Las empresas y particulares relacionados con la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Piélagos han cobrado más de 700.000 euros del Ayuntamiento, según los datos dados a conocer este martes por Izquierda Unida, que tacha esta cifra de “escandalosa”.
“Estamos hablando de una cantidad de dinero obscena, y más si tenemos en cuenta que los pagados llevan 13 años para realizar un trabajo que se comprometieron a tener listo en 17 meses”, ha manifestado a través de un comunicado el portavoz de la formación de izquierdas, Rubén Carrillo.
Por ello, IU ha exigido públicamente al actual equipo de Gobierno (PSOE-PRC), presidido por la alcaldesa, Verónica Samperio, que realice “una auditoría de cada papel en el que aparezca cualquier persona, sea técnico o político, o empresa relacionada con el PGOU”.
Carrillo señala que “no se puede poner toda la responsabilidad en las empresas, pues dos alcaldes del Partido Popular, Jesús Ángel Pacheco y Enrique Torre, han tenido guardado en un cajón la documentación del PGOU entregada por ellas, dilatando su aprobación inicial de una manera que solo se puede llegar a entender si tenemos en cuenta que los Tribunales ya asediaban al Ayuntamiento por las diversas sentencias de derribo que sufre Piélagos”.
De este modo, exige a todos los concejales del Partido Popular que han pasado por el Ayuntamiento desde 1999 –año desde el que gobierna el PP, al final de cuya legislatura se firmó el contrato de revisión del PGOU-, “estén en el partido en el que estén ahora, que como mínimo den las pertinentes explicaciones por consentir semejante despilfarro del dinero de todas las vecinas y vecinos de Piélagos, y asuman las pertinentes responsabilidades políticas”.
La historia desde su inicio
Según la información facilitada por IU, todo comienza en abril del año 2003, cuando Jesús Ángel Pacheco (entonces alcalde del municipio por el PP) firma un contrato con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Tecnia Ingenieros y T.A.U Noriega , para la Revisión y Adaptación del PGOU de Piélagos –aprobado en 1986 y revisado en 1993-, por valor de 210.000 euros, con un plazo de ejecución de 17 meses.
Tres meses después, en julio de 2003, el Ayuntamiento pagó a la UTE lo correspondiente a la primera fase del trabajo, 21.000 euros desembolsados en concepto de 1ª Certificación del contrato.
“A partir de ese primer pago, todo pierde el sentido. Si todo hubiese seguido el cauce normal, en enero de 2004 el Ayuntamiento debería haber desembolsado 73.500 euros, por la Formulación del documento sometido a aprobación inicial y del estudio ambiental previo. Sin embargo, ni esa aprobación inicial llegó, ni ninguna de las cantidades desembolsadas durante todos estos años se corresponde con la señalada”, indica Carrillo.
Así, a partir del año 2004 “comienza el caos en los pagos” a estas y a otras empresas por diferentes conceptos, en algunos casos “por trabajos relacionados con la planificación urbanística que se desgajan del contrato principal”.
El Ayuntamiento ha desembolsado un total de 714.569´79€, de los cuales son imputables de manera directa a la redacción del PGOU 263.00 euros, que “ya son 11.000 más de los contratados”. “Los más de 450.000 euros restantes se dividen entre diversos trabajos urbanísticos y proyectos de obras. La UTE ha recibido 279.575 euros, mientras que sus integrantes se han embolsado 285.983 a favor de Noriega, tanto como asesor como a través de su empresa, y 149.010 euros a Tecnia.