El Parlamento de Cantabria ha rechazado este lunes en un debate celebrado a puerta cerrada la pretensión del exportavoz y diputado de Vox, Cristóbal Palacio, de compatibilizar su dedicación exclusiva como parlamentario con su actividad privada como abogado. La mayoría de la Cámara -incluidos dos de los cuatro miembros del grupo parlamentario de extrema derecha- no ha dudado en rechazar tal propósito, atendiendo a la recomendación elevada por la Comisión del Estatuto del Diputado, que examinó el caso la pasada semana, y el informe jurídico elaborado por los letrados del Hemiciclo, que recordaron que ya el propio Palacio protagonizó un hecho similar la pasada legislatura con igual resultado.
En esta ocasión, PP, PRC y PSOE han votado a favor del dictamen, a los que se han sumado dos de los cuatro representantes de Vox, escenificando la división interna existente en esta formación.
El que fuera portavoz de la formación de extrema derecha la pasada legislatura vio cómo era retirada en 2020 su dedicación exclusiva y reducido su sueldo a la mitad cuando la Cámara examinó su caso y dictaminó que un diputado no podía dedicar todo su tiempo a la labor parlamentaria y trabajar a la vez en una actividad privada, una circunstancia que los Servicios Jurídicos de la Cámara consideran “incompatible”.
Hay excepciones y el reglamento incluso las recoge, pero son muy concretas y pasan un control: impartir docencia siempre que no se obstruya el trabajo como diputado, por ejemplo, o cargos de representación vinculados a su labor política. En 2020, el Hemiciclo consideró incompatible el ejercicio de la abogacía con despacho propio y una dedicación plena a la labor legislativa, criterio que ha mantenido en este segundo intento del ahora diputado raso de Vox.
El caso de Cristóbal Palacio ha sido examinado este lunes por el Pleno del Parlamento, en su habitual sesión semanal, solo que este punto ha sido debatido y votado a puerta cerrada, por lo que no es posible reproducir las intervenciones de los portavoces y del afectado, solo el resultado de la votación. Que las deliberaciones hayan tenido lugar en privado, sin acceso para periodistas, público o personal de la Cámara, va en la línea de la estricta lectura del reglamento que se realiza por parte de los Servicios Jurídicos y de los propios partidos políticos con representación, que defienden que los asuntos relacionados con el registro de actividades, bienes e intereses de los diputados no son de dominio público.
A diferencia del Gobierno de Cantabria, que acaba de publicar el patrimonio de sus altos cargos, el Parlamento que preside María José González Revuelta (PP) sigue manteniendo bajo siete llaves las declaraciones de sus señorías, justificándolo en que hacerlas públicas daría pábulo al cotilleo. Esta, sin embargo, es una excepción en el mapa autonómico español, en donde solo Cantabria y Euskadi mantienen el secreto de las declaraciones de bienes.
Segundo intento
Palacio, nada más repetir como diputado tras las elecciones de mayo de 2023, no optó por ningún régimen de dedicación a la hora de hacer su declaración de actividades, pero sí que eligió la dedicación exclusiva a la hora de formalizar su 'Declaración a efectos administrativos'. Asimismo, según se recoge en el informe del letrado del Parlamento de Cantabria, en la 'Manifestación sobre inclusión en el régimen general de la Seguridad Social', Palacio eligió “el régimen de dedicación exclusiva que le incluye en el Régimen General de la Seguridad Social”.
Este elemento ha llevado a los Servicios Jurídicos, a la Comisión del Estatuto del Diputado y al propio Pleno en último caso, a recordar lo ocurrido la legislatura anterior y, manteniendo el mismo criterio, asignar al diputado de Vox una dedicación parcial, que puede reducir su sueldo a la mitad. Se da el caso de que en el actual plenario hay otro diputado del Partido Popular, Rafael de la Gándara, quien también ejerce la abogacía pero que ha pedido la dedicación parcial, cosa que nadie ha cuestionado.
Según fuentes parlamentarias, el diputado Cristóbal Palacio ha venido cobrando esta legislatura la dedicación absoluta, por lo que ahora el Parlamento tendrá que decidir cuánto se reduce su sueldo y si ha de reintegrar parte de los emolumentos cobrados hasta ahora.