El polémico convenio entre el Ayuntamiento de Castro Urdiales y Conservas Lolín ha quedado anulado sobre la bocina. El pleno municipal ha tumbado este martes el acuerdo en el último trámite necesario para que se hiciera efectivo, después de más de cuatro años de controversia en los que el portavoz del PRC, y a su vez dueño de la fábrica, ha estado en el ojo del huracán.
Y es que de nada le ha servido a Jesús Gutiérrez, concejal regionalista y cabeza de lista en las municipales de 2015 y 2019, haber entregado su acta en la pasada legislatura para que saliera adelante la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) necesaria para cambiar de industrial a comercial el uso del suelo de su conservera.
La actual Corporación ha rechazado este cambio en el uso de la parcela en un Pleno extraordinario solicitado por PRC y CastroVerde, las dos únicas formaciones que han votado a favor, tras el dictamen desfavorable de la comisión de Urbanismo hace una semana.
PSOE y Ciudadanos se han abstenido, mientras que Podemos ha votado en contra y el PP no ha acudido a una sesión plenaria marcada por el amplio revuelo mediático que suscita el asunto, así como por la presencia de las trabajadoras y trabajadores de la fábrica manifestándose en defensa de sus puestos.
Y es que la tensión de la jornada ha comenzado a crecer una hora antes de la celebración del Pleno con la concentración convocada por CCOO frente al Consistorio en la que las empleadas han trasladado a la prensa su “preocupación e incertidumbre” que les provoca esta situación. “Entendemos la postura de los políticos del Ayuntamiento pero queremos que nos respeten”, ha manifestado una de ellas.
A las 12.30 horas de la mañana ha arrancado la sesión en un salón de plenos abarrotado de prensa y de los propios trabajadores de la conservera, expectantes por conocer el desenlace de un Pleno que ya tenían asimilado cuál iba a ser. Al mismo también han asistido la consejera de Presidencia y secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández, y el jefe de Gabinete de la Consejería de Obras Públicas, Javier Ontañón, así como el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando y la diputada regionalista y exedil municipal Emilia Aguirre.
La portavoz regionalista, Carla Urabayen, ante la ausencia de Jesús Gutiérrez por ser parte interesada de la causa, ha defendido el “interés general del convenio” alegando, junto a Eduardo Amor (CastroVerde), que “todos los informes son favorables” y criticando la falta de “celeridad” del bipartito PSOE-Cs en la tramitación del expediente.
Frente a ello, la alcaldesa, Susana Herrán (PSOE), ha defendido que el actual equipo de gobierno lo ha tramitado “de forma diligente”. “Si esto se ha extendido en el tiempo ha sido por toda la tramitación que fue necesaria en la pasada legislatura; no se nos puede achacar a nosotros que se haya demorado en exceso”, ha replicado, enumerando las fechas de los recientes informes de la CROTU a lo largo de noviembre, diciembre y enero, una postura compartida por su socio de gobierno.
Asimismo, la regidora ha reconocido que el PSOE “siempre ha tenido dudas sobre la advertencia de la Confederación Hidrográfica”, en referencia a la zona inundable, al pozo que se cedería al Ayuntamiento y al equilibrio económico-financiero de la empresa. Sobre esto último, Herrán ha detallado que “no está acreditado”, apoyándose en los informes de la secretaria municipal. Y es que, tal y como ha subrayado“, la empresa ”incumple el convenio“ porque ”no acredita la adquisición o uso de una parcela en Vallegón y que dispone de financiación para la construcción y puesta en funcionamiento de la actividad en el polígono industrial“.
La alcaldesa también ha tenido palabras para los trabajadores de la fábrica presentes, asegurando que entiende su preocupación, pero que los puestos no dependen del Ayuntamiento. “No se puede responsabilizar a los concejales de la situación económica, buena o mala de esta empresa privada”, ha subrayado como ya ha hecho en más de una ocasión.
Por su parte, desde Podemos, única formación que ha votado en contra, el concejal Alberto Martínez ha rechazado la modificación porque no está de acuerdo con el planeamiento urbanístico de la zona de Brazomar, donde su formación apuesta por “crear zonas verdes y no nuevos espacios comerciales”. “Si en el futuro sucede alguna desgracia, la responsabilidad recaerá sobre quien haya aprobado” esta modificación, ha apuntado en referencia a las advertencias sobre inundabilidad.
Y precisamente sobre esto último, la secretaria municipal ha aclarado que un informe del secretario de la CROTU sostiene que este problema se deberá analizar “cuando se presente el proyecto de la obra”. “Eso para el Ayuntamiento es un riesgo porque la modificación del PGOU plantea la construcción de un edificio en la parcela, y cuando venga Mercadona -el centro comercial que se pretende ubicar en el actual emplazamiento de Conservas Lolín- igual con el proyecto sobre la mesa le tenemos que decir que esa zona es inundable y que ahí no puede construir”.
Antecedentes
PRC Y CastroVerde sacaron adelante el convenio la pasada legislatura que pretendía el traslado de Conservas Lolín del centro urbano a las afueras, concretamente al polígono de Vallegón, ubicando en su lugar un centro comercial, para lo que era necesario el trámite que este martes se ha denegado.
Para su aprobación en mayo de 2017, el secretario general del PRC tuvo que abandonar la votación por tratarse de un tema que le afecta directamente, una ausencia que ha tenido que repetir en esta ocasión. Sin embargo, en junio de ese mismo año, el líder regionalista decidió dimitir como concejal, puesto que la modificación puntual del PGOU requiere de una mayoría absoluta que sin su voto no se alcanzaba.
A pesar de que CastroVerde, que gobernaba en solitario, y PRC, dejaron lo más encarrilado posible el convenio en una legislatura en la que fueron de la mano en reiteradas ocasiones, quedó pendiente este trámite que ahora ha decaído con una composición de la Corporación muy distinta a la de entonces: PSOE y Ciudadanos gobiernan en minoría, y CV y PRC no suman mayoría como entonces.
No obstante, desde Conservas Lolín, y desde el propio PRC, se ha insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de sacar adelante definitivamente el convenio, alegando que los problemas económicos de la fábrica de anchoas ponen en peligro los puestos de trabajo.
Ante ello, el Ayuntamiento recordó que el traslado de la conservera “no es una decisión municipal”, puesto que “va al margen de la modificación del PGOU”, y que “el Ayuntamiento y el pleno municipal no deben usarse para subsanar la falta de acierto de la gestión privada”.
Así todo, el hermano de Jesús Gutiérrez, Fernando Gutiérrez, gerente de la empresa, emitió un escrito a la alcaldesa, concejales y secretaria advirtiendo de la “responsabilidad administrativa, penal, patrimonial e incluso contable en la que podría incurrir quien actuara de forma desviada en este asunto, no convocando el pleno correspondiente; no asistiendo a la sesión o asistir absteniéndose o votando en contra con el fin de impedir el acuerdo”.
Este documento provocó que todos los ediles de PSOE, PP, Cs y Podemos denunciaran por la vía penal tanto a la fábrica como a su gerente por “coacciones”. “Se nos amenaza con consecuencias personales de todo tipo, penales, contables, por optar a adoptar una posición en el voto, incluso amenazando de las consecuencias de no asistir a la sesión o abstenerse, sobre aquello que la ley no prohíbe, coaccionándonos para la aprobación de ese planeamiento”, recogía la denuncia que todavía no se ha admitido a trámite.