El escrache al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, el pasado 17 de febrero de 2014 en la Universidad de Cantabria puede acarrear penas de cárcel y multas para los autores identificados por el equipo de seguridad del jefe del Ejecutivo autonómico. El magistrado Luis Enrique García Delgado, del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, ve “indicios razonables de criminalidad” e imputa a nueve acusados delitos por desórdenes públicos, coacciones, daños, injurias y amenazas.
En un auto fechado el 5 de febrero de 2014, el juez pone fin a la instrucción y ordena transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, a la vez que establece un plazo de diez días para que el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
Hace casi un año, el presidente de Cantabria acudió a la Universidad con motivo de su participación en el foro 'Tengo una pregunta para usted'. Un grupo de personas, “previamente concertados con la finalidad de alterar el orden público”, se colocaron en el exterior del edificio con el fin de impedir la salida del presidente del recinto, impidiendo que este pudiera acceder a su vehículo oficial, según relata el auto.
Concretamente, tres de ellos formaron una especie de “cordón” que obligó a los guardaespaldas de Diego a “evacuarle” en un vehículo policial, lo que consiguieron “tras grandes dificultades, luchando denodadamente con los allí congregados”.
Entre los nueve imputados, se encuentran activistas de distintos colectivos y plataformas ciudadanas, como Marcos Martínez Romano, miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos y miembro de la candidatura autonómica 'Claro que Podemos' y Diego San Gabriel, miembro de 'Cantabria no se vende' y de STEC, sindicato mayoritario en la educación pública de Cantabria.
El auto dice que tanto Martínez Romano como San Gabriel y otras dos personas más intentaron acceder al interior del turismo “con el fin de agredir” al presidente de Cantabria, lo que no sucedió al forcejear “en forma leve” con un agente de la Policía Nacional. No obstante, responsabiliza a uno de ellos de golpear el coche causándole daños por valor de 737,89 euros.
Además, relata que otros de los imputados se tiraron encima del capó del vehículo en que Ignacio Diego abandonaba la Universidad y colocaron una pancarta que “impedía ver nada al chófer del turismo”.
También dice que intentaron bloquear la salida en otro coche oficial del ex jefe de Gabinete del presidente, Arsenio de la Vega. En este caso, les responsabiliza de ocasionar daños que ascienden a 244,37 euros, si bien el juez entiende que procede el sobreseimiento de la responsabilidad patrimonial “por falta de autor conocido”.
A siete de los nueve imputados les acusa de delitos de desórdenes públicos, cuya pena es de cuatro a seis años, y a todos ellos de proferir insultos y amenazas como “chorizos”, “sinvergüenzas”, “asesinos”, “hijos de puta”, “os vamos a dar una paliza y a vuestros hijos”, “qué pena de bomba” o “fascistas”.
Auto “politizado”
Los imputados no esperaban un auto “tan duro” y creen que el juez solo ha tenido en cuenta la versión de la Policía. Por el momento han rehusado hacer declaraciones públicas, a la espera de mantener este martes un encuentro con sus abogados para analizar el auto. No obstante, tiene intención de comparecer en los próximos días de forma conjunta, en una rueda de prensa, para explicar su versión de los hechos.
Tras conocerse el auto, la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión (LIBRES) lo ha tachado de “politizado” y de “una falta de proporción evidente” entre lo ocurrido y los delitos por los que el juez imputa a los nueve jóvenes.
Para LIBRES, el juez “pierde todo sentido de la proporcionalidad” aplicando a los jóvenes artículos del Código Penal diseñados en la lucha contra la 'kale borroka' en un contexto de “conflicto terrorista”.
Por ello confía en que la Fiscalía “no considere estos posibles delitos como imputables a unos jóvenes que sólo hicieron un escrache pacífico a Diego y cuyo único delito es haber reaccionado con insultos a la actitud agresiva de la escolta del presidente”.
El colectivo recuerda que, de seguir adelante este proceso siguiendo el auto del juez García Delgado, a cuatro de los imputados se les podrían pedir penas acumuladas de entre 4 y 9 años de cárcel, además de las multas conexas; a otros tres, penas de 6 meses a 3 años; y dos sólo serían juzgados por faltas contra el orden público.
Asimismo, manifiesta su preocupación por el “poco usual” y “altamente politizado” auto y destaca que el mismo “se basa, en exclusiva, en las declaraciones de los agentes de policía y trata a unos jóvenes que ejercieron su legítimo derecho a la protesta como auténticos terroristas”.