El Parlamento aprueba de forma definitiva unos presupuestos sin sorpresas y en las puertas de una nueva crisis industrial

La consejera de Economía ha vuelto a defender el Presupuesto de Cantabria para 2020, esta vez en el Pleno ordinario en el que se han debatido las enmiendas parciales y que ha servido para aprobar definitivamente las cuentas gracias a la mayoría que alcanzan los dos grupos que sustentan al Gobierno (PRC-PSOE).

Así pues, durante su intervención, María Sánchez (PSOE), ha incidido en que se trata de unos presupuestos “factibles” frente a las “recetas mágicas” de los grupos de la oposición que gobiernan en otras comunidades y a los que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) “deja muy mal en su informe”. “Dan lecciones y la AIREF les hace unas recomendaciones muy duras”, ha remarcado.

En este sentido, ha repasado las grandes líneas de este presupuesto, como ya ha hecho en varias ocasiones, subrayando que “tiene como punto central la defensa de la igualdad social”. “Este presupuesto es la manifestación de un gobierno progresista”, ha señalado, poniendo el foco en que “tiene como punto central la defensa de la igualdad social”.

De esta forma, las mejoras en áreas como educación, sanidad y servicios públicos han sido el principal sustento de su argumentación, de manera que, en palabras de la propia responsable de Economía, las cuentas son “realistas, prudentes, responsables y ambiciosas”. “En definitiva, blinda nuestro Estado de Bienestar”, ha resaltado.

El extenso debate ha seguido la tónica esperada, con críticas por parte de la oposición al “rodillo” llevado a cabo por regionalistas y socialistas por aceptar solo una de las enmiendas presentadas por la oposición, cerca de 600 entre PP, Ciudadanos y Vox, algo que, según ellos, indica “cierto endiosamiento”. La respuesta de los grupos del bipartito ha sido que las propuestas “no han sido serias” y que “solo han fingido que intentaban corregir las cuentas”.

“Falsos”, “mentirosos”, “anclados en el pasado” y que “incidirán en la desaceleración económica” han sido algunas de los calificativos vertidos por parte de los portavoces de los tres grupos de la oposición al presupuesto 2020, sobre los que han cuestionado el “desfase” en las cifras de ingresos y gastos o la caída de la inversión, poniendo el foco en la crisis industrial que se está traduciendo en numerosos ERTES en diferentes empresas de Cantabria.

Luz verde a las cuentas

La cuentas, que ascienden a 2.886 millones de euros, han salido adelante a pesar del 'no' de la oposición y de que regionalistas y socialistas hayan aceptado una enmienda transaccional del PP (la dirigida a aumentar en 20.000 euros la partida al Colegio de Procuradores, que ha sido aprobada por unanimidad) del más de medio millar presentadas por estos tres partidos.

Sí han incluido en el documento económico, que crece un 1,2 por ciento respecto al del presente ejercicio, las más de 80 registradas por los grupos del PRC y PSOE, lo que ha provocado que la oposición les haya acusado de “arreglar sus propios errores”.

Tras recibir luz verde en el hemiciclo, la ley se remitirá al Boletín Oficial de Cantabria (BOC) para su publicación y entrada en vigor el 1 de enero, junto a la de Medidas Fiscales y Administrativas que la acompaña y que se ha aprobado también en una maratoniana sesión plenaria en la Cámara.

Ley de Acompañamiento

PRC y PSOE también se han servido de su mayoría en el Parlamento para aprobar la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2020, y lo han hecho entre las críticas de la oposición por “no rebajar la presión fiscal” y “no aprovechar los impuestos para impulsar la economía”.

Sin embargo, la consejera de Economía y Hacienda ha defendido esta ley de acompañamiento y las novedades que incluye, como las “pequeñas modificaciones” en el sistema tributario para asegurar la suficiencia del mismo y deducciones fiscales, como las orientadas a evitar el despoblamiento en el medio rural.

Fuera de los impuestos, toda la oposición también ha afeado al Ejecutivo que aprovechen esta tramitación para modificar 19 leyes autonómicas, algunas “de calado”, que a sus ojos no tienen nada que ver con medidas presupuestarias y que lo hagan además “impidiendo” y “eliminando” el debate sobre esas modificaciones.