El juez Luis Acayro Sánchez, instructor de una veintena de causas de corrupción en el municipio cántabro de Castro Urdiales, considera que “la politización de la justicia está legalizada” y que eso influye en la investigación de las causas de corrupción “porque no te dan medios y se permiten presiones”. Asegura que “solo se ha visto la punta del iceberg” y que “hay mucha más corrupción de la que los ciudadanos se imaginan”.
Recientemente, Acayro Sánchez fue invitado en calidad de instructor de macrocausas de corrupción en Cantabria como ponente en la mesa 'Problemas en la instrucción de causas de corrupción' celebrada en la Universidad Complutense de Madrid, en un acto en el participó junto al abogado Andrés Herzog, personado en las causas de Bankia y las tarjetas black.
En su intervención, narró su experiencia desde la perspectiva de juez instructor de causas de corrupción política en el ámbito local, concretamente en el municipio de Castro Urdiales, conocido como “la Marbella del Norte” por los numerosos casos de especulación urbanística ligados a delitos de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos, entre otros, que se dieron en los años de la burbuja inmobiliaria.
Alcaldes y concejales en la cárcel, funcionarios, promotores inmobiliarios y constructores imputados y enredados en una maraña judicial que todavía sigue sin resolver en muchos casos, y con los que este magistrado canario tuvo que lidiar desde su llegada al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad en el año 2007.
El juez comenzó su relato subrayando que, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hay un centenar de políticos implicados en casos de corrupción en Cantabria, una diferencia mínima con comunidades como Madrid. “Posiblemente en Cantabria haya hipertrofia administrativa y normalmente la corrupción se genera alrededor de la administración, que es donde realmente se pueden obtener tantos beneficios”, explicó, señalando que “alrededor de la administración se genera una red clientelar que puede ser muy potente”.
“Me tocó instruir unas 20 causas de corrupción, entendí que en seis o siete no había indicios suficientes para continuar, y en 12 sí consideré que los había”, relató. “Hay siete que ya han sido juzgadas con quince condenas y quedan las más importantes, los juicios más grandes y el número total de imputados supera el medio centenar”. “No todos son de Castro Urdiales, pero sí una parte importante”, puntualizó Acayro para contextualizar su ponencia.
A continuación, haciendo un guiño a una compañera en la instrucción en Castro, aseguró que a pesar de que “la politización de la justicia no ayuda a que haya una Fiscalía independiente, hay fiscales que hay que poner en valor porque son muy valientes, hacen su trabajo y lo hacen francamente bien”.
También recordó un titular de la Memoria de la Fiscalía del año 2013 que decía lo siguiente: “La Fiscalía cántabra advierte un estado delictivo generalizado en Castro Urdiales desde 1999”. Sobre esta afirmación, Acayro sostuvo que “no es que tengamos un problema, es que el sistema ha fallado, no quedan ni garantías para nadie”. Esto se traduce en las causas de corrupción que se han instruido y en términos económicos, “en decenas de millones de euros solo en Castro Urdiales”.
Ante este escenario, Acayro invitó a los presentes “a la cocina de un juzgado” e hizo hincapié en que “generalmente la vinculación de los jueces con el territorio en el que ejercen es cero”, como ha sido su caso. “No conocía a nadie y quizá eso me hizo seguir adelante con las investigaciones con normalidad”, reconoció.
Escasez de medios
Según su criterio, el primer problema con el que uno se encuentra en un juzgado es la escasez de medios. Casi ningún juzgado está preparado para el día a día y cuando entra una macrocausa el juez se ve desbordado “porque los expedientes se transportan en furgonetas”, explicó.
Acayro recordó que una inspección del CGPJ en 2010 determinó que el juzgado de Castro debía ser reforzado, pero no se cumplió. “Se reiteró ocho veces, era como predicar en el desierto”. “Decían que no hay dinero, la excusa que ponen siempre”, lamentó. De esta forma, “las causas no se impulsan, se quedan ahí por falta de personal”.
Posteriormente, en el 2013, coincidiendo con los movimientos de indignación ciudadana –que “han tenido una repercusión más elevada de lo que el ciudadano piensa”– provocaron la reacción del CGPJ, que insistió en que se reforzaran todos los juzgados con causas de corrupción. “Nuestro TSJ y el Gobierno de Cantabria pidieron informes, ¿y qué pasó? Pues que no nos reforzaron”, criticó el juez.
Sin embargo, en 2015, “gracias a la insistencia de los movimientos sociales”, se creó la unidad de auxilio para las causas de corrupción. Contó como el CGPJ “volvió a informar positivamente y decidió que había que nombrar a un juez de refuerzo y aotro funcionario con dedicación exclusiva para ello”. A pesar de ello, en esa ocasión “fue el propio TSJC el que se negó”.
“El presidente del TSJC que tenía que tomar esa decisión había sido previamente cargo de un partido político”. Así pues, “esa medida quedó sin efecto y esa causa sigue empantanada pendiente de que se señale”, señaló, causa que “no cabía en el juzgado” por lo que “la almacenábamos en la biblioteca, 360.000 folios”.
En su charla, Acayro Sánchez aseguró que está terminada una instrucción a la que dedicaron cuatro años. “Desde 2015, procesalmente está pendiente de que se presente el escrito de defensa, un trámite que normalmente son diez días, y dos años y medio después ahí sigue”, subrayó el magistrado durante su intervención.
También relató que recientemente se encontró con un abogado que lleva varias causas de acusación, y que le dijo que desde el 2007 ya se le habían muerto varios clientes. “Estaba afectado. Esto lleva así diez años y ha habido perjudicados que no han tenido justicia y que pasan auténticos calvarios”, criticó. “De los 140 perjudicados, algunos han fallecido y su ilusión era ver justicia”.
Acayro consideró “brutal” que haya personas a las que no les llegue la justicia por falta de medios. “Los medios los ponen los políticos y se da el absurdo de que tenemos que decirles: '¿Por favor, nos dais medios para investigaros mejor?' Y dicen: 'Es que no hay dinero'”, explica. “Como juez te afecta a tu orgullo profesional, porque te das cuenta de que hay gente que necesita una decisión definitiva sobre su asunto y que no se puede prolongar diez años”.
Las presiones
El segundo problema que destaca este juez son “las presiones”. “Yo he sufrido presiones brutales”, reconoció. “Lo compartía con mis amigos y familiares y me decían que esto no es normal”. A pesar de ello, quiso dejar claro que “no he dejado de hacer lo que en conciencia y con la ley en la mano debía de hacer”.
Para explicar esta situación que tuvo que vivir, señaló que en Castro Urdiales tramitó 24.000 asuntos en cuatro años, de los que “en el 99,9 por ciento de los asuntos no tuve ningún problema”. “Pero las 20 causas de corrupción me supusieron que perdí la cuenta cuando llegaron a 30 expedientes disciplinarios y diligencias informativas, y cinco querellas”, afirmó. “Fui condenado en primera instancia y el Tribunal Supremo me absolvió”, destacó, resaltando que le llegaban expedientes disciplinarios “absolutamente por todo”.
“Considero que nosotros estamos sometidos a la ley y, por tanto, si un ciudadano está enfadado con un juez o considera que un juez hace las cosas mal, lo puede denunciar”, dijo Acayro. “Lo que uno espera de la ley es que se aplique de manera recíproca; lo mismo que ampara al ciudadano tiene que amparar al juez”, por lo que “si un ciudadano denuncia en falso a un juez, yo esperaba que el sistema reaccionara”, sostuvo.
“Cuando desmontas treinta y tantos expedientes y cinco querellas, que muchas de ellas se demuestra que eran falsas, se supone que el sistema me tiene que proteger”. “Yo llegué a sentir que mi independencia judicial no estaba garantizada”, sentenció con rotundidad.
Instrumentalización de la prensa
Acayro opinió en su conferencia en la Universidad Complutense que las presiones de las que habla se consiguen “instrumentalizando la prensa” y resaltó que él no ha salido a hablar de este tema públicamente hasta la fecha. “Si alguien me quería denunciar, iba a un medio de comunicación con una denuncia falsa” aseguró, haciendo hincapié en que grababa todo y no hablaba con nadie sobre el tema: “Solo en mi oficina y delante de testigos”.
Durante su reflexión ante el público, señaló que en Cantabria hay un medio de comunicación “dominante” presidido por un abogado, que “es el abogado de los investigados por corrupción en Castro Urdiales”, por lo que “se da un conflicto de intereses”.
Puso el ejemplo de uno de los exconcejales de Castro Urdiales, José Miguel Rodríguez López, conocido como 'KyK' -acusado y condenado por corrupción-, quien en 2011 dirigió una carta al abogado citado anteriormente en la que le cuestionaba “si podrían influir el entonces consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa, en el juez [en referencia a Acayro] para no verse perjudicado en las elecciones municipales de ese año”.
La carta la publicó el diario El Mundo en 2014. “Cuando lo leí me quedé de piedra, porque no es normal que se pida por escrito que presionen a un juez”, manifestó el magistrado. “¿Cuál fue la reacción del sistema que tenía que proteger a los jueces? Ninguna”.
Ante este panorama, Acayro incidió en que “no todo son denuncias ni querellas, también está el fango”. “Hay que desprestigiarlo, ir a por él, cuestionar su trabajo, hay que transmitir 'este es raro', esa es la clave”. “Ellos se saben muy fuertes”, aseguró.
Vigilancia social, vigilancia legal y vigilancia judicial
El juez Acayro concluyó su intervención afirmando que “hay un porcentaje de personas que si tienen sensación de impunidad van a delinquir, y por eso ha habido tanta corrupción”. Para él, la impunidad se combate por tres vías: “La vigilancia social, la vigilancia legal y la vigilancia judicial”.
Según expuso, en la justicia “no somos plenamente independientes” porque existe una “legalización de la politización”. “Hay un sistema de nombramientos de las cúpulas judiciales que favorece en gran medida la simpatía”, admitió. Puso como ejemplo que en Cantabria el presidente del TSJ “fue cargo de confianza de un partido político”, algo que “no es ilegal”.
Actualmente, Acayro se encuentra en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander ejerciendo su labor tras su absolución y reconoció que se fue de Castro Urdiales “por salud”. “En parte, uno dice que tampoco se puede vivir enfrentándose al sistema porque pasa su factura”.