La paradoja del juego: el Gobierno de Cantabria alerta de la ludopatía, pero ingresará 17 millones en impuestos

M. M. cada vez que salía de trabajar echaba un par de monedas de euro a la máquina tragaperras de la estación de servicio cercana. Cada vez que le daba al botón, de plástico brillante e iluminado en rojo, alimentaba su ludopatía y contribuía a la cuenta de negocio del local y la empresa propietaria de la máquina. Pero también estaba contribuyendo a las arcas del Gobierno de Cantabria que dedica una parte de sus ingresos a prevenir contra el juego y los comportamientos adictivos, así como a controlar los dispositivos y a subvencionar tratamientos.

El juego no solo es una actividad lúdica para unos, rayana en la adicción en algunos casos, y un lucrativo negocio para otros, sino que también es una fuente de ingresos públicos de considerables proporciones. El Gobierno de Cantabria tiene competencia en la regulación del juego en la comunidad autónoma y también aplica tributos. En consecuencia, obtiene unos ingresos anuales que, en el caso de la previsión para 2025, rondan los 17,3 millones de euros.

Los impuestos indirectos relacionados con el juego fueron cedidos a la autonomía y forman parte de la financiación autonómica. Según los presupuestos de Cantabria para 2025, en trámite parlamentario, la previsión de ingreso por el impuesto que se aplica a las máquinas recreativas es de 14 millones de euros. A este impuesto ha de sumársele el cálculo para el juego online, que son otros dos millones de euros; y la previsión de ingresos por impuestos derivados de la actividad en rifas, tómbolas y apuestas: medio millón de euros más. A ello hay que añadir 600.000 euros por impuestos del bingo y otros 200.000 por el de casinos.

Las administraciones viven inmersas en una paradoja con el sector. Al igual que pasa con la venta de tabaco y el tabaquismo, o con la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas, que, por un lado, generan ingresos fiscales (56 y 8,4 millones, respectivamente, en el caso de Cantabria) y, por el otro, un importante gasto en prevención y tratamientos, el juego genera una dinámica contradictoria por la que la misma Administración que alerta y previene comportamientos ludópatas tiene una importante fuente de ingresos que no para de manar.

Dos tercios de la población joven

Y también lleva las cuentas: según el Ministerio de Consumo, en un Estudio de Prevalencia de Juego de 2023, una de cada dos personas habían apostado dinero en un juego de azar a lo largo del año. El dato es más llamativo al revisar la edad de quienes juegan, pues el 68% de la población de entre 15 y 35 años son jugadores. Más de dos tercios de la población joven.

Otro estudio, el de los estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato de Cantabria, realizado en 2021, constata que el trastorno de juego, o juego patológico, lo padecía el 0,9% de los estudiantes de entre 15 y 19 años, mientras que el 7,5% presentaba juego de riesgo, es decir, manifiesta síntomas de adicción, aunque sin llegar a padecer un trastorno mental.

Sin embargo, ninguna Administración, tampoco la cántabra, publicita los ingresos que obtiene de esta actividad, ni tampoco el destino que da al dinero que recauda. Según la ley estatal regulatoria del juego, los tipos que se aplican rondan el 20% de la base imponible, excepto en las combinaciones aleatorias, que es del 10%. Cada tipo de juego, en todo caso, tiene un tratamiento singular. Así, los casinos están sujetos a tasas sobre la base de ingresos brutos; los bingos aplican una tasa específica por cartón o por ingreso neto; y las máquinas recreativas tributan con un canon fijo anual, el cual depende del tipo de máquina (tipo B o tipo C, por ejemplo).

A diferencia de los impuestos, que generan un ingreso, la tasa es el precio por la prestación de un servicio. El Gobierno de Cantabria cobra tasas por autorizar y controlar, y también por intervenir a instancia del ciudadano o del propietario de la actividad.

La relación de tasas viene incluida en la Ley de Acompañamiento de Medidas Fiscales y Administrativas a los Presupuestos de Cantabria, pero las más importantes son las autorizaciones que se prestan a los establecimientos, en función de su categoría. Así, consta en la ley una relación que abarca desde los 5.293 euros que se cobra por una autorización de casino a los 81 euros por una tómbola.

La relación es la siguiente: