CastroVerde y el PRC necesitan el apoyo de al menos otra formación política para materializar el convenio entre el Ayuntamiento de Castro Urdiales y la conservera Lolín aprobado esta semana en el Pleno ordinario del mes de mayo con los votos favorables de los propios regionalistas y del equipo de Gobierno (CV).
Se trata, por tanto, del primer paso para la consecución de este acuerdo que tiene como objetivo el traslado de la fábrica de Lolín, situada en el entorno urbano del municipio, al polígono industrial de Vallegón. Para que esto pueda hacerse efectivo es necesaria una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que convierta el uso del suelo donde se emplaza la conservera de industrial a comercial.
En la sesión plenaria celebrada el pasado martes se aprobó el convenio por mayoría simple con los votos favorables de los siete ediles de CastroVerde y tres de los cuatro del Grupo Regionalista, puesto que Jesús Gutiérrez, concejal y titular de la fábrica, tuvo que ausentarse en ese punto -tal y como él mismo expuso antes de abandonar la sala- por tratarse de un asunto que le “afecta directamente”.
El Ayuntamiento, tras sacar adelante el convenio, se compromete a llevar a cabo la citada modificación del PGOU que deberá someterse a información pública. Sin embargo, según recoge el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales “se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos que corresponda adoptar en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística”.
Así pues, los 10 votos favorables que permitieron la aprobación del convenio no serían suficientes para hacer lo propio con la modificación del PGOU, lo que se traduce en la necesidad para ambas formaciones de obtener el apoyo de al menos otra formación política de la Corporación que haga posible la mayoría absoluta.
CastroVerde ha manifestado a este medio que “son conscientes de ello” y que “esperan conseguir ese apoyo”. “Sí, ¿por qué no? En el Pleno tampoco hubo una gran oposición, se abstuvieron todos menos MásCastro”, ha subrayado Elena García Lafuente, responsable de Comunicación del equipo de Gobierno. “De aquí a entonces pueden cambiar de opinión, o no”, ha puntualizado.
“En las comisiones nosotros intentamos convencer de que esos puntos son buenos para la ciudad y deben apoyarse, luego depende de cada grupo”, ha señalado la edil, al tiempo que ha recordado que todo ello “lleva un proceso de tramitación larga”.
Polémica
Este convenio ha sido sujeto de polémica desde que se dio a conocer y entre particulares y formaciones como Equo y Podemos Castro presentaron seis escritos de alegaciones que apuntaban una serie de irregularidades en torno al mismo.
Concretamente, denunciaban, entre otras cosas, un “conflicto de interés económico, directo y personal” del concejal y dueño de la conservera, así como que se trata de un acuerdo “contrario a derecho y que falta al interés público”. Finalizado el plazo para la exposición de alegaciones, se resolvieron en menos de una semana y dictaminaron que el acuerdo “no es jurídicamente incompatible”.
Queda pendiente además, una puntualización que presentó el concejal del Grupo MásCastro, Demetrio García,- único voto en contra del convenio- en la que señalaba que no era posible su aprobación puesto que “afecta a terceros” y puede tener “cargas hipotecarias”.
Sobre ello, tuvo que manifestarse la secretaria municipal apuntando que “no es necesario conocer” si presenta cargas dicha parcela hasta que “se apruebe la modificación puntual del PGOU”.