha anunciado que Vox procederá al “cierre” de lo que califica como “chiringuitos ideológicos y entes duplicados” de manera que sus funciones serán asumidas por las consejerías competentes. “Ese dinero lo destinaremos a aumentar las ayudas de protección social de las familias españolas”, ha declarado.
Asimismo, Díaz entiende que se deben “revisar” todas las subvenciones públicas y eliminar las destinadas “a los partidos políticos, a los sindicatos, a patronal y a asociaciones que promueven la ideología de género”. Vox eliminará todas aquellas “leyes autonómicas inútiles” que suponen una “duplicidad” respecto a las normas estatales y añaden burocracia y gasto, obstaculizando la actividad económica y profundizando en la desigualdad entre españoles.
La candidata también ha hecho campaña criticando lo que denomina “delirio climático”, en referencia a las políticas medioambientales. Por eso, ha señalado que “cerrará” todo departamento vinculado a la lucha contra el cambio climático (hay una Dirección General competente en este área), una realidad científica que Vox cuestiona.
Del mismo modo sus representantes defienden la ampliación del aparcamiento en las ciudades como incentivo al uso del vehículo privado a motor, lo que a su vez conlleva a la negativa de implantar la Zona de Bajas Emisiones, que Santander y Torrelavega tendrían que tener ya al menos diseñadas. Del mismo modo, defienden una reindustrialización de Cantabria, independientemente de que el tipo de industria contamine o no, porque defienden una “relajación” de estas normas.
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