El Gobierno de Cantabria lanzará una ofensiva política, mediática y judicial para reclamar al Estado los casi 90 millones de euros que adeuda el Ejecutivo de Mariano Rajoy a la comunidad autónoma, consignados en diversas partidas presupuestarias durante el año 2016, y cuyo “flagrante incumplimiento” ha provocado una desviación en el déficit público que podría obligar al bipartito PRC-PSOE a realizar recortes significativos en servicios sociales que califican de “imprescindibles”.
Así lo ha manifestado este martes el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), en una rueda de prensa en el que ha estado acompañado por su socia de Gobierno y vicepresidenta autonómica, Eva Díaz Tezanos (PSOE), y en la que han mostrado una imagen de unidad ante el “comportamiento mezquino” del Partido Popular, al que acusan de “estrangular” y “acosar” al bipartito por motivos políticos.
“Estamos ante un Gobierno y un presidente que ha amparado la corrupción y decir esto no puede ser objeto de represalias, porque es algo que están demostrando los tribunales”, ha asegurado Revilla durante su intervención, en la que ha subrayado que su actitud “beligerante” con Rajoy y el PP durante los últimos años podría estar pasando factura al Ejecutivo que preside.
Entre la lista de “incumplimientos” del Estado con Cantabria, el líder regionalista y presidente autonómico ha destacado cuatro de ellos, que suponen en total 89.648.088 euros, una cifra que supone prácticamente la mitad del déficit público que mantiene en la actualidad la comunidad. Teniendo en cuenta que la deuda supone 184 millones (el 1,47% del Producto Interior Bruto), con los pagos atrasados se hubiera cumplido el objetivo de déficit del 0,7% impuesto por el Estado y no estaría sobre la mesa la obligación de elaborar un Plan de Estabilidad Presupuestaria.
Las partidas señaladas son las relativas a la implantación de la LOMCE, con una deuda del Estado con Cantabria de 16,84 millones de euros; la financiación de las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, con 22 millones aún sin pagar del pasado ejercicio; el acuerdo para el desarrollo del proyecto académico de la Fundación Comillas, con 16,5 millones desde 2012 tras la ruptura “unilateral” del convenio; o el pago de los servicios relativos a la Ley de Dependencia, que cifran en 34,3 millones.
Ante este escenario, Revilla y Díaz Tezanos han acusado al Ejecutivo central de ser “moroso” y de “estrangular económicamente” a la comunidad autónoma y han hecho un llamamiento para que “pague lo que debe”, algo que le exigirán por carta a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría (PP), tras no haber recibido respuesta de Mariano Rajoy a su anterior misiva quejándose del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017.
“Ya que el presidente debe estar muy ocupado con los temas de corrupción y los viajes que hace por medio mundo vamos a pedirle a la vicepresidenta que nos reciba simplemente para decirle: páguenos, páguenos para ponernos al día y que no tengamos que quitar a nadie de la dependencia, ni quitar a nadie la Renta Básica, ni quitar maestros, ni quitar médicos”, ha insistido Revilla, que ha considerado estas reivindicaciones como “casi ridículas” dado que existen documentos que comprometen al Estado a hacer frente a estos pagos.
“Ni manirrotos ni despilfarradores”
El presidente y la vicepresidencia han subrayado que Cantabria es “la comunidad autónoma más austera de España” y se han negado a aceptar el papel que pretenden otorgarles desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro. “No somos ni manirrotos ni despilfarradores”, ha recalcado Revilla, al tiempo que ha reivindicado las políticas puestas en marcha desde su Gobierno para atender a los sectores más desfavorecidos y más afectados por la crisis.
Además, los líderes de PRC y PSOE en la comunidad autónoma han recordado que el Gobierno está atendiendo solo “lo más imprescindible”, como la sanidad, la educación, la dependencia o la Renta Social Básica, y han asegurado que su Ejecutivo “no está dispuesto a recortar nada de esto”.
Deudas pendientes
Revilla y Díaz Tezanos han realizado un repaso exhaustivo a cada uno de estos incumplimientos a los que achacan el desfase de las cuentas cántabras. En primer lugar, sobre la implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), han explicado que el Estado únicamente transfirió 160.000 euros de los 17 millones de euros consignados para hacer frente al incremento de los gastos de personal, horas lectivas, libros de texto o la implantación de nuevas tecnologías en las aulas, derivados de la aplicación de esta ley.
Tampoco llegaron a Cantabria los 22 millones comprometidos por Mariano Rajoy y consignados en los Presupuestos Generales del Estado en 2016 para Valdecilla. Sobre este tema, Revilla ha considerado que es un “escándalo” que el Gobierno de España y el Partido Popular de Cantabria traten de justificar este incumplimiento en la gestión del Gobierno autonómico, una estrategia que, a su juicio, demuestra “poca dignidad y sensibilidad” con Cantabria.
La vicepresidenta ha criticado por su parte que ahora se trate de “enmascarar” el pago de los 22 millones con “excusas de carácter técnico” cuando en la anterior legislatura, con el PP gobernando en Cantabria, “se justificaba todo, incluidas las gasas”.
El tercer lugar, Cantabria contabiliza también dentro de estos casi 90 millones de euros adeudados los 16,5 millones no abonados del convenio de la Fundación Comillas desde 2012, cantidad que el Gobierno autonómico reclamará en los tribunales de justicia ante el incumplimiento unilateral por parte del Estado. Aquí, Revilla ha explicado que los servicios jurídicos aconsejan esta medida y estudian en estos momentos la forma de articular la demanda.
Cantabria reclama también más de 34 millones de euros de la financiación de la Ley de Dependencia, en cumplimiento del compromiso de cofinanciación al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas. El año pasado, de los más de 100 millones de euros certificados para atender a cerca de 15.000 dependientes cántabros, el 84% fueron aportados por el Gobierno bipartito, mientras que el Ejecutivo central abonó algo más de 16 millones (el 16% restante).
Estrategia conjunta
Con su comparecencia conjunta ante los medios para explicar la situación económica de la comunidad autónoma, Revilla y Díaz Tezanos han tratado de trazar una estrategia conjunta dentro del bipartito PRC-PSOE y trasladar una imagen de unidad después de los recientes cruces de declaraciones con motivo de los posibles recortes a realizar en el presupuesto de 2017 para cumplir con las exigencias del Ministerio de Hacienda.
Los dos socios de Gobierno mantuvieron varias reuniones extraordinarias en los últimos días, con ese Plan de Reequilibrio Financiero sobre la mesa, y reconocen que hay poco margen para obligar al Gobierno de Rajoy a pagar esas cantidades atrasadas que servirían para aliviar la complicada situación que viven las arcas públicas de Cantabria.
“No podemos declararnos en rebeldía, porque pueden incluso intervenir la autonomía. Esta es una comunidad cumplidora, pero nos vamos a declarar contestarios y denunciadores”, ha amenazado Revilla.
En esta misma línea, la vicepresidenta ha criticado las “desafortunadas” e “inaceptables” declaraciones del ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, justificando el impago de las obras de Valdecilla por parte del Gobierno de España.
“No me parece muy coherente que el ministro De la Serna se muestre tan escrupuloso aparentemente con las formas a la hora de abonar lo que se debe de Valdecilla y, sin embargo, extremadamente laxo cuando hay que pagar a los actuales concesionarios de las autopistas que son las grandes constructoras del país, algunas de las cuales están siendo investigadas por regar de comisiones justamente al PP”, ha concluido la líder socialista.