La preocupación creciente por la despoblación de los núcleos rurales de Cantabria se ha impuesto a lo largo de la presente legislatura. El debate sobre las medidas a adoptar para combatir la pérdida progresiva de habitantes en los municipios más pequeños, una tendencia que se repite en prácticamente todo el país, es constante en los últimos años y ha llevado al Gobierno autonómico a desarrollar algunas herramientas que buscan incentivar a los ciudadanos a asentarse en todo el territorio de manera más uniforme. Entre ellas, las más novedosas son las desgravaciones fiscales que se pusieron en marcha el pasado ejercicio y que a lo largo de 2021 alcanzarán a 56 municipios cántabros con más de 55.000 personas.
“Cuando se realice la declaración de la renta en 2021 tendremos datos sobre el impacto que han tenido estas deducciones. En nuestras estimaciones, en nuestra memoria de beneficios fiscales, tenemos una proyección que indica que pueden alcanzar un importe de 1.272.000 euros aproximadamente”, explica la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez (PSOE), en declaraciones a elDiario.es.
Para la titular de este departamento en el Ejecutivo bipartito integrado por socialistas y regionalistas, es una “prioridad” abordar la lucha contra la despoblación desde todos los prismas posibles, por lo que la Administración regional impulsó esta medida a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de Cantabria de 2020 con una serie de desgravaciones en el tramo autonómico del IRPF para los contribuyentes que se establecen en las zonas despobladas y que tiene en cuenta, por ejemplo, los contratos de arrendamiento, los gastos de guardería, el fomento del autoempleo o el establecimiento en estas zonas por motivos laborales.
La Consejería de Economía y Hacienda publicará próximamente una orden en la que se detallarán los municipios que pueden ser beneficiarios de estas deducciones fiscales. Según ha podido confirmar este periódico, afectará en total a 56 ayuntamientos que tienen un total de 55.400 habitantes. En este próximo ejercicio, en comparación con 2020, saldrá de esa lista Meruelo y entrará Reinosa, lo que provoca un incremento de unas 6.600 personas beneficiarias.
En el caso de la capital campurriana, entra en ese listado porque su tasa de envejecimiento es superior al 30%, uno de los parámetros objetivos, con datos del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), que se utilizan para medir ese riesgo de despoblación. Y es que las deducciones serán aplicables a los contribuyentes que tengan su residencia habitual en zonas rurales con riesgo de despoblamiento, que se consideran aquellas con una población inferior a 2.000 habitantes o con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, además del criterio que afecta a Reinosa.
En cuanto a esas desgravaciones fiscales que se aplican, serán objeto de deducción los contratos de arrendamiento de viviendas situadas en zonas en riesgo de despoblamiento, donde el arrendatario podrá deducir el 20%, hasta un límite de 600 euros anuales en tributación individual y 1.200 euros en tributación conjunta, y el arrendador en un 50% del rendimiento neto, siempre que no constituya una actividad económica y su residencia habitual se encuentre en la misma zona.
Además, para el fomento del autoempleo de jóvenes menores de 35 años que fijen su residencia habitual en estas zonas y causen alta por primera vez en el censo de empresarios, se establece una deducción de 1.000 euros. Para gastos de guardería, se podrá deducir un 30% con un límite de 600 euros anuales por hijo menor de tres años.
Por último, por los gastos de traslado de la residencia habitual desde cualquier punto de España a una zona en riesgo de despoblamiento de Cantabria, por motivos laborales bien por cuenta ajena o por cuenta propia, la deducción será de 500 euros en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio de residencia y en el siguiente.
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