Cargos electos del partido 'fantasma' Ganemos denuncian una red de extorsión para desviar fondos públicos

“Ganemos es una empresa política, una organización donde los objetivos económicos están por encima de cualquier otra cosa”. Así de contundente se expresa el concejal de Santander Antonio Mantecón, que el pasado mes de abril fue expulsado de la estructura de esta formación política concebida como un partido instrumental mediante el que numerosas plataformas ciudadanas en toda España salvaron los escollos impuestos por el Ministerio del Interior para presentarse a las elecciones municipales de 2015.

Mantecón, que ahora ejerce como edil no adscrito después de ser apartado del grupo municipal del que fue cabeza de lista y portavoz desde el inicio de la legislatura, denuncia de forma insistente que su situación dentro del Ayuntamiento se debe única y exclusivamente a “una represalia” por no haber aceptado las “prácticas mafiosas y chantajistas” de Julià de Fabián, propietario de la marca electoral de Ganemos a nivel nacional, del que opina que “comparte intereses” con el Partido Popular. Este inscribió el partido en el Ministerio del Interior en agosto de 2014 para exigir ser dirigente del Guanyem impulsado por Ada Colau, entre otras personas.

La situación no es un hecho puntual, sino que se repite de forma casi idéntica por todo el territorio, con casos similares en municipios de Madrid, Cataluña, País Vasco, Cantabria, Castilla La Mancha o La Rioja. En total, más de una decena de los cargos electos de Ganemos el 24M –del casi medio centenar que fueron elegidos, excluyendo las listas en las que participaba en coalición con Izquierda Unida– han decidido dar el paso y denunciar públicamente lo que consideran “una red de extorsión” para desviar fondos públicos a la estructura orgánica del partido controlado por Julià de Fabián y lo que ellos denominan “sus testaferros”.

La inmensa mayoría de los que ahora levantan la voz han sido expulsados por no plegarse a sus condiciones o se enfrentan a expedientes disciplinarios por no aceptar lo que consideran “amenazas y extorsiones” de la cúpula del partido, que calificado de “normales” las expulsiones y ha tachado de “burdas mentiras” las acusaciones contra su forma de actuar. Todas estas candidaturas ciudadanas y los representantes públicos afectados anuncian ahora acciones legales -algunos casos ya están judicializados- y se han agrupado bajo una plataforma bautizada como Desmontando Ganemos.

Según explican desde este colectivo, existen en todo el país 29 grupos municipales o candidaturas, con 49 concejales, que proceden de la marca Ganemos manejada por Julià de Fabián. Sin embargo, la relación de estos movimientos municipalistas con Ganemos es muy controvertida y en ella predomina el conflicto o la ausencia de comunicación con la estructura nacional.

De hecho, han roto con Ganemos, no mantienen relaciones orgánicas con este partido instrumental o han sufrido las “presiones” de Julià de Fabián al menos once de las candidaturas o grupos municipales, como son los casos de Camargo y Santander, en Cantabria; Azuqueca de Henares, en Castilla La Mancha; Hospitalet, Polinyá, Palau y Sabadell, en Cataluña; Haro, en La Rioja; Meco, en la Comunidad de Madrid, o Erandio y Bilbao, en el País Vasco. Incluso, cinco de estos grupos han demandado o van a demandar judicialmente a Ganemos.

Todos ellos son casos aislados entre sí, pero con denominadores comunes. Y es que las múltiples plataformas ciudadanas que surgieron a lo largo de todo el país tras el estallido del 15M y el posterior auge de Podemos hicieron saltar a la arena política a muchos activistas de base y colectivos sociales. La decisión del partido que dirige Pablo Iglesias de no concurrir a las elecciones municipales salvo en puntos muy concretos del mapa dejó huérfanos de siglas a estas plataformas que, ante la imposibilidad de cumplir con los trámites dentro del plazo previsto, recurrieron a la marca Ganemos como 'salvavidas'.

Llamadas, amenazas y extorsiones

En la media docena de casos contrastados por este diario, el modus operandi ha sido muy similar. En las negociaciones que mantuvieron con Julià de Fabián o sus personas de confianza “todo fueron facilidades”. Sin exigencias, sin contraprestaciones, sin obligaciones económicas o políticas. “Nos prometieron absoluta autonomía e independencia”, relata Francisco Samir, cabeza de lista de Ganemos Goazen Bilbao y concejal en el Consistorio bilbaíno.

“Como les ha pasado a otros compañeros, a los dos o tres días de ser elegidos –obtuvieron 10.471 votos (6,47%) y dos concejales– nos llamó Julià para saber cuánto íbamos a cobrar y para explicarnos con toda naturalidad cómo iba a ser el reparto. Pretendía que el dinero del grupo municipal se gestionara desde la organización estatal, cuando no teníamos ningún vínculo con ellos. A pesar de sus insultos, sus amenazas y su agresividad fuimos muy firmes desde el primer momento y nos negamos a sus manejos”, explica el edil.

Ganemos Goazen Bilbao figura en el Ayuntamiento solo como Goazen Bilbao, lo cual es una pequeña cobertura de cara a posibles expulsiones de Ganemos y les garantiza la autonomía. Ese fue uno de los puntos con los que tuvieron mayor problema con Juliá de Fabián, que aseguran que amenazó repetidamente con expulsar a los dos concejales electos si no asumían sus pretensiones económicas.

Las mismas experiencias o parecidas las han tenido los ediles de Hospitalet, Sabadell, El Prat, Erandio, Meco... pero con mayores consecuencias para su actividad política. Antonio Mantecón o Marcelo Campos, cabezas de lista respectivamente en los municipios cántabros de Santander y Camargo, han soportado ese mismo tipo de llamadas y exigencias económicas, hasta que su negativa ha provocado su expulsión bajo la etiqueta de “tránsfugas”.

Campos, cuyo voto era determinante, cuenta que los problemas comenzaron desde un inicio, marcados por el pacto de investidura y las negociaciones para conformar el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Camargo. El conflicto estalló definitivamente cuando intentaron imponerle un asesor externo, apoderado y representante legal de Ganemos y que ni siquiera reside en Cantabria, argumentando que “es tradición en los partidos de izquierdas” hacerlo de ese modo.

Ese mismo asesor -Ángel Luis Conejo, cuyo nombre aparece en muchos de los documentos oficiales de Ganemos- fue impuesto como secretario del único concejal que el partido obtuvo en Azuqueca de Henares. Diego Parra, sin militancia en ninguna organización política y sin experiencia previa, aceptó en un primer momento.

“Cedí al chantaje y contraté a este individuo, que no volvió a aparecer por el Ayuntamiento. Al ver que esa situación era insostenible, en asamblea, decimos despedirlo”. Esta decisión le supuso la expulsión inmediata y su consiguiente paso a concejal no adscrito, como en el caso de Campos o Mantecón.

Todos estos cargos electos, que se encuentran ahora en un limbo legal, han iniciado las correspondientes acciones judiciales ante lo que consideran “un atropello”. Sus expulsiones no han pasado por ningún comité de garantías, no han sido notificadas convenientemente ni han respetado los plazos para presentar alegaciones, lo que ha provocado su reclamación ante los tribunales para defender sus derechos.

Mientras, recogen pruebas de “las amenazas, las extorsiones, el chantaje y el desvío de fondos públicos” para articular una demanda contra Julià de Fabián como máximo responsable de la marca Ganemos. Otros concejales que también han sido tocados, sin embargo, callan para “no provocar al monstruo”.